¿Existe la corrupción en el Congreso? Según una investigación del New York Times, 97 miembros de ambas cámaras del Congreso y sus familias compran o venden activos financieros en industrias afectadas por el trabajo de su comité legislativo.
Oportunidades para la codicia
De los 50 legisladores más activos en los mercados de acciones, 45 lo hacían en empresas relacionadas a sus asignaciones en los comités.
Trece de ellos reconocieron haber traficado en acciones de empresas cuyos comités estaban investigando en ese momento.
En muchos casos son los mismos parlamentarios quienes informaron acerca de este tipo de transacciones, lo que no las hizo menos dudosas.
Y si bien la ley STOCK Act de 2012 condiciona su actividad financiera a que “no negocien con información privilegiada” y revelen las transacciones, no pide saber si la actividad generó ganancias o pérdidas.
Además, esa ley impone “castigos” risibles, como una multa de $200.
Mucho más estrictas son las reglas que rigen en otros segmentos, como en firmas de derecho corporativo, de comercio de capital privado, las organizaciones de noticias y otros restringen la negociación de valores que podrían verse afectados por el conocimiento obtenido en el trabajo.
Todos estos son focos de potencial corrupción, porque nada previene que esos legisladores actúen y voten a favor de las compañías en donde poseen activos.
Los parlamentarios implicados militan en ambos partidos políticos. Hay entre ellos liberales, moderados, conservadores y los llamados Ultra MAGA.
Durante el período de tres años investigado, más de 3,700 intercambios informados por los legisladores de ambos partidos plantearon posibles conflictos entre sus responsabilidades públicas y las finanzas privadas, según la investigación de Kate Kelly, Adam Playford y Alicia Parlapiano.
Evidencia de corrupción en el Congreso
Esos 3,700 intercambios constituyen más del 10% del total de compras o ventas efectuadas por los 535 miembros del Congreso y sus familias. Esto sugiere que no son decisiones casuales sino informadas. Aunque un estudio estadístico separado determinó que las decisiones de los parlamentarios no fueron necesariamente exitosas.
De por sí, no es ilegal que un legislador invierta en una empresa. Ni siquiera lo es automáticamente si estas empresas pueden verse afectadas por sus decisiones. Solo es actualmente ilegal si se puede demostrar que para su decisión utilizaron información privilegiada.
Eso significa que son los legisladores mismos los responsables por cualquier regulación en su propia actividad financiera, lo cual plantea un claro conflicto de intereses y la apariencia de corrupción en el Congreso.
La línea entonces para definir si existe ese conflicto de intereses y corrupción es la intensidad y el propósito de este comercio.
Porque en los comités, especialmente los que tienen jurisdicción sobre temas de política fiscal, se manipula información privilegiada. Se hace eso en el trabajo legislativo propiamente dicho, en “sesiones clasificadas o reuniones con electores, donantes, ejecutivos corporativos, reguladores y otros funcionarios gubernamentales”.
El precedente de Trump
Generaciones de presidentes se han desprendido de sus bienes durante su mandato o los han puesto en un fondo fiduciario. Sin embargo, esta es una tradición y no existe una ley que los obligue a hacerlo.
Como se recordará, el expresidente Trump, en especial, rompió con esa tradición y básicamente mantuvo sus propiedades. Simplemente delegó temporalmente su administración a uno de sus hijos mayores. Esto no impidió que él siguiese tomando las decisiones como más le plazca.
Una encuesta de Morning Consult en enero mostró que a casi dos tercios de los encuestados les gustaría que se prohiba que los miembros del Congreso negocien intereses financieros, incluido 69% de los demócratas y 58% de los republicanos.
El problema no es nuevo. Según una investigación de 2021 del sitio Insider, 72 miembros del Congreso violaron la Ley STOCK, con excusas tales como ignorancia de la ley, errores administrativos y errores de un contador.
Tampoco se circunscribe al poder Legislativo. Una investigación del Wall Street Journal de septiembre de 2019 halló que 131 jueces federales violaron la ley al tratar casos en los que tenían intereses financieros.
Posibles soluciones
Una posible solución es que estos funcionarios coloquen sus inversiones y propiedades en un así llamado “fideicomiso ciego”. Se trata de un instrumento en el que no saben qué activos tienen, ni tienen la autoridad para administrar sus activos. O cualquier otro aspecto del mismo, como lo han hecho varios presidentes.
El congresista republicano de Texas, Chip Roy, y la demócrata de Virginia Abigail Spanberger, con 67 coautores, están avanzando una propuesta de ley que precisamente obligará a todos sus colegas a poner sus propiedades en este tipo de fideicomiso.
Los miembros del Congreso son nuestros líderes electos y se supone que constituyen lo mejor que el país tiene para representar a la ciudadanía. Su honradez debe estar por encima de toda sospecha. Lamentablemente la evidencia es que cuando se ha presentado la ocasión, muchos de ellos sucumbieron a la codicia, a poder codearse con la elite financiera y a la sed de poder.
Es necesario entonces enmendar las leyes para que se desvanezca la oportunidad de enriquecerse gracias a la información que los congresistas poseen, y para que estemos seguros de que no exista la corrupción en el Congreso y que los representantes dedican su tiempo para servir a su comunidad.
