Joe Kennedy, entrenador de fútbol americano en una escuela secundaria, convocaba durante años a sus alumnos a una oración pública después de los partidos. Cuando la escuela pidió cesar la demandó. Después de años, el caso llegó al máximo tribunal. A nuestra Corte Suprema fundamentalista.
La Corte Suprema no sorprende
El 27 de junio, la Corte Suprema en su decisión 6-3, le dió la razón a Kennedy, basando su derecho en la Primera Enmienda -la libertad de expresión- e ignorando que su oración no fue un acto personal sino que involucraba a los alumnos, en un espacio público y en una escuela pública estatal.
La decisión del tribunal es un ataque directo a la separación entre la iglesia y el estado establecida en la Constitución de Estados Unidos, el documento que ellos mismos consideran sacrosanto y el que hay que cumplir sin considerar el paso del tiempo.
Más aún: el dictamen socava la libertad religiosa de los mismos estudiantes a favor de la de su entrenador adulto, ya que los jóvenes se ven presionados a participar en la oración independientemente de su propia religión o carencia de ella.
La decisión echó por tierra 60 años de precedentes que protegían a los estudiantes de este tipo de apremios, y que esta Corte, con los tres jueces nominados por Trump y con un Clarence Thomas sobre el cual pesa la sospecha de su posible participación La Gran Mentira de que las elecciones de noviembre 2020 fueron un fraude, barrió sin hesitar.
Debía haber defendido a los alumnos de la imposición por parte del entrenador. En lugar de ello hizo lo contrario, sin considerar sus derechos.
Sí, el entrenador Kennedy tiene todo el derecho a rezar, pero no el de hacerlo convocando a los hijos de otros, y más aún, sin el consentimiento de los padres.
Un futuro incierto
La decisión es errónea y abre el camino para la imposición de las creencias de quien esté en el poder contra otras.
Bien lo definió en su disidencia la jueza Sonia Sotomayor: (la mayoría) “eleva los derechos religiosos de un funcionario escolar, que aceptó voluntariamente un empleo público y los límites que conlleva el empleo público, sobre los de sus alumnos, que están obligados a asistir a la escuela”.
El dictamen decepciona, pero no sorprende.
Recién la semana pasada la Corte hizo casi imposible que los estados se nieguen a financiar la educación religiosa.
Los seis miembros ultra conservadores del alto tribunal se encuentran en una cruzada política acelerada en la que independientemente de lo que piense la mayoría de la población, imponen su ideología política.
Bajo este tribunal, el estado se está convirtiendo en cancerbero y guardián, encargado de denegar o regular las libertades personales, precisamente lo contrario de lo que la corte dice hacer.
De la misma manera ha anulado hace días el derecho al aborto, lo que abre el camino para que los estados persigan a las mujeres que aborten y a los médicos que las asistan, en algunos casos incluso fuera de sus propios fronteras.
Un momento de honda división
Es una Corte Suprema fundamentalista, independientemente de que sus miembros hayan sido nominados por el Presidente y aprobados por el Senado tal como dice la Constitución. Una Corte Suprema fundamentalista para la que la libertad más importante es la de portar armas de fuego, junto con la de imponer la religión propia, su concepto de sexualidad, su idea de la familia, sobre otros.
Es lamentable que en momentos de honda división en la población, cuando una minoría quiere imponer su voluntad incluso mediante la insurrección, en lugar de ser árbitro desinteresado y profesional, en lugar de tratar de enmendar las diferencias ya abismales, el Tribunal Supremo revela ser un instrumento más de la extrema derecha ideológica.
Nuevamente: frustra, pero no sorprende.
Frustra la dirección que ha tomado el tribunal y el abiertamente declarado propósito de al menos uno de sus miembros – el mismo Clarence Thomas – de anular otras libertades establecidas, como la de personas del mismo sexo de contraer matrimonio y el uso de la anticoncepción. El mismo que declaró su interés en facilitar demandar a los medios.
Una Corte Suprema fundamentalista es lo último que necesitamos.
