Nicaragua ha vuelto a ocupar los titulares internacionales, a tres años de la violenta represión del gobierno del Presidente Daniel Ortega y su esposa Vice-Presidente Rosario Murillo al levantamiento popular de 2018 que dejó varios centenares de muertos y envió al exilio a decenas de miles. El país istmeño experimenta ahora una renovada crisis política en el periodo previo a las elecciones generales del próximo 7 de noviembre. En meses recientes, el gobierno ha detenido sin cargos a siete precandidatos a la presidencia de la oposición y a varias decenas más, conforme a una draconiana ley de seguridad nacional que suspendió el hábeas corpus.
Si en la década de 1980 la Revolución Sandinista inspiró a los progresistas de todo el mundo, ahora la crisis está generando profundas fisuras en la izquierda internacional. Al igual que adujeron a raíz de las protestas de 2018, sectores importantes de la izquierda siguen insistiendo en que Nicaragua está experimentando un renovado proceso revolucionario bajo el liderazgo de Ortega-Murillo y que Estados Unidos está empecinado en derrocar al régimen.
¿El régimen Ortega-Murillo es izquierdista?
Una década de implacable intervención de EEUU en los 80, eventualmente llevó a que los sandinistas fueran expulsados del cargo por la vía electoral en 1990. En los primeros años de la década de los 90 surgió una nueva elite sandinista entre aquellos que se apropiaron de considerables propiedades durante el cambio de régimen en 1990, en lo que se conoce en Nicaragua como “la piñata”. A lo largo de esa década y la siguiente, centenares de líderes sandinistas históricos, junto con miles de miembros y militantes del partido, abandonaron o fueron expulsados de las filas del FSLN mientras la facción orteguista obtuvo un férreo control sobre la maquinaria del partido y suprimió todo intento de renovar y democratizarlo.
Ortega logró volver al poder mediante un pacto, en 1999, con un sector de la oligarquía tradicional conocido como la Alianza Liberal, con los antiguos miembros de la contrarrevolución armada, con la jerarquía conservadora de la Iglesia Católica y con las sectas Evangélicas. Con la promesa del respeto absoluto para la propiedad privada y la libertad sin restricciones para el capital, Ortega procedió a co-gobernar con la clase capitalista, organizada en el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) hasta que este último rompió con el régimen a raíz de las protestas de 2018.
El gobierno renacionalizó el sistema de salud y el sistema educativo, incrementó los gastos sociales y otras medidas de bienestar popular (repartidas a través de las redes clientelistas). Pero no alteraron la esencia neoliberal del modelo desarrollado por los tres gobiernos que precedieron el regreso de Ortega al poder. Al contrario, Ortega-Murillo, vigorosa y violentamente, defendieron las relaciones clasistas y de propiedad existentes. El régimen recibió elogios del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial por sus políticas neoliberales, pro-capitalistas y a favor de las corporaciones transnacionales, además de la aclamación de Estados Unidos por su cooperación con el Comando Sur, con la Agencia Antidrogas, y con las políticas para inmigrantes.
Los indicadores sociales registraron una mejoría en los primeros años del regreso de Ortega al poder, siempre y cuando los precios de los commodities se mantuvieran altos. Continuaba la entrada de inversiones extrajeras corporativas, y la espita de los creditos internacionales y ayuda venezolana permanecía abierta. El gobierno afirma que logró reducir la tasa de pobreza en un 50 por ciento. Pero estudios independientes indican otra realidad. El instituto de investigación independiente, Fundación para el Desafío Económico Global (FIDEG), ha realizado desde 2009 encuestas de hogares anuales. De acuerdo con el informe de FIDEG para 2020, la tasa de pobreza experimentó una ligera disminución entre 2009 y 2014, de 44.8 a 39.0 por ciento de la población total. Pero luego la tasa comenzó a subir en 2015, llegando a casi 45 por ciento de la población en 2019, eliminando de hecho los ligeros logros registrados en los primeros años del régimen Ortega-Murillo.
En el campo, la estrategia del desarrollo capitalista subordinó el campesinado al sector de agronegocio. El gobierno alentó a los campesinos desplazados a colonizar lo que quedaba de la frontera agrícola en la zona menos poblada del oriente del país. Ya para mediados de los años 2010, la colonización de asentamientos penetró profundamente en la región de la Costa Atlántica, donde se concentran las poblaciones indígenas y afro-descendientes, invadiendo y violando sus tierras comunales, interrumpiendo la autonomía local y desatando una escalada de conflictos étnicos que ha producido numerosos asesinatos y desalojos.
La banca, la agricultura, la industria y las importaciones y exportaciones están controlados por los conglomerados capitalistas locales y transnacionales (de hecho, el 96 por ciento de la propiedad del país esta en manos del sector privado). El régimen ha desplegado de forma rutinaria al ejercito, la policía y las fuerzas paramilitares para reprimir violentamente a estas movilizaciones; incluyendo el intento de los trabajadores de la industria maquiladora de formar sindicatos independientes y exigir mejores salarios, la resistencia de los campesinos al plan ambientalmente desastroso de construir un canal seco que atravesaría al país, y a los mineros y activistas comunitarios que protestan las concesiones a las compañías mineras y otras transnacionales.
Mientras tanto, los ingresos tributarios de los impuestos sobre el capital se desplomaron desde 2010 y en adelante. Nicaragua registra los niveles más bajos en Centroamérica de ingresos tributarios corporativos, después de El Salvador, de acuerdo con los datos del Banco Mundial. Los generosos incentivos a la inversión y las concesiones a las corporaciones transnacionales incluyen exoneraciones a todo impuesto durante un período de 10 años. Nicaragua se convirtió en un paraíso para el capital transnacional precisamente porque el gobierno generó las condiciones ideales para la bonanza corporativa, incluyendo la imposición de la disciplina laboral y la estabilidad, además de los salarios más bajos en toda América Latina, salvo los de Cuba.
El modelo funcionó hasta que golpeó la crisis económica a partir de 2014 y en adelante. A medida que aumentaron las dificultades económicas y disminuyeron las tasas de crecimiento, a partir de mediados de los 2010, el gobierno negoció acuerdos con las agencias financieras internacionales para profundizar las medidas neoliberales de austeridad, entre ellas, la suspensión de los subsidios a los servicios públicos y la privatización de la infraestructura. Una de estas medidas –un recorte en las prestaciones de pensión y un incremento en las contribuciones a las pensiones de los trabajadores y los empleadores– fue el detonante de las protestas de abril de 2018.
El financiamiento estadounidense para la oposición
Los defensores del régimen Ortega-Murillo que afirman que el gobierno norteamericano está promoviendo un “cambio de régimen” en Nicaragua señalan el financiamiento multimillonario que la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) canaliza hacia varias organizaciones cívicas, medios de comunicación y asociaciones empresariales a través de la Fundación Nacional para la Democracia (conocido por su acrónimo en inglés, NED). En mi opinión, la actividad de NED en cualquier lugar del mundo debe ser denunciada. No obstante, para algunos en la izquierda estadounidense e internacional, el financiamiento de NED es señal de una operación contrarrevolucionaria de “cambio de régimen”, sin ninguna compresión o análisis de lo que persigue este financiamiento.
Este financiamiento empezó a mediados de la década de los 80 y nunca ha cesado. No es algo nuevo en el periodo que corresponde al régimen Ortega-Murillo. En los años de los 1980 este financiamiento formó parte de la estrategia contrarrevolucionaria (publiqué el primer libro que destapó y denunció el accionar de NED en Nicaragua). Desde los 1990 y en adelante, este financiamiento ha perseguido inculcar la lógica neoliberal en el interior de la sociedad civil y evitar cualquier radicalización de la misma (véase mi otro libro sobre este tema). La afirmación de que este financiamiento ha tenido el objetivo de derrocar a Ortega no es convincente, ya que Ortega ha cogobernado con estas mismas fuerzas financiadas por NED.
En mis libros sobre NED, mostré como la Fundación persigue distintos propósitos en diferentes países, dependiendo de los objetivos generales de la política de Washington hacia cada país. En algunos países, los programas de NED han formado parte de campañas más amplias para derrocar a los gobiernos establecidos. En otros países donde las fuerzas populares están luchando contra dictaduras o regímenes autoritarios (como en Sudáfrica hasta la caída del apartheid en 1994, Egipto durante la Primavera Árabe, o en Honduras en la actualidad), los programas de NED buscan reforzar la hegemonía de la elite en el interior de estos movimientos de masa para democratizar el orden social, a fin de evitar cualquier radicalización de las bases y asegurar salidas a las crisis compatibles con el orden capitalista social. De hecho, NED tiene programas en más de 100 países alrededor del mundo, la mayoría de ellos en países aliados con Estados Unidos, tales como las demás repúblicas centroamericanas.
A diferencia de las campañas devastadoras de desestabilización contra Venezuela y Cuba, las cuales abarcan bloqueos económicos totales y sanciones, Nicaragua hasta la fecha sigue siendo miembro del Acuerdo Centroamericano de Libre Comercio (CAFTA) y Estados Unidos es el proveedor principal de petróleo. Nicaragua no enfrenta ningún embargo comercial. Más bien Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua y el comercio entre los dos países está en auge, alcanzando más de $5 mil millones de dólares en 2020. Sigue plenamente abierta la espita de los créditos de las agencias financieras internacionales a Nicaragua a pesar de la Ley Nica, aprobada por el gobierno norteamericano en 2018, que amenazó con bloquear dichos préstamos. En 2020, el FMI aprobó un préstamo de emergencia de $185 millones de dólares a Nicaragua, en tanto el Banco Interamericano de Desarrollo proporcionó otros $43 millones. Al mismo tiempo, el Banco Mundial aprobó un préstamo de $20 millones a principios del año en curso y luego abrió una segunda línea de crédito de $80 millones.
La principal preocupación de Washington en mi análisis, no es deshacerse de Ortega sin preservar – frente a una crisis que ha surgido de las contradicciones internas– los intereses del capital transnacional en el país y la hegemonía de capital sobre cualquier proyecto político post-Ortega. Lo que más teme Washington es un vacío de poder impredecible y desestabilizador en el país. Hay que subrayar que más allá de NED, la vasta mayoría de los centenares de millones de dólares, que la AID ha destinado a Nicaragua durante los 13 años en que Ortega ha estado en el poder, se han entregado directamente al gobierno para sus programas de salud y educación, crédito para importaciones y ayuda para las exportaciones, operaciones contra-drogas, asistencia técnica para el gobierno, etcétera. Resulta poco creíble, pues, aducir que los programas de la AID en Nicaragua persiguen un “cambio de régimen”.
Las fuerzas derechistas y las elites conservadoras tradicionales han logrado la hegemonía sobre la oposición. Los sectores populares han estado atrapados desde 2018 entre un gobierno Orteguista corrupto y represivo y la oligarquía tradicional por el otro. La elite tradicional goza del apoyo de las fuerzas derechistas internacionales que nunca se han conformado con el monopolio Sandinista del poder político y están empeñados en aprovechar la revuelta popular para recuperar el poder directo. Es irónico y también trágico que los y las jóvenes que tomaron las calles en 2018 eran en su mayoría los hijos e hijas de la antigua generación de Sandinistas que participaron en la Revolución de los 80 –irónico porque estos jóvenes han sido tildados como afiches de un fracasado “golpe de estado norteamericano” y trágico porque la feroz represión en su contra abrió paso a la hegemonía conservadora sobre la oposición.
NOTA: El autor se desempeñó como periodista y editor en Nicaragua durante los años 1980 con la Agencia Nueva Nicaragua y como asesor para la cancillería nicaragüense sobre política exterior norteamericana. Fue miembro afiliado de la facultad de la Universidad Centroamericana en Managua hasta 2001.
