Que este gobierno se considere a sí mismo por encima de la ley ya no sorprende a nadie. Lo demuestra cada día. Pero en ningún ámbito esto resalta como en su trato a los inmigrantes. Aquí la crueldad y la impunidad se dan la mano de la manera más cínica y premeditada.
El presidente Trump es quien ha definido esta manera de gobernar, basada en la división del país, la mentira y una agresividad que no considera límites. La ha conferido a sus acólitos, de manera tal que la actitud altanera e intransigente se coló a la práctica diaria.
Una práctica que ha llegado a ignorar decisiones judiciales. Incluso cuando vienen de la Suprema Corte.
Este lunes, un juez federal censuró la acción del gobierno federal y le otorgó un plazo hasta el 11 de agosto – en dos semanas – para cumplir con el fallo del Tribunal Supremo de junio que mantuvo la vigencia del programa DACA y habilitó las nuevas solicitudes.
El juzgado dio por tierra con la orden ejecutiva de Trump de diciembre de 2017, de terminar el programa. La Suprema Corte definió esa decisión como “arbitraria y caprichosa”.
La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o DACA, protege desde 2012 de la deportación y permite estudiar y trabajar en Estados Unidos a quienes llegaron al país como indocumentados de niños, de la mano de sus padres. Cubre a unas 650,000 personas. Más de 300,000 adicionales han solicitado admisión a esta categoría.
La administración Trump parece haber hecho oídos sordos a la decisión judicial, con plena conciencia.
El 19 de junio el servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) afirmó, por más asombroso que parezca, en su sitio de internet, que la decisión de la Corte Suprema “no tiene sustento en la ley”.
El 17 de julio, 33 senadores conminaron al secretario de Seguridad Nacional a cumplir con la decisión judicial reanudando los trámites de extensión y aceptando nuevas solicitudes. Su misiva no obtuvo respuesta.
Finalmente, en las últimas semanas, una cantidad de solicitantes de DACA recibieron cartas oficiales rechazando su candidatura porque el DHS “no acepta nuevas solicitudes”, aunque la Corte ordenó precisamente lo contrario.
En las sesiones de la Suprema Corte que condujeron al veredicto, el abogado del Departamento de Justicia pretendió que no es que se rechazaban las nuevas solicitudes, sino que se “colocan en un archivo hasta tanto los funcionarios decidan cuáles son los próximos pasos, a la espera de una consideración política”.
El gobierno usa tácticas dilatorias para incumplir la decisión judicial, otro ardid del arsenal que trajo Trump de su turbio mundo de negocios a la Casa Blanca. Ilegal, en aquel entonces, ilegal hoy.
A pocas semanas de las elecciones presidenciales, esta es otra señal de alarma de lo que es capaz el Presidente si pierde los comicios.
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