El 22 de enero de 1973, en el caso Roe vs. Wade, la Corte Suprema de Justicia legalizó el aborto en Estados Unidos. El país se unió así a la familia de naciones donde este derecho de la mujer es reconocido y respetado.
Desde entonces, la oposición a este derecho ha crecido inmensamente. En cada ciclo electoral, el tema figura como principal en la propaganda republicana, porque tiene un poder de convocatoria incomparable. Los estados han estado acumulando límites, trabas, impedimentos y condiciones. En muchos casi no hay clínicas para el aborto y el derecho es casi inaplicable.
Igualmente, los gobiernos republicanos nombraron jueces dispuestos a revocar Roe vs. Wade. Los conservadores tienen hoy una mayoría absoluta de 6 contra 3 en la Corte Suprema.
Pasados 48 años, esta ley está en serio peligro si el tribunal deja en su lugar una nueva ley anti aborto de Texas, aprobada por su legislatura de mayoría absoluta republicana, promulgada por el gobernador Greg Abbott este 19 de mayo y que entró en vigor el 1 de septiembre.
Al cabo de varios procedimientos judiciales, el departamento federal de Justicia demandó al estado de Texas en el tribunal superior en el caso Estados Unidos contra Texas.
Este lunes, sus 9 jueces escucharon los argumentos de apertura.
La llamada Ley de latidos del corazón de Texas (SB8) declara ilegales la mayoría de los abortos después de seis semanas de gestación. Castiga a los proveedores, pero no a la mujer y habilita su ejecución en manos de particulares que presenten demandas en juicio civil. Podrían recibir un botín mínimo de 10,000 dólares.
Esta estratagema tiene como propósito librar a las autoridades de toda responsabilidad por la aplicación del estatuto.
El Tribunal máximo ya se había negado a bloquear la entrada en vigor de la ley, pero no se pronunció respecto a su constitucionalidad. Eso es lo que hará ahora. Si permite que la ley siga su curso dará un golpe casi mortal al derecho de la mujer al aborto. Pero hay un problema, al mismo tiempo estaría dando lugar a que al entregar la aplicación de leyes en manos de ciudadanos y no de autoridades, esto sea utilizado para otros propósitos.
En teoría, un estado podría disponer que cualquier ciudadano puede demandar a fabricantes de armas de fuego y lucrar de ello. La aplicación general de las leyes podría salir del sistema judicial, un peligroso golpe al sistema de gobierno democrático.
El inicio de la audiencia judicial, cuando las partes presentan sus alegatos y los jueces piden aclaraciones, fue una oportunidad para prever el posible desenlace. Trascendió que al menos dos de los jueces conservadores podrían votar a favor de la apelación junto con los tres liberales, por el modo de aplicación de la SB8.
El tribunal programó los argumentos sobre el tema más rápido que cualquier otro que haya escuchado en décadas, por lo que se espera una decisión en cuestión de días o semanas.
El mes próximo la corte considerará otra ley antiaborto de Mississippi, que constituye un desafío directo y explícito a Roe vs. Wade.
La ley de Texas es doblemente perversa, porque afecta de manera desproporcionada a mujeres afroamericanas y latinas, a las de bajos ingresos y a quienes viven lejos de clínicas de aborto.
La comunidad latina del país, y en especial las mujeres por el peso de su opinión, deben hacer oir su voz en apoyo a esta legislación y a que el aborto siga siendo legal.