La decisión electoral se acerca y el tono y el contenido de la retórica de Donald Trump es cada día más agresivo, con más saña y fundamentalmente falso.
Quizás sea el espectro de una posible derrota el 5 de noviembre lo que causa esos impulsos de agresividad. O quizás sean sus seguidores quienes animan esa grandilocuencia incendiaria.
En ese sentido, su discurso se parece a los gritos de una persona desesperada.
Pero Trump no ha perdido lase lecciones. Las encuestas que le dan ventaja a Kamala Harris no toman en cuenta factores subjetivos que en el 2016 le dieron la victoria, y otros como las leyes en estados republicanos que limitan el voto contrario o sus preparativos para revertir resultados negativos.
Trump podría ser electo presidente, sea de manera legítima o mediante artimañas.
Si ello sucediera, llevará a cabo medidas ya anunciadas, que nos llevará a una crisis existencial. Para entenderlo basta con escucharle decir, entre otras cosas, que el error que cometió en su primer mandato fue ser demasiado “nice”: amable.
Un presidente Trump, envalentonado por la reciente decisión de la Corte Suprema de concederle inmunidad por sus acciones como mandatario, podría tratar de anular los cuatro procesos criminales que se llevan en su contra.
De ellos ya fue hallado culpable de sobornos y falsificación de registros comerciales antes de las elecciones de 2016. El juez pospuso la sentencia hasta después de las elecciones.
Los otros tres casos son el de la subversión electoral federal, encabezado por el fiscal especial Jack Smith, el de los documentos clasificados de Florida y el de interferencia electoral de Georgia, actualmente en suspenso.
Donald Trump ya anunció que en un supuesto segundo término, utilizará el Departamento de Justicia para investigar y encausar a sus rivales políticos, y caracterizó cualquier intento de hacerle rendir cuentas como ilegal.
Esto es lo que precisamente motivó al congresista y candidato a senador federal por California Adam Schiff a la acción. El viernes presentó la Ley de Protección de la Integridad Investigativa de 2024 (Investigative Integrity Protection Act). Su objetivo es garantizar que ningún presidente pueda utilizar su cargo para evadir la rendición de cuentas deteniendo los procesos penales federales en su contra. Si intenta obligar al fiscal general a desestimar cargos, la solicitud sería evaluada por un tribunal de tres jueces, con varias medidas punitivas si careciera de buena causa.
“Mi proyecto de ley”, dijo Schiff, “ impediría que un presidente interfiera en una investigación o enjuiciamiento de su propia mala conducta”.
Lamentablemente, el control de la Cámara de Representantes está en manos republicanas y las probabilidades de que la moción de ley avance allí son nulas.
La iniciativa de Schiff, en una situación normal, sería inconcebible. Pero en la crítica situación actual, siendo Trump el primer ex presidente en ser condenado por delitos graves. es una acción correcta y oportuna. Permite seguir luchando porque Trump no gane, pero si gana, podría limitar el daño que cause.
Porque nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de Estados Unidos.