En este año de brusco cambio climático, fríos y lluvias en California, de secuelas de la pandemia del COVID y de resabios de una recesión económica, una tendencia particularmente censurable es el desenfrenado aumento en los precios de los servicios públicos. Especialmente, el gas natural. Estos aumentos, que comenzaron a catapultarse en noviembre pasado, han excedido en mucho los registrados en otras partes del país, donde en muchos casos, los precios han bajado en lugar de subir vertiginosamente como aquí. Y superan con creces el aumento en el índice de precios al consumidor.
Esto es especialmente cierto para los clientes de las empresas Southern California Gas y San Diego Gas and Electric (SDG&E), ambas pertenecientes a Sempra Energy, el principal proveedor de gas natural de la región.
SoCalGas sirve a 21.5 millones de californianos en nuestra región y SDG & E, a 3.5 millones.
No es raro que recibamos una factura mensual que es dos, tres y cuatro veces más alta que la anterior a pesar de que estamos usando el mismo volumen de gas doméstico. Término medio en enero subieron en 142%. Quien antes tenía una factura de $130, tuvo que pagar $315 un mes después.
Y si bien al mes siguiente, las proveedoras anunciaron con bombos y platillos un descenso de 68%, éste está lejos volver a la normalidad.
Para justificar su proceder, las empresas de gas se han escondido detrás de generalidades sobre la situación económica, la infraestructura envejecida que requiere cada vez más mantenimiento, y la problemática del momento, como la guerra en Ucrania o algún huracán; por todo ello, arguyen, sus costos han subido diametralmente, por lo que los aumentos de precios deben financiarlos.
Pero la realidad es que en 2022, el lucro de Sempra Energy llegó en 2022 a $2,900 millones de dólares, según Utility Reform Network, una organización sin fines de lucro de defensa del consumidor, contra $2,400 el año anterior.
No hay razón válida que justifique la magnitud de estos aumentos ni el excesivo lucro..
Además, los aumentos que decretaron se llevaron a cabo sin aviso previo, sin permitir que los consumidores se organicen..
El 6 de marzo una veintena de organizaciones sociales, ambientales, de salud y de justicia de servicios públicos enviaron una queja a la procuradora de la ciudad de Los Ángeles Hydee Feldstein Soto instándole a iniciar una investigación de estos aumentos de precios.
Y anteriormente, el 8 de febrero, el gobernador de California Gavin Newsom, había solicitado asimismo a la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC por sus siglas en inglés), que inicie una investigación de los aumentos para aclarar si se deben a “la manipulación del mercado, el comportamiento anticompetitivo u otras actividades anómalas”. Newsom agregó que si estos móviles están detrás de los aumentos, “le pido a la FERC que utilice todos sus poderes y recursos para hacer cumplir la ley y proteger a los clientes”.
¿Qué hizo SoCal Gas? En un esfuerzo de relaciones públicas, anunció el 6 de enero que había triplicado su contribución al fondo de asistencia para sus clientes. ¿Cuál es el total monto de la ayuda? Un millón de dólares, en pagos de hasta $100 por residentes de bajos ingresos, a través de una colaboración con la organización sin fines de lucro United Way of Greater Los Angeles. En sus anuncios, la empresa dice que su ayuda filantrópica llegará este año a 10 millones de dólares, es decir la mitad de un por ciento de su ganancia.
Nada, o menos que nada, para una empresa con un ingreso anual de $3,800 millones de dólares.
El colmo es que hace pocos días, SoCal Gas presentó en una audiencia pública ante la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC por sus siglas en inglés), la agencia estatal que regula los precios de los servicios públicos, su nuevo plan de aumento de tarifas que aumentará sus ingresos en $4,900 millones de dólares en los próximos cuatro años, dinero que según sus portavoces sería invertido en mejoras de infraestructura.
El apetito de Sempra Energy por las ganancias parece insaciable. Quien aún piensa que eso es lo mejor que tiene para ofrecer el capitalismo estadounidense, debe reconocer que la fuente de esas ganancias es el consumidor doméstico. El anciano que vive de los pagos del Seguro Social. La familia cuya cuenta de electricidad supera la mitad del alquiler de su residencia. En general, la gente de bajos ingresos.
En los últimos años crece la transición del uso de gas natural a electricidad. En casas que usan solo electricidad los consumidores pueden ahorrar, según las organizaciones que enviaron la misiva, entre $130 y $540 por año comparado con casas que queman gas. Si gigantes como Sempra Energy creen que aumentando las tarifas verticalmente podrían detener esta tendencia, están equivocados.
Claramente, estos aumentos de precios constituyen un abuso, un aprovechamiento del poder cuasi monopólico que tiene en el mercado y una muestra de la debilidad de los organismos que deberían poner en jaque a estas empresas.
