En los años del terrorismo de Estado en la Argentina, María de las Mercedes Moreno entraba a la Unidad Penitenciaria N.º 1 de Córdoba a visitar a Rolando Chanquía, el padre de sus cuatro hijos, condenado por delitos comunes. Desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la cárcel de barrio San Martín estaba bajo control del Ejército y los presos y presas políticos, incomunicados y amenazados de muerte. En ese lugar donde los represores se cobraron a 31 víctimas, fusiladas con el falso pretexto de intentos de fuga, Mercedes se atrevió a convertirse en correo entre esos “delincuentes subversivos” y sus familias. Hasta que la descubrieron y la fueron a buscar.
El 26 de septiembre de 1978, una patota policial que respondía al área 311 del Ejército la secuestró en su casa de barrio Los Paraísos. Mercedes tenía 26 años y un embarazo de siete meses, de su entonces pareja, Carlos Oviedo. Las golpizas y torturas en el Departamento de Informaciones D2, de Mariano Moreno 220, le precipitaron el trabajo de parto. Trasladada a la Maternidad Provincial, el 11 de octubre dio a luz a una beba, que escuchó llorar, pero que ni siquiera pudo abrazar, porque estaba esposada. La criatura nació con 32 semanas de gestación y debió permanecer en Neonatología durante dos meses.
Aun sabiendo que la niña tenía familia, el director de la Maternidad, Francisco Sánchez Cressi, recurrió al juez de Menores de 1° Nominación, Jorge Horacio Pueyrredón, quien ordenó enviarla a la Casa Cuna. Mientras tanto, su madre permaneció en cautiverio en el D2 y desde el 28 de noviembre en la cárcel de mujeres del Buen Pastor. Así, madre e hija quedaron a cargo de monjas católicas, de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor y de la Inmaculada Concepción, respectivamente.
Fundada en 1884 como Casa de Niños Expósitos por la Sociedad de Damas de la Divina Providencia, a principios del siglo XX la Casa Cuna se instaló en la avenida Castro Barros y funcionó como orfanato y centro de salud, dependiente del Arzobispado cordobés hasta 1980. En la introducción a la colección Documentos administrativos de Casa Cuna, del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, se reseña: “Durante la última dictadura cívico militar, Casa Cuna fue un eslabón importante en la red de circulación de niños hijos de detenidos-desaparecidos. Desde ese centro de salud, administrado por monjas, se entregaban los bebés que eran llevados a los juzgados de menores de la provincia para ser dados en adopción”.
La trama del despojo
Eso ocurrió con la hija de Mercedes Moreno. A pesar de que su hermana visitaba a la beba en la Casa Cuna, las religiosas permitieron que fuera apropiada por una empleada del servicio social de la misma institución. Laura Dorila Caligaris y su esposo Osvaldo Roger Agüero Dona iniciaron en el mismo juzgado de Menores un trámite de guarda con fines de adopción. Con un informe del médico Néstor Eduardo Mulqui, subdirector de Casa Cuna, y un dictamen favorable de la asesora de menores Ana María Rigutto de Oliva Otero, el 27 de septiembre de 1979 el juez Pueyrredón “ordenó el egreso de la menor M.I.M. para inmediatamente darles su guarda provisoria, con fines de adopción, a Caligaris y Agüero”, relata el requerimiento de elevación a juicio.
María de las Mercedes había recuperado la libertad el 6 de abril de ese año, cuando su niña todavía estaba en la Casa Cuna. Lo supo por su hermana María Argentina, y allí fue a buscarla.
—Las subversivas acá no entran —le dijeron las monjas y la amenazaron con llamar a la policía.
Trabajadora doméstica, con estudios primarios incompletos, la crianza de sus hijos mayores a su exclusivo cargo, su ex pareja en la cárcel y el padre de su hija menor muerto por la policía, sin posibilidades económicas de contratar a un abogado y todavía en contexto dictatorial, Mercedes acudió el 4 de mayo al Juzgado de Menores a reclamar su derecho de madre. Para autorizarle a ver a su hija, el juez Pueyrredón y la asesora Rigutto ordenaron un estudio de su situación socio ambiental familiar. Tras un par de visitas a su casa, el trámite cayó en el sospechoso pantano de la burocracia judicial.
Mientras ella golpeaba puertas sin respuesta, los apropiadores cambiaron de estrategia. El 19 de diciembre de 1980, Caligaris y Agüero se presentaron en el Juzgado Provincial de 25 Nominación Civil y Comercial, a cargo de Alberto Rafael Bonadero, para solicitar la inscripción tardía de la niña, “pero como M.M.L.A., es decir, alterando su nombre de pila, apellido e invocando falsamente que la niña era hija biológica de ellos”, afirma el escrito de la fiscalía. En ese expediente, patrocinado por el asesor letrado de menores Carlos Sem Rodríguez, presentaron un certificado “de contenido falso” firmado por Vicente Spitale, médico que habría asistido el supuesto parto, y los testimonios de Adela María González, empleada del área Salud Mental de la Casa Cuna, y Jorge Agustín Vivanco, “quienes aseveraron —falsamente— conocer la existencia del vínculo biológico de la menor con el matrimonio”. Con sorprendente velocidad, el juez Bonadero resolvió a su favor el 23 de diciembre y ese mismo día inscribieron a la niña como hija propia en el Registro Civil. Así se consumó el despojo.
En 2001, María de las Mercedes presentó ante la Fiscalía Federal N° 3, a cargo de Graciela López de Filoñuk, una denuncia que no prosperó. En 2011, acudió a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), donde le tomaron su testimonio y tramitaron la recolección de su ADN.
En octubre de 2012, las Abuelas de Plaza de Mayo dieron a conocer el hallazgo de la nieta —en este caso, hija— recuperada número107. En aquella conferencia de prensa, Mercedes agradeció a las Abuelas que “en un año hicieron todo lo que en tantos años nadie logró” y con la mirada húmeda de emoción agregó: “Yo sabía que estaba viva… Ella pidió tiempo y se lo vamos a dar. Hay que ponerse del lado de ella, es muy difícil”. Pero la extensión del daño del terrorismo de Estado les impediría construir un vínculo. María de las Mercedes Moreno murió el 4 de mayo de 2023, sin abrazar a su hija y sin ver a los apropiadores en el banquillo de los acusados.
Los muertos impunes
Es uno de los casos que se juzgan en el 14.º proceso por crímenes de lesa humanidad celebrado en Córdoba. De los más de veinte imputados por el secuestro de María de las Mercedes, las torturas que sufrió y el robo de su hija, la mayoría han fallecido y sólo tres llegaron al juicio que comenzó el 21 de febrero: Adela María González, la testigo que ayudó a legitimar el falso vínculo biológico, acusada de falso testimonio, falsedad documental y sustracción de un menor; la ex asesora de menores Ana María Rigutto, por adulteración del estado civil, sustracción de un menor y prevaricato, y la ex policía Mirta Graciela “Cuca” Antón —ya condenada a prisión perpetua en otra causa— por privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados.
El 1.º de marzo, María Argentina Moreno declaró que fue testigo del secuestro de Mercedes (“Yo estaba en la puerta cuando vinieron en un auto cuatro personas civiles y la llevaron”) y días después la vio “esposada y atada” en una cama de la Maternidad. Mientras su hermana seguía prisionera en el D2, su esposo consiguió una audiencia en la Justicia federal: “Fui con los cuatro hijos de ella y los dos míos. Les planteé la situación, a ver si hacían algo y la sacaban de ahí. Me escuchó bien un señor y me dijo: ‘Está todo bien, quédese tranquila’”. Tal vez con eso le salvó la vida, porque “a la semana la pasaron al Buen Pastor”.
Durante varios meses, María Argentina pudo visitar a su sobrina en la Casa Cuna. “Me la dejaban ver todos los días un ratito, las veces que yo quisiera, a la mañana. Cuando se enteraron de que salió (de la cárcel) la madre, la monja no me dejó entrar más. Ni a ella ni a mí”, recordó.
—Tené cuidado porque parece que a la chiquita la quieren adoptar —le advirtió durante una de las visitas una enfermera.
—¡No! Si tiene madre —protestó María Argentina.
—No sé… No digas nada, que me perjudicás a mí.
Por la vía ilegal
La médica pediatra Norma Élida Altamirano trabajó en la Casa Cuna desde 1972 hasta que en 1980 pasó a manos del Estado provincial para convertirse en Hospital Pediátrico del Niño Jesús, donde siguió prestando servicios hasta su jubilación en 2022. Testigo de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba, estuvo durante la dictadura a cargo del Salón Cuna, que atendía a niños de entre cero y dos años. “En el patio siempre había militares con armas largas apuntando hacia el primer piso, donde estaban mis chicos —relató—. Yo estaba abocada a mi tarea de médica, era muy nuevita y no sabía nada”.
Por su trabajo, pudo enterarse de que “salían muchos niños en adopción” y “la mayoría no salía por la vía legal”. “Había un juez de menores que no sé si intervenía o no”, pero a las adopciones las decidían “las monjas concepcionistas de España, que manejaban todo, los directores de esa época, el doctor Funes Camping y el doctor Mulqui, y las asistentes sociales Laura Caligaris de Agüero Dona y Miriam Vial”. La superiora en la Casa Cuna era Monserrat Tribo. Todos los mencionados murieron sin rendir cuentas a la Justicia. Años atrás, la Iglesia Católica trasladó a Tribo a España justo cuando la Justicia federal se disponía a indagarla por la apropiación del nieto de Sonia Torres, la referente de Abuelas Córdoba, delito incluido en la Megacausa La Perla que se juzgó entre 2012 y 2016.
“Yo he visto a la madre superiora entregar niños en el patio del hospital”, reveló Altamirano y mencionó el caso de una criatura entregada por Tribo a una bioquímica del hospital “por la vía no legal”. Pasó un mes y “se los devolvió, porque ‘era muy negrito’ y ella era rubia y de ojos celestes”. Tiempo después le dieron otra criatura, pero “se ve que alguien contó —no fui yo, eh— y el juez de menores se lo quitó”, contó la médica.
La testigo presentó además una foto de una nena de unos seis meses, que puede haber sido la hija apropiada de Moreno. Cuando la vio por primera vez, le llamó la atención su belleza y buen estado de nutrición. Una monja le dijo que estaba “para adopción”. “En ese momento, llegó la asistente social, se dirigió a la cuna y se agachó para acariciar a la nena —narró Altamirano—. Entonces, yo a ella le pregunté: ‘¿Esta nena está para adopción?’ Y me dice: ‘Sí, pero ya está dada en adopción’. ‘Ah, mirá’, dije yo”.
—¿Quién era esa asistente social? —preguntó el juez Julián Falcucci.
—Laura Caligaris de Agüero Dona.
Con el retorno democrático y las primeras investigaciones sobre apropiaciones de hijos de desaparecidos, las asistentes sociales Caligaris y Vial “pidieron carpeta psiquiátrica, las dos, y se fueron del hospital. Nunca más volvieron y eran jóvenes. Fueron renovando carpeta médica hasta el estado jubilatorio”. Además, Altamirano recordó que durante una inspección vinculada con causas de derechos humanos “las monjas del hospital adujeron que toda la documentación se había perdido, porque en una inundación se había mojado todo lo que había en el sótano”. “Nunca hubo inundación en los sótanos de la Casa Cuna mientras yo estuve… O sea, hicieron desaparecer todo”, desmintió.
Un caso testigo
Para Patricia Chalup, abogada de Abuelas Córdoba, el testimonio que la médica prometió ampliar puede arrojar luz sobre otras causas: “Además de establecer la verdad en este caso, como asociación Abuelas aspiramos a que de esta prueba surjan datos para avanzar en nuevas hipótesis de investigación que nos permitan encontrar a los nietos y nietas que faltan”.
“La apropiación de niños no fue de la misma manera en las distintas jurisdicciones del país —explica Chalup—. A diferencia de Buenos Aires, donde hubo un circuito de maternidades clandestinas, en Córdoba fue a través de instituciones preexistentes. En este caso, como en el del nieto de Sonia, fueron la Maternidad Provincial, la Casa Cuna y el rol que jugó un sector del Poder Judicial. Por eso es un caso testigo de que la dictadura fue cívico–militar–eclesial”.
“Fue muy importante la información brindada por la doctora Altamirano, porque proporcionó datos sobre la recepción de niños y niñas en la Casa Cuna y un circuito ilegal clandestino para sus egresos. Si uno contrasta con los más de quinientos bebés sustraídos por la dictadura cívico-militar, de los cuales se ha recuperado un 30%, hay mucho por hacer a partir de esta información y se viene un trabajo interesante con Abuelas”, valora el fiscal Carlos Gonella.
La mala sangre
El ex oficial Alberto Rey Pardellas, juzgado por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, donde fue uno de los jefes del Batallón de Comunicaciones 181, a cargo de la represión en el área 511 del Ejército, declaró días atrás que las apropiaciones de hijos de desaparecidos tenían “un sentido humanitario”. “De esa forma se evitaría que crecieran odiando como odiaban a sus padres —justificó—. Pero se ha comprobado, no todos, que muchos de estos, al igual que sus padres, tienen la sangre maldita”.
Desde la comodidad de su prisión domiciliaria, Rey Pardelas esgrimió un discurso en sintonía con las “fuerzas del cielo” que alientan el negacionismo o la lisa y llana apología del terrorismo de Estado. Como sus colegas represores juzgados de Córdoba, que hablan de “farsa judicial”, atacan envalentonados a sus acusadores y vuelven a nombrar a desaparecidos y sobrevivientes como “delincuentes terroristas”.
A Santiago Nicola esa sangre lo salvó. “Soy una persona con suerte”, dice a sus 48 años. Tenía dos meses cuando el 26 de marzo de 1976 el Comando Radioeléctrico de la Policía de Córdoba ametralló la casa del barrio cordobés de San Vicente donde vivían su padre José Luis Nicola, Vilma Ethel Ortiz y Gustavo Gabriel Olmedo, militantes de la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO). Protegido en un placard del baño, sólo el bebé sobrevivió a la masacre y los represores lo llevaron a la Casa Cuna. Su abuela materna, Irma Ramacciottti de Molina, fue a buscarlo, pero las monjas se negaron a entregarlo.
“Esperaban que me fuera a retirar mi mamá para agarrarla a ella también. Mi abuela se peleó varias veces con la monja Monserrat Tribo, hasta que gracias a un policía que había sido su alumno logró que me entreguen”, recuerda Santiago. Su madre, Lucía Esther Molina, se mudó con su hijo a Buenos Aires, donde formó pareja con Roberto Goldin, militante de la misma organización. El 21 de abril de 1977, fueron secuestrados en un operativo conjunto del Ejército y la Policía en Villa Ballester. Lucía estaba embarazada de cinco meses y medio. Un llamado anónimo alertó a Irma de que su nieto estaba en la Casa Cuna de La Plata.
“Mi abuela dejó todo y se fue urgente a buscarme —relata Santiago—. Pasó por un montón de cuarteles y fue a ver si me podían entregar por medio de un juez, hasta que después de muchas movidas y metiéndose en muchos peligros logró recuperarme y que le den mi tenencia. Ella me rescató dos veces de las garras de la dictadura y me salvó de tener otra identidad y que me críe otra gente”.
Irma Ramaccciotti, cofundadora de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y de Abuelas de Plaza de Mayo en Córdoba, falleció el 21 de abril de 2012, día en que se cumplían 35 años de la desaparición de su hija. Sus compañeras y Santiago siguen buscando a su nieto menor.
El nieto de Sonia
Silvina Parodi y Daniel Orozco tenían 20 y 22 años cuando fueron secuestrados, al atardecer del 26 de marzo de 1976, por un grupo de tareas que asaltó su casa de Coronel Olmedo 1486, en el barrio Alta Córdoba. Estaban recién casados, estudiaban Ciencias Económicas, militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y esperaban un hijo. Un certificado médico hallado en su casa indicaba la posible fecha del parto para “fines de junio o principios de julio”.
La joven fue vista en el campo de La Perla por varios sobrevivientes, con su ostensible panza tapada por una manta, como si los captores quisieran ocultar su condición. La prisionera Graciela Olivella la encontró en las duchas, desnuda y custodiada por un gendarme. Le preguntó de cuánto tiempo estaba embarazada y Silvina le contestó: “Seis meses y medio”.
El 14 de junio del 76, Silvia Ester Acosta aguardaba una cesárea en la sala de preparto de la Maternidad Provincial. Allí fue testigo del parto de Silvina: “Trajeron a una jovencita entre dos, con las esposas. Ella se resistía. Tenía una bata corta, el pelo cortito, mal cortado… En un ataque de nervios se arrancó la bata y vi toda una parte del cuerpo con marcas, quemaduras y moretones. Era impresionante. Pregunté por qué la trataban así. Yo no militaba ni tenía idea de lo que estaba pasando. Me dijeron que me callara, que no dijera nada. Pregunté de dónde venía y unas enfermeras me dijeron que venía del Buen Pastor. Nos dejaron en un momento a solas. Ella se enderezó y me miró intensamente. No me dijo nada, pero me acuerdo de esos ojos”.
“Después trajeron un biombo e hicieron una barrera humana con médicos y gente de ahí —atestiguó Acosta 38 años después ante el tribunal de la Megacausa—. Le decían que pujara. Y ella gritaba que no quería tenerlo. Decía: ‘Es mío, es mío’, y otra voz le decía: ‘No te lo van a quitar’. ‘No, no… ¡No lo voy a ver más! ¡Me lo van a robar!’, lloraba. Después pasó un tiempo. Hubo silencio hasta que se escuchó el quejido de un bebé. Creo que alguien se lo llevó y entró una camilla y se la llevaron a ella. Para mí, ese niño nació ahí, en la sala de preparto. También había unas monjas vestidas de blanco”.
El médico pediatra Fernando Agrelo, en aquel tiempo director de la Casa Cuna, confirmó en el juicio que el niño “efectivamente nació” y detalló: “Yo vi a Silvina Parodi de Orozco y a su bebé. Cuando los atendí, la criatura tendría entre una o dos semanas. Estaba en perfecto estado de salud. Y hasta le enseñé a la madre a darle el pecho. Los vi en la cárcel del Buen Pastor, creo que era invierno, en 1976. Después vi y visité varias veces al bebé, ya solo, sin la madre, en la Casa Cuna”.
Como testigo propuesto por Abuelas Córdoba, el periodista y por entonces titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Horacio Verbitsky sostuvo que las monjas entregaban los bebés apropiados por los represores con la anuencia del entonces arzobispo de Córdoba y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Raúl Francisco Primatesta, un ejemplo de “la cobertura que la Iglesia dio a los crímenes de la dictadura”.
La abogada María Elba Martínez, el premio Nóbel de la Paz y presidente del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) Adolfo Pérez Esquivel y Verbitsky habían presentado ante el Juzgado Federal N.º 3 una denuncia que derivó en un allanamiento de la Casa Cuna, el 2 de marzo de 1999. Allí “se secuestró una enorme cantidad de documentación que estaba escondida. Es decir, no estaba en el lugar que tenía que estar. Debieron forzar unas puertas y tirar abajo una pared para llegar a esa documentación, que probaba la participación eclesiástica sobre la desaparición de esos niños nacidos en cautiverio”, recordó el periodista.
Entre el material secuestrado, había un cuaderno donde la monja Tribo “anotó el nacimiento” del hijo de Parodi y Orozco. Cuando la religiosa fue citada por la Justicia Federal, la Iglesia Católica la trasladó fuera del país. “Una práctica común cuando se está por determinar su complicidad, la de la Iglesia”, señaló Verbitsky. “A esa documentación la pedimos con María Teresa Sánchez para los alegatos del juicio La Perla por el nieto de Sonia. Nos decían que estaba en un juzgado, en la fiscalía… pero nunca apareció”, contó la abogada Chalup a El Cohete a la Luna.
Sonia Torres buscó a su hija, su yerno y su nieto desde el día de su secuestro hasta su muerte, el 20 de octubre de 2023, a los 94 años. El robo de ese bebé —uno de los más de 540 apropiados por la dictadura— fue el primer caso que se pudo juzgar en Córdoba de “sustracción de menores” en el contexto del plan sistemático de exterminio de opositores políticos.
Al declarar en aquel juicio, el 5 de marzo de 2013, la referente de Abuelas Córdoba dijo: “Yo salgo todos los días a buscar a mi nieto y a los de todas las abuelas. Por eso quiero decirte, nieto querido, si estás escuchando esto, que vengas, que te estamos buscando desde que te tenían en la pancita. Tus padres sólo trabajaron para una sociedad más justa, solidaria y equitativa. No tengas miedo de buscarme. Yo quiero contarte por qué desaparecieron a tus padres. Ellos estaban en la vereda del frente y pensaban distinto a los militares. Por eso los secuestraron. Hay millares de documentos, pero yo quiero contarte desde el corazón, para que no sientas odio”.
A la fecha, hay 133 nietos y nietas recuperados. Faltan más de 400.
Esta nota fue publicada inicialmente el 10 de marzo del 2024, en El Cohete a la Luna
