Como sabemos, poco antes de las elecciones presidenciales de noviembre 2020, el entonces presidente Donald Trump acusó de fraude electoral generalizado.
Apelaciones al odio
Desde entonces, el expresidente continúa sus falsas afirmaciones de que le robaron la victoria, cuando fueron precisamente sus mentiras, sus apelaciones al odio y su mediocre gobierno lo que llevó a su clara derrota electoral.
La retórica de Trump, magnificada por sus incontables portavoces en todos los estados, inició una avalancha de amenazas terroristas intimidatorias y violentas en particular contra trabajadores electorales.
Faltando menos de cuatro semanas para los comicios nacionales del 8 de noviembre, las amenazas crecen, junto con un sinfín de actos de manipulación destinados a entorpecer el voto.
La campaña de intimidación sin precedentes no ha tenido respuesta adecuada por parte de los gobiernos. Muchas veces, son precisamente las legislaturas o autoridades locales las que alimentan esa presión. En Kentucky, el 20% de los 120 secretarios electorales de condado no buscan la reelección en noviembre, y seis más ya renunciaron.
En el condado Gillespie, Texas, los tres funcionarios electorales renunciaron por supuestas amenazas de muerte.
Las trabajadores electorales Ruby Freeman y Shaye Moss, madre e hija en Atlanta, Georgia, renunciaron después de verse obligadas a esconderse luego de que Rudy Giuliani, representante de Trump, las acusara falsamente de fraude electoral. Se recordará que ambas prestaron testimonio ante el Comité Congresional de Investigación del 6 de enero.
La supervisora de elecciones en Milwaukee, Wisconsin recibió cientos de amenazas y tuvo que rediseñar sus oficinas para proteger al personal.
Amenazas de muerte
Una investigación realizada por Reuters en septiembre reveló más de 100 amenazas de muerte o violencia contra funcionarios electorales en ocho estados en disputa.
A medida que se acercan los comicios se aclara la estrategia antidemocrática de enviar el 8 de noviembre a miles de inspectores a los sitios de votación.
Los autodenominados investigadores de fraude han inundado a los funcionarios electorales con demandas de registros, boletas, documentos digitales y nombres y direcciones de ellos mismos y listas de votantes, de manera tal que podrían establecer qué votos se emitieron en cada lugar de votación. En algunos casos, los coordinan grupos nacionales de negadores de elecciones.
Grupos activistas urgen a los votantes a llegar a último momento para retrasar la entrega de resultados.
Otros grupos trabajan incansablemente en la depuración de los registros electorales para quitar potenciales votos demócratas. Otros se dedican a desaparecer instalaciones de urnas electorales en barrios populares.
Personajes como el millonario vendedor de almohadas y aliado de Trump Mike Lindell, financian y coordinan el esfuerzo y ofrece instrucciones sobre la presentación de solicitudes de registros.
Leyes contra el voto
Esto se agrega al aluvión de nuevas leyes en 35 estados que reducen el derecho al voto de una miríada de formas, y que comenzaron a pulular inmediatamente después de las elecciones, ni bien pudieron justificar esas leyes antidemocráticas con el espectro o la maldición del fraude electoral.
A los funcionarios de Wisconsin, les han prohibido contactar a votantes para corregir errores menores u omisiones en las boletas de voto en ausencia; en cambio, las boletas deben ser devueltas.
Los comisionados electorales del condado Nye en Nevada decidieron dejar de usar las máquinas de votación fabricadas por Dominion Voting Systems, por una desacreditada teoría de que están manipuladas. Y así sucesivamente en todo el país.
El resultado de esta campaña, entre otros, será agotar la infraestructura electoral que ya se encontraba en el punto de ruptura, y aún peor, intimidar a los votantes y prevenir que cumplan con su deber ciudadano.
En respuesta a esta ola de actividades antidemocráticas, el procurador general Merrick Garland creó en julio pasado el Grupo de Trabajo Federal sobre Amenazas Electorales que en teoría debería combatirlas. En cada oficina del FBI se asignó un agente para encargarse de estas amenazas.
Pero de más de mil demandas en un año sólo ha logrado cuatro arrestos y todavía ninguna condena. Esto lleva a que los amenazados ya no quieren denunciar. Al menos no con el gobierno federal, que parece atrapado en su temor de que digan que Biden restringe la libertad de expresión, la Primera Enmienda.
Los funcionarios electorales temen y renuncian
De hecho, un informe del Centro Brennan detectó temores en la comunidad de funcionarios electorales, que más de la mitad de las amenazas no se denunciaron y que, en general, por desconfianza hacia las autoridades federales, cuando sí se hizo, se remitieron a agencias policiales locales. Esto parecería conveniente, solo que estas agencias, cuando reaccionan por lo general es para remitir la investigación a otros, notablemente la FBI. Ahí se detiene.
Las amenazas son altamente creíbles, y a ello se suman preparativos para irrumpir el proceso electoral, prevenir el voto de minorías, sea mediante legislación, el uso de agencias del orden al servicio de los republicanos, o activistas locales.
El público tiene que estar consciente de estas amenazas. En algunas jurisdicciones del país podría ser riesgoso ir a votar, especialmente para minorías que podrían ser perseguidas por el color de su piel que los definiría como potenciales republicanos, como en la época inmediatamente posterior a la emancipación de esclavos.
Por eso, es importante usar todos los mecanismos legales para asegurar, primero, que todos los que tienen derecho a hacerlo voten; segundo, que lo hagan de manera segura, usando voto por correo donde es posible y armándose de paciencia en las urnas.
Si los defensores de la democracia no actúan para detener las amenazas, estan podrían ser las últimas elecciones democráticas en nuestro país.
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