Clase contra nación
Nunca debe subestimarse la capacidad de engaño de las clases dominantes a la hora de recurrir a estratagemas que otorguen continuidad y fluidez a su política de dominación sobre una sociedad a la cual consideran a su exclusivo servicio.
En el caso de El Salvador, al mismo tiempo que detentan el poder, trabajan incansablemente en el aplastamiento de toda oposición que represente un obstáculo a sus objetivos de control social y enriquecimiento permanente.
La realidad del país empuja a los ideólogos del régimen a esforzarse en establecer a cada momento nuevas agendas de discusión en la opinión pública, para mantener la atención social alejada de los problemas que de verdad deberían preocupar a las mayorías.
Agendas y factores de distracción adecuados permiten al poder privilegiar formas que aparentan “consenso social”, aunque en realidad se trate de una combinación de autoritarismo y paternalismo populista que resulta en una mezcla de miedo y engaño. En cualquier caso, el objetivo es dilatar el uso de métodos más drásticos y represivos de dominación.
Por caso, uno de los grandes problemas que afecta a la familia salvadoreña es el hambre y la situación económica. Lo reconocen hasta los apologistas del régimen, a quienes bien pagan para publicar periódicamente encuentas de opinión favorables. El caso más reciente es el estudio de CID-Gallup, una de las dos encuestadoras consistentemente mencionadas como operadoras al servicio del oficialismo.
En su última publicación, luego de destacar una supuesta popularidad que superaría el 90 por ciento, la encuestadora reconoce que al menos el 58% de las 1200 personas encuestadas señala su preocupación por la situación económica y el precio de las tarifas de electricidad, agua y otros servicios.
El costo de la vida volvió a ser la principal preocupación para el 37 por ciento de los entrevistados, mientras al 21% le preocupa el precio de la energía eléctrica y el agua potable; ambas respuestas conforman el 58 por ciento mencionado. Otras preocupaciones fueron el desempleo, la salud y la vivienda.
Ante el recurrente uso del tema de la seguridad para interpretar desde el oficialismo los niveles de “popularidad”, la encuestadora se vio obligada a reconocer en sus consideraciones que ese tema ya no figura entre las preocupaciones de la población encuestada.
Esto representa un arma de doble filo para el régimen y sus publicistas, que deben buscar otro “éxito” para vender a la población y al mundo, mientras el discurso de la seguridad resulta insostenible para la permanencia del ilegal régimen de excepción, al tiempo que la sociedad va dejando atrás y relativizando aquellos avances, manifestando nuevas y mayores necesidades insatisfechas.
Los medios al servicio del régimen mienten y engañan con descaro cuando hacen referencia a niveles de seguridad jamás antes alcanzados, porque solo se centran en los homicidios. Pero la desaparición de personas, los feminicidios, las violaciones, los hurtos y robos continúan, así como las extorsiones, aunque quienes las cobren ahora vayan uniformados y representen a las fuerzas coercitivas del Estado.
No todo lo que reluce es oro ni todo lo que dicen es “palabra de Dios”
Como parte del esfuerzo permanente por establecer nuevas agendas mediáticas cuando la realidad pone en evidencia la incompetencia, incapacidad y corrupción desenfrenada, quienes detentan el poder decidieron jugar con fuego y apelar a aquello que los más fanáticos e incondicionales admiran y el resto detesta, invocar a Dios para posicionar un tema que realmente les interesa: el posible regreso de la explotación minera a El Salvador.
No se trató de una ocurrencia palaciega, de una suerte de “impulso tuitero” o una opinión descabellada. Se trata de un plan concebido, organizado y operativizado ante los ojos de una sociedad que parece empezar, por fin, a ver que tiene frente a sí a un régimen que desprecia la vida en cualquier forma que se interponga con sus planes de acumulación y despojo.
La sola mención del tema generó una andanada de críticas desde múltiples sectores sociales, en muchos casos con mínimas coincidencias en otros temas de la realidad nacional, pero que de inmediato conformaron un frente común, que podríamos definir como de defensa de la nación, la vida y los recursos naturales esenciales para conservarla.
Estamos en presencia de una contradicción de enorme envergadura, entre una clase burguesa parasitaria, irresponsable e inescrupulosa, que no tiene problema alguno en arrasar con las fuentes de agua y de vida, amenazando la supervivencia de flora, fauna y población, si con ello garantiza su acumulación ininterrumpida de riqueza con la entrega de patrimonio nacional a corporaciones multinacionales imperialistas.
Frente a esa clase se pone en pie la nación, y con ella los intereses de las mayorías, que ya no se atemorizan por insultos y ataques de troles y bots al servicio del régimen, y hacen oir su voz mucho más allá de las redes sociales, trasladando su indignación a conferencias de prensa, declaraciones y, con toda seguridad, próximamente a nuevas manifestaciones de calle, en rechazo al retorno de la minería metálica a El Salvador.
Se trata de un plan implementado con frialdad, con el poder judicial y el ministerio público como complices del intento de aplastamiento preventivo de la protesta social. Es en ese marco que se entiende la persecución de la Fiscalía, montando una falsa causa criminal contra ambientalistas de Santa Marta, que lucharon y vencieron junto con sus comunidades, todas las batallas presentadas por las mineras canadienses y estadounidenses.
En cada desafío legal prevaleció la justa voz de las comunidades y sus líderes, que tuvieron el mérito de despertar y movilizar a una sociedad que ya empezaba a dar muestras del sopor que, años más tarde, permitió la irrupción de la arbitrariedad y el autoritarismo, de la mano de la militarización, y el aplastamiento del Estado de Derecho como ocurre en estos días.
Ese ejemplo de lucha y de victoria es el que quiere aplastar el régimen coludido con el poder judicial a su servicio. Lo mismo intentan al negar el conflicto armado, los acuerdos de paz y los logros de una democracia débil y debilitada, pero conquistada a fuerza de lucha por un pueblo a cuyas nuevas generaciones pretenden hacer ignorar su pasado y su memoria histórica.
Así se debe interpretar la intervención de la fiscalía para volver a juzgar a los ambientalistas que habían sido absueltos en corte. Es parte del plan para reinstalar la minería metálica, expulsada del ordenamiento legal con la participación en su momento del voto favorable de todas las bancadas parlamentarias.
Es un golpe judicial preventivo que apunta a la forma en que el poder espera jugar sus cartas en el tema de la explotación y entrega de recursos a empresas extranjeras, tan inescrupulosas como los gobernantes salvadoreños. Se equivocan y conocen poco a un pueblo al que están empujando a sus límites.
No es necesario abundar en las afectaciones a la salud que conlleva este tipo de explotación; basta con la información generada por organizaciones ambientalistas, comunidades y academia, que se vienen pronunciando desde el momento en que se conoció el mensaje presidencial sobre el tema.
La historia nos ha dejado lecciones para momentos como estos, cuando la pugna entre aquellos ávidos de enriquecerse a cualquier precio y los intereses mayoritarios de la sociedad están en juego. Sucedió con el algodón, en la zona del Bajo Lempa.
Pesticidas como DDT, DDD y Edrín, entre otros compuestos, fueron utilizados sobre todo en el cultivo de algodón, que tuvo su auge entre los años 60 y 80 del siglo pasado. En los años 70, Jiquilisco y Jucuarán figuraban entre los principales municipios productores de algodón.
Las sustancias mencionadas pertenecen a la «docena sucia» de contaminantes orgánicos persistentes (COP) prohibidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por su alta toxicidad y persistencia en el medio ambiente. En aquellos días de la fiebre del algodón, las avionetas rociaban pesticidas para controlar las plagas de las algodoneras sin que nadie insinuase siquiera un riesgo serio para la salud.
Jiquilisco tiene una población muy afectada por insuficiencia renal crónica; diez años atrás, en 2013, un informe del Ministerio de Salud señalaba que entre el 20 y el 36 por ciento de las muertes registradas en esa alcaldía se debían a esa causa y estarían relacionadas con la contaminación del agua de consumo por metales pesados, y por tóxicos presentes en los pesticidas usados en el algodón.
Los estudios revelaron que en el Bajo Lempa 2,846 personas murieron por insuficiencia renal entre enero de 2009 y marzo de 2013. En los siguientes cinco años, un promedio de 5,506 pacientes anuales fueron atendidos en los hospitales públicos. El promedio de enfermos y decesos se mantiene hasta hoy, según informan pobladores y medicos locales.
Hace años que el algodón dejó de ser lucrativo. Al final del día sólo nos quedó la insuficiencia renal crónica (IRC) y la enfermedad renal crónica (ERC); no las sufren quienes se enriquecieron con el cultivo sino las comunidades y trabajadores, que no tuvieron opción más que respirar y beber los tóxicos que los siguen matando.
Finalmente, recordemos un documento olvidado por el gobierno en turno. Se trata del pacto con la sociedad salvadoreña ofrecido por el entonces candidato presidencial Nayib Bukele, en caso de ser elegido presidente, como finalmente sucedió. Se llamó PLAN CUSCATLÁN. En su página 53, se lee:
“Se debe asumir las competencias constitucionales en materia de seguimiento a la labor pública, para el logro de la eficacia de las leyes vigentes, dando mandato a la CMACC y a otras comisiones permanentes, para que incluyan en sus planes de trabajo el seguimiento y evaluación de la implementación plena y eficaz de la “Ley del Medio Ambiente”, “Ley de Áreas Naturales Protegidas”, “Ley de Conservación de Vida Silvestre”, “Ley Forestal”, “Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres”, “Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial”, “Ley de Prohibición de la Minería Metálica” y sus reglamentos respectivos, así como de la Convención, el Acuerdo y otros tratados multilaterales medioambientales.” (negritas nuestras)
Un recordatorio para quienes creen en el valor de la palabra dada o escrita. No es el caso de aquella propuesta programática, que hoy se transformó en un plan de nación a gusto y placer del grupo burgués emergente, de sus socios oligarcas, del imperio y sus corporaciones, que se beneficiarán de acciones entreguistas, nocivas y letales para las grandes mayorías.
Este artículo fue originalmente publicado en Reflexiones y Pensamiento Crítico, diciembre 2, 2024.
