El Salvador: un crimen de Estado
El silencio no es una opción, la aceptación no es una opción. Solo queda la lucha, la resistencia, la denuncia internacional y la solidaridad de los pueblos
El autoritario gobierno de Nayib Bukele dio este sábado 1 de mayo sólidos pasos a convertirse en un régimen dictatorial, asegurándose el control de todos los poderes del Estado, poniéndolos al servicio de un presidente narcisista y de un ascendente grupo de poder económico empeñado en garantizar su hegemonía y un Estado puesto al servicio de sus intereses particulares.
En una misma jornada, en el emblemático Día Internacional de la Clase Trabajadora, mientras miles de trabajadores se manifestaban pacíficamente en las calles del país expresando sus reivindicaciones y ondeando sus banderas de lucha que, por supuesto, incluyen la defensa de sus derechos civiles y democráticos, conquistados con su sangre, sudor y sacrificio, el nuevo grupo de diputados electos se reunía en la Asamblea Legislativa y tomaba posesión de sus cargos.
Hasta ahí, una relativa normalidad. A partir de allí todo fue cualquier cosa menos normal o guiado por reglas mínimas establecidas en las leyes y reglamentos de la República. Se violaron procedimientos legislativos básicos como la presentación de una agenda de trabajo para la jornada, que debe ser de conocimiento de todas las bancadas para poder realizar su labor, hasta el irrespeto al uso de la palabra para quienes al no pertenecer a la abrumadora mayoría del partido Nuevas Ideas y sus socios, parecían no merecer siquiera el derecho de expresarse en el parlamento.
Pero mas allá de estas graves expresiones de autoritarismo, atropello, revanchismo y mucho de ignorancia de las normas elementales de convivencia republicana, lo peor estaba por venir.
Y llegó en el primer punto de debate, cuando se solicitó dispensa de trámite para presentar una pieza por medio de la cual se destituía a los cinco magistrados propietarios y sus cinco suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), violando todas las normas de procedimiento constitucional exigidas para poder iniciar un proceso de destitución de estos funcionarios.
Argumentando desacuerdos del Ejecutivo con respecto a sentencias de la Sala durante la pandemia, este grupo de diputados cuyo lema de campaña (y de victoria) fue hacer lo que Bukele dijera, fueron cínicamente expresando su acuerdo con el ilegal decreto en discusión, hasta llegar a la votación y a la consecuente destitución entre aplausos y vergonzosas expresiones de “estar cumpliendo la voluntad popular”.
Los 10 magistrados fueron removidos y de inmediato apareció una moción con un listado propuesto para sustituir a los anteriores, sin que medie el riguroso proceso de selección establecido en la Constitución. De esta manera burda e ilegal los magistrados del más alto tribunal de la República en materia constitucional fueron arbitraria e ilegalmente reemplazados por un grupo de usurpadores.
Sin embargo, el golpe no fue solo legislativo. Fue usada la fuerza, como lo denunciaba ese mismo 1 de mayo la prestigiosa Fundación para el Estudio y la Aplicación del Derecho, FESPAD, en su comunicado: “De manera casi simultánea estaban siendo acordonadas e intervenidas las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia por miembros de la Policía Nacional Civil, por funcionarios del Órgano Ejecutivo y por al menos uno de los recién nombrados.” Lo mismo sucedió en el edificio de la Fiscalía General de la República, allanado en la madrugada por la policía, con su Director a la cabeza, para asegurar el ingreso del nuevo fiscal nombrado ilegalmente.
En efecto, con el mismo procedimiento viciado fue removido el Fiscal General de la República, Raúl Melara, suplantado por un muy cuestionado abogado, Rodolfo Delgado, quien recientemente ejerciera la defensa del actual Director de la Policía en el antejuicio iniciado por la anterior Asamblea Legislativa.
A su vez, la Sala de lo Constitucional que fue ilegalmente removida emitió ayer mismo una resolución de inconstitucionalidad ante las medidas adoptadas por el Legislativo.
De tal modo que El Salvador, sus ciudadanos y cualquier persona relacionada con actividades en este país permanecerá en el limbo de la inseguridad jurídica hasta que se resuelva el diferendo. Entre tanto, según las asociaciones de abogados consultadas por la prensa y lo declarado por estas en conferencias de prensa, lo que hagan los nuevos funcionarios judiciales es ilegal.
Las reacciones internacionales no tardaron en conocerse. La OEA, CIDH, ONU, condenaron los hechos y expresaron su preocupación por el estado de la frágil democracia salvadoreña. El gobierno de los EEUU y representaciones de otros países en El Salvador también fueron elocuentes. Se destacan las palabras del Secretario de Estado Antony Blinken que en su cuenta en las redes sociales informó: “Hablé hoy con el presidente salvadoreño @NayibBukele para expresar seria preocupación por la decisión de ayer de socavar el más alto tribunal y al Fiscal General Melara. La gobernabilidad democrática requiere respetar la separación de poderes, por el bien de todos los salvadoreños.”
En este país ya no existe un sistema de pesos y contrapesos. El aparato judicial ha sido puesto a las órdenes del clan que conduce el Ejecutivo. Una Sala usurpadora no amparará a nadie perseguido por cuestiones políticas o económicas. Será el inútil muro de los lamentos ciudadanos ante los casos montados desde una Fiscalía General a las órdenes incuestionables del presidente y su clan.
Ante esta situación el silencio no es una opción, la aceptación no es una opción. Solo queda la lucha, la resistencia, la denuncia internacional y la solidaridad de los pueblos. Desde el exterior ya han llegado numerosas condenas y rechazos a estas maniobras que llevan al país a un peligrosísimo retroceso que amenaza derechos humanos, civiles y políticos.
Al mismo tiempo, el pueblo salvadoreño, con memoria de lucha, que sabe lo que es resistir, combatir y vencer dictaduras, empieza a preparar sus respuestas. Las primeras manifestaciones en espacios públicos tuvieron lugar este mismo domingo 2 de mayo. Las organizaciones de la sociedad civil, sindicales, gremiales, empresariales, profesionales, academia, iglesias, ONGs, entre muchas otras, además de partidos políticos de diverso signo, se han pronunciado en comunicados y conferencias de prensa rechazando el golpe.
Hoy más que nunca, en estos oscuros días, El Salvador recuerda la consigna del histórico líder Schafik Hándal, La Lucha Continúa. Y se reafirma en su certeza: El Golpe ¡No Pasará!
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