Agentes de inmigración detuvieron a más de 170 ciudadanos: ProPública

Por Nicole Foy, fotografía de Sarahbeth Maney

• Estadounidenses detenidos: El gobierno no lleva registro del número de ciudadanos detenidos por agentes de inmigración. Este año hemos encontrado más de 170 casos de detenciones de ciudadanos en redadas y protestas.
• Detenidos incomunicados: más de 20 ciudadanos denunciaron haber permanecido detenidos durante más de un día sin poder llamar a sus familiares ni a un abogado. En algunos casos, sus familias no pudieron localizarlos.

• Casos archivados: Los agentes arrestaron a unos 130 estadounidenses, entre ellos una docena de funcionarios electos, por presuntamente interferir con los agentes o agredirlos, pero por lo general esos casos fueron desestimados.
  Estos aspectos destacados fueron escritos por los reporteros y editores que trabajaron en esta historia.

Leonardo Garcia Venegas fue detenido por los agentes de inmigración mientras grababa una redada en su trabajo, a pesar de que él tenía su REAL ID y les dijo a los oficiales que era ciudadano.

Cuando en septiembre de este año la Corte Suprema autorizó a los agentes de inmigración de la zona de Los Ángeles a tomar en consideración la raza de los sospechosos durante las redadas, el juez Brett Kavanaugh dijo que los ciudadanos no tenían por qué preocuparse.

“Si los agentes descubren que la persona a la que han detenido es ciudadano estadounidense o se encuentra legalmente en el país”, escribió Kavanaugh, “la liberan de inmediato”.

Pero eso está lejos de lo que vivieron numerosos ciudadanos estadounidenses a quienes los agentes de inmigración derribaron y arrastraron por el suelo. Los golpearon, los  sometieron con sus tasers y hasta les dispararon. Les pusieron la rodilla en el cuello. Los retuvieron bajo la lluvia en ropa interior. Al menos tres ciudadanas estaban embarazadas al momento de su detención. A una de esas mujeres ya le habían volado la puerta de su casa ante los ojos de la Secretaria (Ministra) del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Más de veinte estadounidenses han declarado que los retuvieron durante más de un día sin poder llamar por teléfono a sus abogados o a sus familiares.

Las redes sociales se han inundado de videos de ciudadanos estadounidenses maltratados por agentes de inmigración, pero el panorama general no está del todo claro. El gobierno no documenta con qué frecuencia los agentes de inmigración detienen a estadounidenses.

Por eso, ProPublica redactó su propio informe.

Recopilamos y revisamos todos los casos que pudimos encontrar de agentes que hubieran retenido a ciudadanos contra su voluntad, ya fuera durante redadas de inmigración o protestas. Aunque seguramente sea un informe incompleto, encontramos más de 170 incidentes de este tipo durante los primeros nueve meses del segundo mandato del presidente Donald Trump.

Entre los ciudadanos detenidos hay casi 20 niños, incluidos dos con cáncer. Entre ellos hay cuatro que fueron retenidos durante semanas con su madre indocumentada y sin poder consultar al abogado de la familia hasta que intervino una congresista.

Los agentes de inmigración tienen autoridad para detener a estadounidenses en determinadas circunstancias. Los agentes pueden retener a aquellas personas de las que es razonable sospechar que se encuentran en el país de forma ilegal. Encontramos más de 50 estadounidenses a quienes detuvieron luego de que los agentes pusieron en tela de juicio su ciudadanía.

Casi todos eran latinos.

Los agentes de inmigración también pueden detener a ciudadanos que presuntamente hayan interferido o agredido a los oficiales. Recopilamos casos de unos 130 estadounidenses, entre ellos más de diez funcionarios electos, acusados de agredir u obstaculizar a los agentes de ICE.

Por lo general, estos casos no han resistido el menor análisis. En los casi 50 que hemos identificado hasta ahora, no se presentaron cargos o los casos fueron directamente desestimados. Según lo que pudimos averiguar, apenas un puñado de ciudadanos se declararon culpables, en su mayoría de delitos menores.

En uno de estos casos que no prosperaron, a un joven que filmaba a unos agentes de inmigración enmascarados que buscaban a un familiar suyo le apuntaron con un arma, le rociaron gas pimienta y lo golpearon.

En otro, los agentes de ICE derribaron y sometieron al propietario de un lavadero de coches de 79 años. Una vez en el suelo, le pusieron las rodillas sobre el cuello y la espalda. Su abogado declaró que estuvo detenido durante 12 horas y que no recibió atención médica a pesar de haber sufrido fracturas de costillas en el incidente, y de que había sido operado recientemente del corazón.

En otro incidente, los agentes detuvieron y esposaron a una mujer que se dirigía a su trabajo, y que se vio envuelta en una caótica redada contra vendedores ambulantes. En una denuncia presentada contra el gobierno, afirmó que la retuvieron durante más de dos días, sin ningún contacto con el mundo exterior durante gran parte de ese tiempo. (La Suprema Corte dictaminó que dos días es, en términos generales, el máximo tiempo que los funcionarios federales pueden retener a los estadounidenses sin cargos).

Al ser consultado por ProPublica, el Departamento de Seguridad Nacional respondió que los agentes no discriminan por motivos raciales ni persiguen a los estadounidenses. “No arrestamos a ciudadanos estadounidenses por motivos de inmigración”, escribió la vocera Tricia McLaughlin.

Un alto funcionario de inmigración reconoció recientemente que los agentes sí tienen en cuenta el aspecto físico de las personas. [Nos fijamos en] “qué aspecto tienen, en comparación con, por ejemplo, usted”, le explicó el jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, a un periodista blanco en Chicago.

La Casa Blanca le comunicó a ProPublica que cualquier persona que agreda a agentes federales de inmigración será procesada. “Interferir en la aplicación de la ley y agredir a las fuerzas del orden es un delito y cualquier persona, independientemente de su estatus migratorio, será considerada responsable”, afirmó la subsecretaria de prensa Abigail Jackson. “Los agentes actúan de manera heroica para hacer cumplir la ley, arrestar a extranjeros ilegales que cometen delitos y proteger a las comunidades estadounidenses con el mayor profesionalismo”.

Un portavoz de Kavanaugh no respondió a las preguntas que le enviamos por correo electrónico.

Una redada de inmigración en el lavadero de autos de Rafie Ollah Shouhed, de 79 años, le dejó con varias costillas rotas. Cortesía de Rafie Ollah Shouhed. Recopilado por ProPublica.

El número de estadounidenses detenidos por agentes de inmigración es un cálculo de por sí complicado e inevitablemente incompleto. Durante mucho tiempo, el gobierno ha ignorado las recomendaciones de hacerles seguimiento a estos casos, a pesar de que Estados Unidos tiene un frondoso historial de detenciones y hasta deportaciones de ciudadanos, incluso durante la administración Obama y el primer mandato de Trump.

Hemos recopilado los casos revisando redes sociales en inglés y español, demandas, registros judiciales e informes de los medios de comunicación locales. No incluimos las detenciones de manifestantes por parte de la policía local o la Guardia Nacional. Tampoco computamos los casos en los que las detenciones se produjeron como consecuencia de un proceso judicial. Entre esos casos, se contaban los de algunas personas acusadas de delitos graves, como arrojar piedras o lanzar bengalas para provocar un incendio.

Según los expertos, al parecer cada vez más estadounidenses están siendo detenidos como consecuencia de una estrategia que el gobierno hacía décadas que no llevaba a cabo:  redadas de inmigración a gran escala en todo el país, a menudo en comunidades que se resisten.

En gobiernos anteriores, los agentes de deportación se valían de informes de inteligencia para localizar a sus objetivos, según Scott Shuchart, alto funcionario de inmigración en las administraciones de Biden, Obama y la primera de Trump. “Ahora la idea es usar esos recursos de forma poco inteligente”, con agentes que se enfocan en comunidades o lugares de trabajo donde podrían encontrarse inmigrantes indocumentados.

El video que Garcia Venegas grabó de una redada de inmigración en un sitio de construcción muestra cómo se aleja del agente mientras intenta grabar y luego afirma que es ciudadano antes de ser detenido. Cortesía de Leonardo Garcia Venegas

Cuando los agentes federales se pasean por las comunidades de la forma que la Corte Suprema ahora autoriza, es inevitable que se violen los derechos constitucionales tanto de los ciudadanos como de los no ciudadanos, argumenta David Bier, director de estudios de inmigración del think tank libertario Cato Institute. En un análisis reciente, Bier muestra cómo las redadas en Los Ángeles han dado lugar a la discriminación racial. “Si el gobierno puede detener a alguien por pertenecer a un determinado grupo demográfico que asocia con alguna categoría de delito, entonces puede hacerlo en cualquier contexto”.

Cody Wofsy, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, lo expresa de forma aún más categórica: “Cualquiera de nosotros podría ser el siguiente”.

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Los tres jueces liberales de la Corte Suprema se mostraron en firme desacuerdo con la opinión de Kavanagh de que los agentes de inmigración podían tener en cuenta la raza y otros factores como criterios de detención. Advirtieron que eso conllevaba el riesgo de que a los ciudadanos estadounidenses “los arresten, los tiren al suelo y los esposen por su simple aspecto y acento, y por ganarse la vida dedicándose a tareas manuales”.

El de Leonardo Garcia Venegas parece haber sido uno de esos casos. Estaba trabajando en una obra en construcción en la zona costera de Alabama cuando vio a unos agentes de inmigración enmascarados de Homeland Security Investigations que saltaban una valla y echaban a correr junto a un cartel de “Prohibido el paso”. Garcia Venegas recuerda que fueron directamente hacia los trabajadores latinos, ignorando a los trabajadores blancos y negros.

Garcia Venegas empezó a grabar cuando su hermano indocumentado les pidió a los agentes una orden judicial. En respuesta, según muestra el vídeo, los agentes tiraron a su hermano al suelo y le restregaron la cara contra el cemento húmedo. Garcia Venegas siguió grabando hasta que los agentes también lo agarraron y tiraron su teléfono al suelo.

Otros compañeros de trabajo grabaron lo que sucedió a continuación: los agentes de inmigración le retorcieron los brazos al joven de 25 años, e intentaron repetidamente tirarlo al suelo mientras él les gritaba: “¡Soy ciudadano!”.

Los agentes encontraron su identificación REAL ID, que Alabama solo expide a quienes se encuentran legalmente en Estados Unidos, pero la descartaron por considerarla falsa. Garcia Venegas estuvo esposado durante más de una hora. A su hermano acabaron deportándolo.

Garcia Venegas quedó tan conmocionado que se tomó dos semanas de licencia. Poco después de retomar sus actividades, estaba trabajando solo en una casa casi terminada mientras escuchaba música con sus audífonos, cuando sintió que alguien lo observaba. Un agente de inmigración enmascarado estaba parado en la puerta del dormitorio.

Esta vez, los agentes no lo redujeron. Pero volvieron a desestimar su identificación REAL ID. Y luego lo retuvieron para verificar su ciudadanía. Garcia Venegas dice que los agentes también retuvieron a otros dos trabajadores que tenían estatus legal.

El DHS no respondió a las preguntas de ProPublica sobre las detenciones de Garcia Venegas, ni a la demanda federal que presentó el mes pasado. En otra ocasión, la agencia ya ha defendido la conducta de los agentes, al afirmar que Garcia Venegas “se interpuso entre los agentes y el sospechoso”. Pero eso no es lo que se ve en las imágenes, y a Garcia Venegas nunca lo han acusado de obstrucción ni de ningún otro delito.

Los abogados de Garcia Venegas, que pertenecen a la organización sin fines de lucro Institute for Justice, esperan que otros demandantes se sumen al caso. Después de todo, las repercusiones de las redadas de inmigración se están sintiendo por todas partes. Garcia Venegas dijo que se enteró de otras 15 redadas en obras de construcción de la zona, y que la industria en esa parte de la costa del Golfo está pasando apuros por falta de trabajadores.

De poco le sirven las garantías de Kavanaugh a Garcia Venegas. Él es un ciudadano estadounidense de ascendencia mexicana, que no habla mucho inglés y trabaja en la construcción. Aún con su identificación REAL ID y su tarjeta de la Seguridad Social en la billetera, Garcia Venegas teme que los agentes de inmigración lo sigan acosando.

“Si quieren detenerte”, dijo, “No te vas a dejar libre”.

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George Retes fue uno de los ciudadanos detenidos a pesar de que los agentes de inmigración parecían conocer su situación legal. También se lo tragó el sistema durante días sin ningún contacto con el mundo exterior.

La única pista que en un primer momento tuvo la familia de Retes fue una breve llamada que logró hacer desde su Apple Watch con las manos esposadas a la espalda. Rápidamente le dijo a su esposa que el “ICE” lo había detenido durante una redada masiva y una protesta en la granja de marihuana donde trabajaba como guardia de seguridad.

Aun así, la familia de Retes no lo encontraba. Llamaron a todas las agencias de seguridad que se les ocurrieron. Nadie les dio ninguna respuesta.

La familia de George Retes vio su coche en una compilación de videos publicada en TikTok. Este fragmento del video completo muestra su vehículo blanco rodeado de gas lacrimógeno. Más adelante, los agentes lo reducen y lo someten. nota.sra/TikTok

Finalmente, encontraron un video de TikTok en el que se veía a Retes, que iba en auto al trabajo e intentaba retroceder lentamente al verse atrapado entre los agentes y los manifestantes. A pesar de los gases lacrimógenos y el polvo, la familia reconoció el coche de Retes y el sticker de excombatiente en la ventanilla. En el video se ve a un hombre, Retes, tirado en el suelo rodeado de agentes.

La familia de Retes fue a la granja, donde los periodistas de la televisión local estaban entrevistando a las familias que no podían encontrar a sus seres queridos.

“Le rompieron la ventana, le rociaron gas pimienta, lo agarraron y lo tiraron al suelo”, declaró su hermana entre lágrimas ante un reportero. “No sabemos qué hacer. Solo pedimos que dejen ir a mi hermano. No ha hecho nada malo. Es un excombatiente, un ciudadano discapacitado. Eso dice en el coche”.

Retes estuvo detenido durante tres días sin que se le concediera una llamada. Su familia recién se enteró de dónde había estado después de su liberación. Retes le contó a ProPublica que se cortó la pierna con los cristales rotos y que el gas pimienta le quemó las manos. Intentó calmarlas llenando de agua bolsas para sándwiches.

Retes recuerda que los agentes sabían que era ciudadano. “No les importó”. Cuenta que un funcionario del DHS se rió de él y le dijo que no debería haber ido a trabajar ese día. “Aun así, me enviaron a la cárcel”. Añadió que casos como el suyo demuestran que Kavanaugh estaba “completamente equivocado”.

El DHS no respondió a nuestras preguntas sobre Retes. Sí respondió en X al artículo de opinión que Retes publicó en septiembre en el San Francisco Chronicle. Una publicación de la agencia afirmaba que a Retes lo habían detenido por agresión tras “ponerse violento y negarse a acatar a las fuerzas del orden”. Sin embargo, a Retes lo habían dejado en libertad sin cargos. De hecho, cuenta que nunca le dijeron por qué lo arrestaron.

El Departamento de Justicia ha instado a los agentes a arrestar a cualquiera que interfiera en las operaciones de inmigración, ordenando en dos ocasiones a las fuerzas del orden que den prioridad a los casos de personas sospechosas de obstrucción, interferencia u agresión contra agentes de inmigración.

Sin embargo, los hechos en esos casos con mucha frecuencia no han resultado ser los que el gobierno alegaba.

Daniel Montenegro estaba filmando una redada en un Home Depot de Van Nuys, California, junto con otros defensores de los jornaleros este verano cuando, según le contó a ProPublica, varios agentes lo derribaron y le causaron lesiones en la espalda.

Bovino, el jefe de la Patrulla Fronteriza que supervisó las redadas de Los Ángeles y que desde entonces ha llevado a cabo operaciones del mismo tipo en ciudades como Sacramento y Chicago, tuiteó los nombres y las fotos de Montenegro y otras tres personas, acusándolos de utilizar clavos caseros para inutilizar vehículos.

“Ni idea de dónde habrá salido esa historia”, dijo Montenegro a ProPublica. “Yo recién me enteré cuando nos liberaron”. La gente decía: ‘Los vimos en Twitter y en las noticias y son terroristas, querían pincharles las llantas’. Yo nunca vi esos aparatos para pinchar llantas”.

Las autoridades no acusaron a Montenegro ni a los demás de ningún delito. (Bovino no respondió a nuestras preguntas, si bien el DHS lo defendió en declaraciones dirigidas a ProPublica: “El éxito del jefe Bovino en expulsar del país a lo peor de lo peor habla por sí solo”).

Los casos del Gobierno son a veces tan confusos que no termina de quedar claro por qué los agentes arrestaron a un ciudadano.

Andrea Vélez fue acusada de agredir a un agente cuando por casualidad llegó al trabajo durante una redada a vendedores ambulantes en el centro de Los Ángeles. En una denuncia federal, Vélez afirmó que los agentes dieron por sentado repetidamente que no hablaba inglés. Los agentes federales solicitaron posteriormente acceso a su teléfono para intentar demostrar que estaba colaborando con otro ciudadano detenido ese día, al que acusaron de agresión. Vélez fue una de las estadounidenses retenidas durante más de dos días.

El DHS no respondió a nuestras preguntas sobre Vélez, pero antes la acusó de agredir a un agente. Un juez federal desestimó los cargos.

Otros ciudadanos afirman que, tras acusarlos de algún delito, los agentes pusieron en duda su ciudadanía. Se destacan el caso de un hombre a quien detuvieron tras grabar a unos agentes de la Patrulla Fronteriza mientras le rompían las ventanillas a una camioneta, y el de una mujer embarazada que intentó impedir que los agentes se llevaran a su novio.

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Son escasas las perspectivas de que los agentes rindan cuentas de manera significativa por su conducta, incluso contra ciudadanos. Las vías para demandar a los agentes federales son aún más limitadas que las que existen para las policías locales. Y eso si acaso se puede identificar a los agentes. De hecho, el gobierno desmanteló la oficina que investigaba las denuncias de abusos por parte de los agentes.

“En cuanto a las protecciones, a menudo inadecuadas, que tenemos contra los abusos de  los gobiernos estatales y locales, ya ni siquiera existen respecto de los excesos del gobierno federal”, afirma Joanna Schwartz, profesora de la Facultad de Derecho de la UCLA.

Por otra parte, más de 50 miembros del Congreso le han exigido por escrito al gobierno información sobre los estadounidenses detenidos. Uno de ellos es el senador Alex Padilla, demócrata de California. Después de intentar interrogar a Noem sobre los ciudadanos detenidos, los agentes federales agarraron a Padilla, lo tiraron al suelo y lo esposaron. Más tarde, el departamento defendió a los agentes que, según DHS, “actuaron de manera correcta”.

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