La dictadura de Bukele

Pretende proyectar una imagen de El Salvador inmerso en la Cuarta Revolución Industrial mientras el analfabetismo, el comercio callejero informal y la falta de oportunidades son rasgos esenciales de la vida del país

San Salvador, El Salvador. FOTO: Wikimedia Commons

A un año del inicio de la Administración Bukele

Primera parte – Demagogos  y publicistas

Hablar de la dictadura de Nayib Bukele dejó de ser una novedad para transformarse en un lugar común. Va mas allá de una etiqueta en redes sociales, que logró impactar las tendencias nacionales en El Salvador con el lema #BukeleDictador  sino que, en apenas unos meses de gestión, pasó de recibir calificaciones muy favorables desde el exterior “el primer presidente millenial”  o “el presidente más joven del planeta”, a ser catalogado como autoritario, irascible, confrontativo, manipulador, mentiroso y emocionalmente desequilibrado. A un año de iniciado su mandato la peor crítica, sin embargo, es posiblemente la de liderar un gobierno profundamente antidemocrático.

No se trató de ninguna extraña metamorfosis. Simplemente, una vez conquistado el botín político del Ejecutivo salvadoreño, el presidente se reveló en su esencia natural. Ya no necesitó seguir utilizando un discurso que recordaba alguna retórica progresista. Pasó a gobernar tal como lo habían programado sus financistas e impulsores: promoviendo la consolidación de un grupo de poder financiero hegemónico, que incluye una parte importante de la tradicional oligarquía local y sectores de una ascendente burguesía de origen árabe y palestino, abanderando un proyecto de revitalización/actualización del modelo neoliberal dependiente, para consolidarlo como una salida regional a la crisis capitalista. La influencia de Washington en el proyecto es crucial en la medida que el mismo responde a intereses geopolíticos de largo alcance, que sobrepasan en mucho las capacidades políticas y estratégicas de Bukele y su círculo.

El gobierno está cumpliendo un año de gestión. Llegó promoviendo la llamada anti-política, el odio contra los partidos, manipulando información e imponiendo un discurso demagógico y vacío, que explotó los resentimientos y frustraciones de una sociedad que no lograba superar altos índices de delincuencia y crimen organizado, y persistentes formas de exclusión social, a pesar de los notables aunque insuficientes avances sociales alcanzados en los dos gobiernos del FMLN.

Su llegada al gobierno, montado en aquel juego de apariencias que pretendía mostrarlo con un halo progresista si no abiertamente de izquierda, se desvaneció de inmediato al tener asegurado su triunfo. Desde el mismo discurso de toma de posesión, el 1 de junio de 2019, con su anuncio de la “medicina amarga”, Bukele fue dibujando una línea de acción que llevó a la práctica  sin contemplaciones.

A un año, el resultado es la existencia de un gobierno de corte altamente autoritario, de derecha, demagógico, con prácticas y métodos neofascistas y un creciente uso de la fuerza militar y policial para ejercer control sobre la sociedad civil.

Recurre al negacionismo para invisibilizar las luchas populares que, entre otras cosas, le permitieron llegar al cargo que ocupa merced a las conquistas democráticas de las cuales reniega.  Se ampara en una suerte de creacionismo, donde todo lo que hace su gobierno “es nuevo, nunca visto, sucede por primera vez en la historia, o es el mas grande de”, las palabas no importan, es necesario dar la sensación de que nada ocurrió antes de su llegada, nada se hizo hasta su advenimiento. Visión mesiánica que sus seguidores y publicistas se encargan de fomentar.

Todo lo anterior sobre la base de una planificada campaña mediática permanente, iniciada meses antes de presentarse como candidato a la presidencia,  y que no cesó un minuto desde entonces hasta el presente.

En este periodo la administración Bukele se distinguió por hacer todo aquello que criticaba en campaña pero además llevándolo a niveles difíciles de imaginar. Por caso el nepotismo.

Una de las primeras baterías de acciones adoptadas por el presidente fue iniciar una campaña punitiva abierta y descarada contra los funcionarios o empleados públicos de cualquier nivel, despojándolos de sus empleos. La táctica fue ordenar vía redes sociales a sus ministros y secretarios, despedir a cualquier persona que haya podido tener relación con el partido FMLN o por ser familiar de ex funcionarios del gobierno del FMLN. Esta campaña cumplió varios objetivos, la mayoría de carácter publicitario, en particular mostrar “fuerza” ante sus seguidores, someter a los despedidos a un escarnio público, que contribuyera al objetivo último de todas aquellas medidas: golpear y afectar negativamente la imagen de su enemigo principal, el FMLN como instituto político que el presidente aspira a destruir.

Otro objetivo fue asegurar el férreo control de la práctica totalidad de la burocracia estatal a través de la colocación de personas de un círculo muy cercano al presidente, que ya había establecido una cadena familiar directa al frente de ministerios, secretarías y autónomas. Así, el nepotismo tan criticado por Bukele y su clan, se transformó en una práctica generalizada y abierta de su gobierno.  El presidente mintió y afirmó que se trataba de labores ad-honorem. Poco antes de cumplir su primer aniversario al frente del Ejecutivo se supo que esos funcionarios y familiares recibían ingresos en forma de honorarios u otras plazas, que llegaban a triplicar los salarios que legalmente hubieran podido percibir  de haber seguido las normas legales establecidas.

Lo anterior lleva a otro aspecto negativo que destaca en esta administración: la falta de transparencia, y oscuridad en la información acerca de los gastos e inversiones del Ejecutivo. Luego de hacer una campaña publicitaria anti-corrupción, Bukele se esmeró en cerrar todos los portillos posibles para la rendición de cuentas y el conocimiento público de sus acciones, en especial de la gestión financiera, pero también en el tratamiento elusivo y más de una vez irrespetuoso y amenazante hacia trabajadores de prensa de medios no afines.

No se trata solo de un rasgo de poca transparencia, es en realidad un indicio del carácter autoritario del presidente, el cual imprime a toda su administración. Un rasgo que se fue reforzando a lo largo de los meses con el gradual y creciente irrespeto a las instituciones y a las leyes, en especial a la Constitución, y que tuvo uno de sus mas escandalosos episodios en la militarización y toma de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero, la usurpación de funciones y subsecuentes desacatos a resoluciones del máximo tribunal constitucional.

La toma de la Asamblea no fue un acto impulsivo, sin control ni meditación, sino la muestra de su forma de entender la acción de gobernar, su visión autocrática, excluyente, confrontativa hacia quien desafíe su poder.

Por eso no sorprende la persecución política y financiera (a través del control de pauta gubernamental) hacia medios y trabajadores de prensa, ni la utilización de la judicialización de la política, conocido como Lawfare,  para iniciar la persecución política de ex funcionarios bajo dudosas acusaciones de corrupción, nunca probadas, pero esgrimidas como formas de juicios y condenas mediáticas en la plaza pública. Una lectura de las experiencias de años recientes en América Latina servirá de ejemplo para comprobar el mismo patrón en desarrollo en El Salvador, que ya cuenta con al menos dos ex funcionarios, uno de ellos miembro destacado del FMLN, con asilo político concedidos por Nicaragua y México. 

Un balance imposible

Al hacer un balance de un año de gestión gubernamental se acostumbra echar una mirada retrospectiva a sus obras y acciones, determinando un balance entre lo positivo y lo negativo realizado. Siempre en base a juzgar sus obras.  En el caso de la administración Bukele esa tarea resulta casi imposible.

Es muy difícil analizar obras si cuando se mira hacia atrás encontramos enormes campañas publicitarias, alabanzas y autoelogios a la gestión de gobierno, pulcramente logrados en costosos spots de más de un minuto, repetidos hasta el cansancio, con cargo a una oscura cuenta de publicidad en el presupuesto de Casa Presiencial, pero no obras en el sentido literal de lo que se espera de un gobierno.

Abundaron, en cambio las “primeras piedras”, inauguraciones de obras ya concluidas por la administración anterior, como el caso del hospital del Seguro Social en San Miguel y poco más que reseñar. Cada acto presentado con una puesta en escena publicitaria, donde el centro es el presidente, y el latiguillo del locutor anunciando lo que sea que se presentara como “por primera vez en la historia”, o “el más grande de la región” (o del continente o del mundo, lo mismo da). Un auténtico gobierno de publicistas. La realidad no importa, lo que valen son las percepciones artificialmente creadas.

A la actual gestión presidencial se la puede calificar con bastante mas precisión en función de lo que  ha destruido, desmontado, revertido.

Solo en materia de aspectos relacionados con el bienestar colectivo podemos mencionar rápidamente la supresión de al menos 14 programas sociales y la reducción a su mínima expresión de otros, entre ellos el programa de ayuda en alimentos, salud, educación y recreación para personas adultas con más de 60 años en condiciones pobreza, que incluía el  55% mujeres, conocido como Nuestros Mayores Derechos; el Programa PATI, Apoyo Temporal al Ingreso, destinado a la juventud; Programa de Agricultura familiar, para apoyar a las familias campesinas, beneficiando a un 35% mujeres; Acuicultura familiar en municipios de pobreza; Desarrollo y modernización rural, Atención comunitaria, de apoyo a las familias campesinas; Programa de fortalecimiento de salud de la mujer; Operación Milagro; Programa Jóvenes con Todo; Escuela inclusiva de tiempo pleno; Niñez y juventud del futuro (que incluye el proyecto “un niño, una niña, una computadora”); Apoyo a la educación de jóvenes y adultos, programa de alfabetización en el cual fueron beneficiadas un 67% de mujeres; Programa nacional para el manejo integral de desechos sólidos; Proyecto Vida, de reforestación y otras acciones ambientales. A esto se suman los recortes presupuestarios a Ciudad Mujer (-US$1.6 millones), Pensión Básica Universal (-US$2.3 millones), Paquetes Agrícolas (-US$1.6 millones) Saneamiento Ambiental (-US$1 millón) y Bono para Educación y Salud (-US$1.3 millones). En el presupuesto también se recortaron US$9 millones al subsidio del gas, US$13 millones a ANDA y casi US$1 millón a CONAMYPE.

Autoritarismo y derechos humanos

Mientras en el presupuesto general de la nación se reducían los fondos asignados a educación y salud, se aumentaban considerablemente los de seguridad y defensa, indicativo de las prioridades iniciales del nuevo gobierno.

Si un elemento fue utilizado por Bukele para promocionar su gestión, este fue el Plan Control Territorial, un programa de ofensiva global contra las pandillas criminales del cual se jacta, aunque nadie conozca a ciencia cierta dicho plan. Mientras surgían numerosas críticas contra la violación de derechos fundamentales de pandilleros reclusos, se iba reforzando la percepción popular de una posible negociación entre los jefes de los grupos criminales con el gobierno, que habría dado como resultado la drástica caída de las tasas de homicidios.

Resulta curioso porque no parece haber ninguna razón aparente que demuestre que el despliegue de fuerzas de choque militar y policial en los barrios y zonas más pobres y marginales pueda ofrecer ese resultado, en tanto fueron medidas ya implementadas de la misma manera por otros gobiernos.

También es cuestionable la línea publicitaria de combate frontal al crimen organizado, cuando se comparan cifras de incautación de drogas. Mientras en 2018 las fuerzas de seguridad reportaron más de 14 toneladas de droga capturada, en el segundo semestre de 2019 la cantidad fue solo de unos 19.5 kilogramos.

Las formas autoritarias que ya hemos descripto tienen en la oscuridad y falta de transparencia en el uso de los recursos un pilar fundamental. Así, el presidente del Ejecutivo, montado sobre su plan de seguridad, comenzó a exigir fondos al parlamento, sin estar dispuesto en ningún caso a presentar documentación requerida por los legisladores.

Sobre ese eje Bukele desarrolló su maniobra de ruptura con el sistema de división y colaboración entre órganos de Estado, su puesta en escena para decir “yo tengo el poder y quiero el poder total”.  Su toma militarizada de la Asamblea Legislativa fue una declaración de principios. La clara manifestación que usaría la  fuerza armada y las fuerzas de seguridad de acuerdo a sus necesidades.

Esta acción no solo alarmó a la comunidad internacional sino a una buena parte de la empresa privada que hasta entonces veía en Bukele un instrumento apropiado para servir a sus necesidades de revertir las medidas adoptadas en los periodos del FMLN, que consideraban lesivas para sus intereses; en especial la empresa privada se había mostrado entusiasta con favores en materia tributaria, la explotación privada de recursos del estado, permisos de explotación en zonas  protegidas, entrada al país de grandes corporaciones como Monsanto en detrimento de los avances logrados en materia de autonomía en producción de semillas criollas no transgénicas, y la gradual privatización de empresas y bienes públicos.

Una vez lanzada  la maniobra de usurpación del Congreso, Bukele dio algún paso atrás sobre todo a partir de la falta de apoyo abierto de la embajada de EEUU, natural referente de su accionar.  Sin embargo, aquel retroceso táctico no le impidió seguir mostrando un despliegue de fuerzas de seguridad en acto públicos, con puesta en escena que recordaban los escenarios de grandes mítines fascistas de la Europa de los años 30.

La llegada de la pandemia Covid-19 con las medidas de confinamiento forzado para la población significó, sin duda un escenario perfecto para hacer uso de aquel contingente de fuerzas, en un ejercicio prolongado de control social, que dejó a la fuerza armada y a la policía con carta blanca para decidir el destino de civiles sanos, quienes habiendo roto las restricciones de la cuarentena domiciliar fueron confinados y sometidos a secuestros en centros de contención y contagio de la enfermedad que Bukele decía querer combatir. Esas fuerzas militares protagonizaron cercos sanitarios a base de tanquetas y blindados en el Puerto de La Libertad y hasta se negaron a responder preguntas del Fiscal General de la República en relación a esos eventos.

El acumulado de factores negativos  en tan poco tiempo desgastó con rapidez la imagen de un presidente excéntrico que se dio el lujo, por ejemplo, de tomarse un autorretrato fotográfico en el podio de la Asamblea General de las Naciones Unidas a la hora de dar su discurso. Pretende proyectar una imagen de país inmerso en la cuarta revolución industrial mientras el analfabetismo, el comercio callejero informal y la falta de oportunidades son rasgos esenciales de la vida en su país.

Un presidente que no ofrece entrevistas a los medios, que selecciona qué medio de prensa puede cubrir sus conferencias y al que si un periodista le formula una pregunta incómoda bloquea de su cuenta de Twitter (casi exclusivo medio de comunicar decisiones para este gobierno, lo cual no posee ningún valor jurídico pero, haciendo gala de ese talante autoritario, Bukele impone por sobre la ley), o decide que no entra a una rueda de prensa. Hay medios a los que el propio presidente ha prohibido a sus funcionarios acudir a entrevistas, tal el caso, por ejemplo de Canal 33; sucede también con El Faro, Factum, etc..

Cuenta además, con los equivalentes modernos de los matones, esquiroles y quema-libros de los tiempos de Hitler y Mussolini, los ejércitos de troles y bots, cuentas falsas y automatizadas que se lanzan a insultar, amenazar y vilipendiar tanto a periodistas como a cualquier persona que se oponga de manera destacada al mesiánico ocupante de la casa presidencial.

Estos ataques son aún mas enceguecidos si se trata de atacar mujeres. En este sentido, si algo caracteriza la actitud de los fanáticos seguidores y el círculo más cercano del presidente, es su actitud misógina, denigrante hacia la mujer y, sobre todo, profundamente cobarde.

Si las cosas quedaran en el terreno de lo virtual, podría prestarse menos atención al asunto, pero lo cierto es que el odio generado en las redes sociales del presidente ha comenzado a volcarse a las calles. Quizás la primera acción de matonería haya sido la toma del Palacio Legislativo, pero ya ha habido diputados que sufrieron emboscadas  de energúmenos con teléfono en mano gritando y grabando insultos de todo tipo para provocar reacciones violentas. Otros lanzan amenazas desde carros frente al Parlamento, convenientemente rodeados de policías que se limitan a dejarlos hacer. Reproducidas estas escenas en las redes sociales, el ambiente se va caldeando y se puede claramente percibir el creciente nivel de beligerancia, odio y violencia.

Durante los primeros meses del nuevo gobierno solo las voces más politizadas reclamaban conocer el plan de gobierno, la guía de viaje según la cual El Salvador navegaría los próximos 5 años, porque de no tenerlo, el Ejecutivo estaría trabajando sobre la base de la improvisación y la respuesta coyuntural.

Al desatarse la pandemia del COVID-19 y llegar las primeras alertas, aquellas señales de falta de planificación se transformaron en clarísimas muestras de un gobierno que actúa no solo de manera improvisada sino que solo improvisa el Presidente. El resto del gabinete ha demostrado una falta alarmante de capacidad y formación, desde los máximos asesores jurídicos hasta los ministros de carteras clave. Sin excepción, todos los integrantes del actual gabinete de gobierno han demostrado ser absolutamente incapaces de contradecir a su presidente, incapaces de expresar pensamiento propio. Un conocido analista definía el actual gabinete como “el de peor formación profesional desde que tenga memoria, y eso incluye las dictaduras de los gobiernos del PCN”.

En realidad, para un gobierno autocrático como el de Bukele no es posible concebir un mejor gabinete, reducido a cumplir órdenes presidenciales con una actitud absolutamente servil. El caso de la contaminación de las aguas, el desastre de la Residencial Santa Lucía, las órdenes a sus ministros para despedir personal, abrir o cerrar calles, construir puentes o lo que pase por la cabeza del presidente, mostró un equipo de trabajo dispuesto a responder de inmediato y por la misma vía, acatando las “órdenes”. Lejos, muy lejos de lo mínimo esperado para un gabinete de gobierno con algo de dignidad.

En este escenario, de improvisación, debilitamiento democrático, utilización de las fuerzas armadas y policiales al servicios de los intereses del presidente, oscuridad en el manejo de los fondos públicos y privilegios hacia un grupo de poder económico en detrimento del resto de los sectores, la comunidad internacional comenzó a ver cada vez más críticamente a un gobierno crecientemente intolerante e incipientemente represivo.

Es en esas circunstancias que llega a El Salvador y al mundo la pandemia COVID-19, y, en nuestro caso, una fuerte tormenta tropical coincidente con la conmemoración del primer año de gobierno. Excusa perfecta para explotar la vena autoritaria del gobierno. Tema que trataremos en la segunda parte.

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