Aniversarios, encuestas, limosnas y paradojas

En la semana que acaba de finalizar se recordaron en El Salvador los 33 años de la firma de los Acuerdos de Paz.

Denostados por el oficialismo negacionista y reaccionario, que prefiere eludir cualquier referencia, e incluso entorpecer cualquier recordatorio de la gesta, pero reivindicados por el protagonista de aquellos eventos, el pueblo salvadoreño, que no olvida que, de punta a punta del país, salió a las calles aquel enero del 92, a celebrar la oportunidad de respirar en libertad y de abrazar la posibilidad de tomar en sus manos su destino.

El FMLN, fuerza beligerante, posteriormente convertida en partido político, fue el catalizador de aquellas ilusiones y esperanzas hasta entonces postergadas.

Más allá de las burdas mentiras de un régimen como el que actualmente rige El Salvador, construido sobre el engaño y la manipulación, y que promueve activamente la ignorancia de los hechos históricos entre las nuevas generaciones, la trascendencia mundial del 16 de enero de 1992 sigue resonando en las cancillerías del mundo, en las academias y hasta en las escuelas de guerra.

Tampoco olvidan aquellos hechos los pueblos hermanos, entonces en guerra, que vieron la posibilidad de resolver sus conflictos armados por la vía del dialogo y la negociación. Esos acuerdos no solo fueron estudiados en casos como el guatemalteco o el colombiano, sino que la experiencia trascendió a conflictos de larga data en África, donde escudriñaron cada detalle de las propuestas insurgentes, incluidas aquellas que por una u otra razón no fueron finalmente aceptadas o incluidas en los textos definitivos de los acuerdos.

Subrayamos el término, negociación, porque las burguesías y oligarquías han sido muy dadas a llamar al “dialogo”, palabra muerta si de allí no se adoptan resoluciones efectivas que cambien realidades; suelen negarse, como sucedió en El Salvador, a cualquier “negociación” que pueda cambiar realmente el estado de cosas, o al menos establecer un nuevo plano para las relaciones políticas, económicas y sociales. Hasta que, como enseña la experiencia salvadoreña, esas clases dominantes son obligadas por las circunstancias, las fuerzas populares beligerantes, la comunidad internacional y los pueblos del mundo, a aceptar ese camino.

Ese proceso que abrió paso a la incipiente democratización del país, después de enfrentar más de 60 años de dictaduras, está a la base de la actitud negacionista y resentida de quienes gobiernan El Salvador con el estilo de aquellos tiranos que hoy se pudren en los basureros de la historia.

La paradoja, en este caso, es que fue como producto de aquellos acuerdos que los actuales mandamases de Casa Presidencial, lograron hacerse con el poder del Estado, explotando las reglas de juego (y también las debilidades) de un sistema imperfecto, pero que había permitido a la sociedad salvadoreña buscar caminos alternativos para resolver sus diferencias y conflictos de clase por medios que evitaran, en lo posible, las confrontaciones violentas.

El pueblo salvadoreño inició un largo proceso de ejercicio de participación popular(limitado, justo es reconocerlo, por diversas razones que merecen un análisis por separado), construyendo incipientes formas de democracia directa, de democracia asamblearia y de otras expresiones iniciales de poder popular que fueron, en esta primera etapa de su experiencia democrática, neutralizadas por la hegemónica versión dominante de democracia representativa liberal burguesa.

Casi 30 años después, aquellas circunstancias permitieron al clan en el poder convertir esa democracia limitada en una dictadura en toda regla.

Usar los instrumentos de la democracia burguesa para aplastarla y con ella los derechos del pueblo, no solo representa una paradoja sino un peligro incipiente que deberá ser neutralizado cuanto antes por el pueblo organizado, porque fueron circunstancias similares, muchas décadas atrás, las que conformaron el caldo de cultivo para el más severo y violento conflicto interno que protagonizó un país pletórico de conflictos internos a lo largo de su historia.

Encuestas y realidades

Esta semana se conoció la acostumbrada encuesta de opinión elaborada por el Instituto Universitario de Opinión Pública, de la Universidad Centroamericana “José Simeon Cañas” (IUDOP, de la UCA). Este instituto mide anualmente la percepción ciudadana del gobierno en turno, de sus instituciones y de los problemas que percibe la población como más urgentes o acuciantes.

El estudio “La población salvadoreña evalúa la situación del país al cierre del año 2024[1]” resulta revelador y paradógico. Hace pocos meses, otro estudio, de la Universidad Francisco Gavidia, había revelado un dato curioso: la población veía que las cosas iban mal, que su economía se deterioraba, que el salario no alcanzaba; aún en esas circunstancias, la población encuestada manifestaba “fe” en que las cosas mejorarían. Una confianza sin asidero alguno en una realidad que indicaba previsiblemente la continuidad del deterioro.

Hoy el estudio de IUDOP, señala que el pueblo sigue resintiendo una economía catastrófica, que afecta al menos al 75.7% de la población encuestada (¿Qué problema enfrenta El Salvador? Respuestas: economía, 44.3%; desempleo, 16.3%; pobreza, 7.1%; alto costo de la vida, 6.6%; alza del precio de la canasta básica, 1.4%). Este problema no ha dejado de crecer en la perspectiva popular desde mayo de 2021, cuando el 31.3% de personas encuestadas lo identificaban.

Al mismo tiempo, al consultar cuáles de esos problemas del país que han identificado, les afectan personalmente, el 69.8% los señalaron (economía, 33.3%; desempleo, 15.6%; alto costo de la vida, 13.3%; pobreza, 4%; alto costo de la canasta básica, 2.3%; bajos salarios, 1.3%).

Pero, cuestionados esos ciudadanos si el país está mejor o peor que el año anterior, solo el 10.9% asegura que está peor, mientras un 68.8% lo percibe mejor que años anteriores. Otras paradojas, la proporción de personas que opina que su situación económica familiar mejoró se ha reducido en casi 8 puntos porcentuales respecto al año anterior. Un 65% reportó haber reducido la cantidad de alimentos que compra, mientras un 35.2% adquirió nuevas deudas durante 2024.

Resulta curiosa la coincidencia de porcentaje entre quienes se sienten afectados directamente por la cuestión económica (69.8%) y quienes ven positiva la perspectiva respecto del año anterior (68.8%). La respuesta está en la seguridad, que la población percibe mejorada, atribuyendo a ese rubro un 67% de la mejoría en el país. Solo 2.2% de encuestados identifica la economía como una mejora respecto de 2023.

El régimen reconoce que el “efecto Bukele” y la seguridad resultan determinantes para sostener el esquema de dominación diseñado hace más de un lustro. Aunque la seguridad ha dejado claramente de ser un tema de preocupación central para la mayoría (sólo el 1.7% la identificó como un problema importante), la propaganda oficial no deja de machacar sobre el tema y lo usa como excusa para renovar indefinidamente las limitaciones a las libertades ciudadanas mediante el régimen de excepción.

Son dos los elementos señalados con los porcentajes más altos de aprobación, aunque en ambos las cifras caigan levemente respecto del año anterior: el presidente (8.13/ 8.54) y la fuerza armada (7.93/8.02). Justamente, los dos estamentos en los que el régimen viene invirtiendo ingentes cantidades del presupuesto nacional en el cuidado de su imagen y promoción. Es importante señalar que la encuesta fue realizada días antes que el presidente anunciara y promulgara la impopular ley de minería metálica, que sin duda afectará estos datos.

Por otra parte, los resultados coinciden con la tendencia ya señalada en otras ocasiones por instrumentos como Latinobarómetro, acerca del nivel de aceptación de modelos autoritarios y una marcada tendencia poblacional a definirse en favor de corrientes conservadoras y de derecha.

Sin duda elementos a estudiar junto con la baja calificación que reciben los partidos políticos producto, en parte, de la propaganda negativa permanente desde el gobierno, y de una narrativa anti-política que ha ido calando a lo largo de los años.

Se trata de importantes desafíos para los institutos políticos, muy en especial para el FMLN, en cuyo ataque se centra el gobierno, en tanto se le identifica como la única oposición política extraparlamentaria, consolidada y activa en su labor de resistencia territorial, junto al pueblo y las organizaciones sociales de carácter popular; una abierta oposición de izquierda contra el régimen dictatorial y usurpador.

Elementos como la debilitada economía, tanto familiar como en sus expresiones macro, así como la amenaza a la vida que significa el impulso a la minería metálica, o la prioridad oficial a los grandes negociados y a los conglomerados extranjeros por sobre los intereses de municipios y de la población en general, marcan las previsibles confrontaciones con el gobierno.

Populismo reaccionario

Esta semana, el oficialismo dio muestras de preocupación, recurriendo a una de las estratagemas más bajas del populismo reaccionario. Luego de iniciar a fines de año una salvaje campaña de despidos masivos en el sector público para acomodarse a las exigencias del FMI, y de imponer a golpe de decreto legislativo la impopular minería metálica, la dictadura recurrió a una cadena nacional de medios para anunciar el pago al 95% de la población, de hasta $80 del recibo de energía eléctrica y de hasta $30 del recibo de agua del mes de enero.

Calculan que harán olvidar a la gente el alza de esos mismos servicios o el hecho de que el presupuesto 2025 redujo un 9% la población beneficiaria de esos subsidios. Por otra parte, como no identificaron el origen de los recursos destinados a esta maniobra, es de asumir que se cargará a los préstamos ya adquiridos, y que será el pueblo que recibe este “regalo” el que deberá pagarlo con intereses.

No es la primera vez que el gobierno “regala” dinero para acallar voces. Esta vez rebajó el precio de la oferta. En 2020, además de entregar cajas de ayuda alimentaria, que ocultaban una enorme maniobra de corrupción, involucrando al entonces ministro de Agricultura, Pablo Anliker, el autócrata ordenó el pago de $300 a un porcentaje importante de población. Fue suficiente para comprar conciencias, hacer olvidar desalojos, despojos e injusticias, y moderar las quejas de una población sometida a una guerra cognitiva y al bombardeo indiscriminado de información falsa.

El precio de la libertad en El Salvador, dijimos hace poco, era de $300. Parece que la dictadura ha rebajado ese precio. Hoy calculan que con $110 o menos, alcanza para controlar las quejas.

En dos semanas que lleva el año ya se cuentan dos manifestaciones de protesta, la última este mismo domingo 19, nutrida y juvenil, que dejó claro que si el gobierno decide continuar con su proyecto minero tendrá enfrente un pueblo movilizado, activo y combativo. El régimen necesitará bastante más que maniobras de populismo reaccionario para enfrentar una situación que está mostrando un salto de calidad en organización y consciencia popular.

[1] https://uca.edu.sv/iudop/wp-content/uploads/2025/01/PPT-Ev-Anio-2025.pdf