El Salvador: Un balance necesario (I)

Es tiempo de balances y evaluaciones. En el caso de El Salvador, cualquier mirada hacia el año 2024 debe necesariamente partir del hecho innegable de que comenzamos un periodo despótico, con un gobierno de facto, que solo tiene un antecedente en otro dictador de similar pelaje, Maximiliano Hernández Martínez (1931-1944), proclamado presidente, al igual que el actual, violando prohibiciones constitucionales que impedían su reelección.

Un paso más en una larga serie de pasos dados previamente, con el objetivo estratégico del desmontaje institucional del Estado burgués, construido por las oligarquías cafetaleras de los siglos XIX y XX, y que no se ajusta ya a los intereses de los nuevos grupos burgueses emergentes que se hicieran con el poder cinco años antes.

Violando la Constitución, el actual usurpador tomó posesión de su segundo periodo presidencial este 2024 prometiendo mejorar la economía, pero, sobre todo, exigiendo a sus seguidores desde la plaza pública obediencia ciega, sumisión y “no quejarse ni escuchar a los enemigos del pueblo”, eufemismo dedicado a todo sector que se atreviera a cuestionar el proyecto mesiánico y clasista burgués.

Revisar el comportamiento de los cinco años previos del bukelato y los movimientos iniciales del segundo periodo, ya como usurpador del poder en toda regla, solo muestra un éxito, y solo uno, los avances en seguridad ciudadana. Innegables pero cuestionables en varios aspectos.

En primer lugar, su nivel de veracidad dada la comprobada -y perennemente negada desde el poder- negociación con las pandillas hasta su ruptura en marzo de 2022 y, en segundo lugar, los métodos salvajes y despóticos utilizados para lograr el objetivo de reducir radicalmente los homicidios (único nivel de delitos que objetivamente, y de acuerdo a cifras conocidas, observaron un drástico descenso).

Esto último no es cuestión menor, en la medida que organismos nacionales e internacionales señalan ya con claridad diversos eventos calificados como crímenes de lesa humanidad. Se contabilizan hasta el momento 350 prisioneros muertos en las cárceles bajo el régimen de excepción que lleva ya 33 meses ininterrumpidos (otra violación permanente de la Constitución).

Más allá de lo que hoy piensen, desde la arrogancia del poder absoluto que controlan, esos crímenes no prescriben ni tienen límites jurisdiccionales fronterizos; de tal modo que los mismos que hoy se ríen del pueblo y sus penurias, al considerar eterno su poderío, descubrirán tarde o temprano que serán perseguidos hasta ser encontrados por la justicia, cualquiera sea el agujero remoto en que piensen ocultarse.

Escudado en una política de oscuridad y ocultamiento de toda información oficial, que impide cualquier control ciudadano del manejo de fondos y, sobre todo, conocer a quiénes benefician las decisiones del Ejecutivo, el régimen arrastra al país a cifras que lo hacen retroceder a décadas lejanas.

Cada dato muestra dos elementos centrales, la mentira oficial y el retroceso que pretenden negar. Así, El Salvador es el país con menor crecimiento económico en Centroamérica y el de menor inversión extranjera; la pobreza relativa y la pobreza extrema no solo crecen, sino que se han disparado, lo mismo que sucede con la desigualdad, en la medida que la concentración de riqueza se profundiza. Continúa el flujo de migrantes a pesar de las delirantes declaraciones de la representación diplomática en Washington que con todo descaro habla de migración inversa.

También mienten a los jubilados a diario desde que presentaron su reforma de pensiones, que amplió la tasa de ganancias de los operadores de esos fondos, mientras toman, sin pagar intereses y sin obligación de reembolso al menos hasta 2027, los fondos de los trabajadores, para seguir jugando al casino de la especulación y el endeudamiento crónico. Hasta el momento son ya más de dos mil millones de dólares tomados de los fondos de pensiones por el mismo Ejecutivo que juró que la reforma impediría al gobierno acceder a ellos.

A noviembre, la deuda pública alcanzaba los 32 mil millones de dólares. Las importaciones superan por mucho las exportaciones, y caen bruscamente todas las exportaciones tradicionales, en particular el café y el azúcar que registraron una fuerte caída en octubre, según datos del Banco Central de Reserva (BCR). En ese rubro las ventas cayeron hasta los $7.79 millones en octubre, cuando en enero fueron de $57.34 millones.

En diez meses, la exportación de productos tradicionales sumó $307.24 millones, frente a igual período de 2023 que fue de $325.74 millones.

Según el Instituto Salvadoreño del Café (ISC), los ingresos acumulados por las exportaciones del grano cayeron un 25.4% durante la cosecha 2023-2024. Entre enero y octubre las exportaciones fueron de $129.33 millones, mientras que en el mismo lapso de 2023 habían sido de $143.24 millones.

Si hablamos de un éxito y solo uno del régimen en más de 5 años, hablamos entonces de un fracaso en cada una del resto de áreas a las que se abocó.  Cuando nos referimos a fracasos, lo hacemos por supuesto tomando el punto de vista de la nación y los intereses del pueblo porque, justo es decirlo, el régimen tiene ganadores indiscutibles pero, al fin de cuentas es para ese minúsculo grupo en el poder, que ese poder fue conquistado.

Las grandes apuestas del bukelismo en su primer periodo fueron el bitcoin, la exención de impuestos a grandes capitales, beneficiando iniciativas especulativas, en particular la inmobiliaria de alto nivel adquisitivo, y su apuesta por el turismo.

La falta de garantías en materia de Estado de Derecho y seguridad jurídica, empeoró aún más las cuentas del Estado, dificultando la colocación de bonos internacionales en mercados financieros.

Al cierre de 2024, como apuestas para este segundo periodo, hemos visto la decisión de legalizar la minería. Otra gran apuesta próxima a concretarse, es un salvavidas, el préstamo de $1,400 millones del FMI a cambio de seguir golpeando con toda la violencia institucional del Estado a la clase trabajadora y a las grandes mayorías.

¿Vox Dei?

El 23 de diciembre, con 57 votos a favor de la bancada oficialista y sus cómplices se aprobó, en una oscura sesión del legislativo, una de las mayores infamias de las numerosas cometidas por la banda de vendepatrias que usurpa el poder del Estado.

Desde que llegó al gobierno el grupo burgués emergente, con su visión extremista neoliberal y su intención de convertirse en clase hegemónica dominante, y en una nueva oligarquía, poniendo el país a su servicio, utilizó como escudo para sus fechorías la narrativa populista que afirma que el jefe del clan a cargo del Ejecutivo gobernaba obedeciendo dos voluntades: la popular y la divina.

También este relato se empieza a caer, como ya se había caído en la primera gran derrota del bukelismo, el intento fallido de imponer el bitcoin, al cual hoy, bajando la cabeza ante el FMI, retira de su ficticia posición como moneda de curso legal en el país. Aquel relato de supuesto mandato divino y obediencia al pueblo se estrella violentamente contra una realidad incontrastable.

La inmensa mayoría de la población rechaza la imposición del retorno a la minería metálica. Encuestas serias lo señalan de manera consistente. El estudio reciente más difundido es el del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), de la UCA,[1] que consultó a la población salvadoreña si considera que el país es o no apropiado para la minería metálica. El 59.2% de la población respondió que considera que El Salvador no es apropiado para dicha actividad, un 23% dijo que sí.

También, se consultó cuál creía que sería el principal impacto de la minería metálica sobre el medio ambiente. 7 de cada 10 encuestados mencionó un impacto negativo: contaminación de las fuentes de agua (29.9%), contaminación de la tierra (3%), contaminación del aire (2.5%), contaminación general del medio ambiente (15.6%), deforestación (7.7%), deterioro de la superficie de los suelos (1.3%), destrucción de la flora y fauna en el país por la contaminación (1.3%) y aumento de enfermedades en la población (3.6%), entre otros.

Más allá del discurso populista que pretende vender la idea que el extractivismo beneficiará al país, el 60.6% considera que, en caso de aprobarse la minería metálica en El Salvador, será el Gobierno quien recibirá la mayor parte de la riqueza generada por esta actividad; un 32.4% piensa que serán las empresas y apenas un 2.7% cree que serán los trabajadores.

El 94.9% de la población salvadoreña advierte que vivir cerca de una mina representa algún nivel de peligro. Venden desde el oficialismo la falsa idea de la creación de empleos con la minería, pero el 91.9% declaró que no le gustaría trabajar en una mina.

Ni encuestas como estas, publicadas inmediatamente antes de la sesión legislativa convocada para “tratar” el tema, ni las manifestaciones convocadas frente al recinto legislativo (bloqueado, como de costumbre, por las fuerzas antimotines policiales) para expresar el rechazo a la medida, ni las diversas expresiones contrarias a derogar la ley que prohibía la minería, como las de la Iglesia Católica desde su máxima jerarquía, sirvieron de nada ante la decisión del gobierno de avanzar en el contubernio con las multinacionales mineras, aprobando una ley lo suficientemente laxa para que el Estado pueda adjudicar a dedo la “colaboración” de empresas privadas para la explotación.

Aquí no importa la voluntad popular, como sostiene el oficialismo en un discurso muy similar al que adoptan sus congéneres extremistas del norte y del sur, Donald Trump y Javier Milei, pasando por Bolsonaro y compañía. Cada uno de ellos, escudados en el recurso de cumplir el mandato popular, avanzan aplastando conquistas, entregando importantes porciones de riqueza a sus socios. Uno desde el centralismo hegemónico imperial y el resto desde la dependencia periférica, coinciden en políticas destinadas a romper la cohesión social, el sindicalismo independiente y cualquier forma de resistencia al avance neoliberal más salvaje que se haya conocido.

Estos personajes y las fuerzas que representan se imponen gracias a la penetración del discurso derechista en una gran parte del mundo capitalista a lo largo de décadas de neoliberalismo, y de frustraciones populares causadas por las tibias y vacilantes políticas adoptadas por las fuerzas progresistas cuando tuvieron la oportunidad de gobernar, sin cambiar nada sustancial desde el punto de vista sistémico.

Para ello, estos extremistas de derecha potencian los prejuicios, miedos y fobias ya instalados por sus discursos de odio. Culpan a minorías y a políticos anteriores de situaciones críticas que ni siquera son tales, sino producto de narrativas catastrofistas.

Trump culpa a los inmigrantes por el deterioro de los salarios, ocultando que contribuyen al crecimiento y generan importantes ingresos fiscales. Bukele utiliza la narrativa de enemigo interno, constituido por el arco de la oposición, sea esta política o social. Milei se montó en el mismo discurso para construir el concepto de “la casta política” y culparla de todas las desgracias argentinas.

Cuando estas fuerzas encuentran una oposición más o menos robusta, comienzan a socavar credibilidades. Esta misma semana tenemos un ejemplo en El Salvador.

La posición de la jerarquía católica, tradicionalmente complaciente con el régimen, hasta haber llegado a mantener un silencio cómplice ante denuncias muy extendidas de violaciones a innumerables derechos, esta vez se sintió compelida a expresarse en contra de una medida a todas luces perjudicial para el país, el medio ambiente y en particular para la vida de las comunidades más humildes que lucharon exitosamente en el pasado, pagando un alto precio en vidas, hasta lograr la erradicación de la minería metálica en el país.

Revertidas aquellas medidas, desoyendo toda voz contraria, no tardó ni un día un periódico filo-oficialista en iniciar una campaña “inspirada” en los centros de manipulación de opinión pública y propaganda del régimen.

La portada de diario El Mundo del día 27 de diciembre, cuatro días después del nafasto decreto legislativo en cuestión, anunciaba: “El Salvador es de los países menos católicos en América Latina”, esto a partir de datos de Latinobarómetro del mes de diciembre.

Resulta curioso, porque hay una enorme cantidad de datos ofrecidos por esta publicación que a simple vista resultarían más relevantes, tales como el nivel de población que se considera de derechas o de izquierdas, o la valoración del estado de la democracia, por citar dos ejemplos. Sin embargo, el titular y el tema elegidos no pueden llevar sino a la sospecha de una maniobra intencionada para deslegitimar una voz crítica en un tema de interés para el gobierno.

La represión también es clasista

“El dinero alcanza cuando nadie roba”, afirmaba con frecuencia el dictador antes de serlo; hoy la frase la utiliza su Dirección de Obras Municipales (DOM), como lema de ese engendro especulativo y herramienta para el desvío de dineros públicos, que coordina y ejecuta la obra pública municipal. Alcanza cuando nadie roba, pero ya no les alcanza ni para pagar salarios y aguinaldos de sus trabajadores.

Como es natural, los trabajadores se organizaron y protestaron en defensa de sus derechos laborales. Pero en este “país de la libertad infinita” que propaga a los cuatro vientos el aparato de propaganda gubernamental, el recurso patronal fue la captura de tres trabajadores, que participaron el jueves 26 en una protesta pacífica en su lugar de trabajo.

De acuerdo con los trabajadores, al menos 50 de ellos participaron en la protesta para exigir los pagos adeudados y señalaron que tras la captura de sus compañeros se sienten amenazados. “Tenemos temor porque nos han dicho que la Policía anda una lista de los trabajadores y nos anda buscando para capturarlos. Todo esto se originó por exigir el pago de nuestros sueldos, que a la fecha ya nos deben cuatro semanas, no nos han pagado lo que por ley nos corresponde y dicen que lo harán hasta el otro año y no es justo”, dijo un trabajador bajo anonimato.

Al mismo tiempo, y junto a los ya 4 mil empleados públicos expulsados de sus puestos de trabajo antes de llegar al fin de año, agrupaciones sindicales dieron a conocer que 58 sindicatos salvadoreños han sufrido despidos o han disuelto las instituciones para las cuales laboraban. Al cierre de 2024, se ha despedido a más de 450 representantes sindicales de instituciones públicas a nivel nacional, según denuncian los sindicalistas.

Los salvadoreños están ignorando la ola de despidos ocurridos desde noviembre de este año, subraya una dirigente sindical. “Lamentamos lo que está pasando, lamentamos que las personas no saben lo que sucede dentro de las instituciones porque todos andan bien contentos en el Centro Histórico disfrutando de la villa navideña; […] es doble discurso porque en cada ministerio se están despidiendo trabajadores y detrás de ellos hay una familia, luego vemos al presidente con sus hijas deseando una feliz Navidad”.

Todas estas son manifestaciones tempranas del desgaste del proyecto autoritario del bukelismo y del grupo empresarial en el poder que, una vez iniciado el proceso de ajuste ordenado por el FMI, y avanzadas las medidas de despojo de las riquezas nacionales, para enriquecimiento de esa élite y de la multinacionales a las que se asocian, han decidio ya pasar a la represión más abierta.

Para implementar el avance sobre los derechos de la clase trabajadora, los sectores públicos, los informales, el pueblo en general y las grandes mayorías empobrecidas, y excluídas de los proyectos orientados al goce exclusivo de la nueva burguesía, ese poder autoritario se escuda en un régimen de excepción que nada tiene que ver con lo que aducen desde las instituciones de seguridad. Se trata de disciplinar a la clase trabajadora, desmantelar sus sindicatos y formas organizativas, amedrentar a la prensa crítica, y limitar la capacidad de defensa jurídica de las víctimas de abusos de autoridad, del entreguismo y de la especulación financiera e inmobiliaria que se extienden por todo el país.

Ante ello, queda cada vez más claro que lo que viene para el año próximo será mas lucha del campo popular, más resistencias y, seguramente, más confrontación con un régimen asentado en la imposición, el autoritarismo y la militarización, con una fuerza armada al servicio del poder dictatorial, que ha reconstruido a lo largo de los años la idea nefasta del enemigo interno, que tanto dolor y sufrimiento trajo en el pasado al pueblo salvadoreño y a los pueblos de Nuestra América.
(Continuará)

[1] https://uca.edu.sv/iudop/wp-content/uploads/2024/12/Bol.-Mineria-2024.pdf