Retroceso histórico en El Salvador

El 9 de febrero de 2020 quedará en la historia de El Salvador y en la memoria de su pueblo como el Día de la Infamia, el punto más oscuro y bajo de la joven y aún frágil democracia en este pequeño país centroamericano.

28 años después de que se silenciaran los fusiles, dando paso al ejercicio pleno de las libertades democráticas, libertad de expresión, separación de poderes, y una efectiva circunscripción de la fuerza militar al ámbito de la defensa de la soberanía nacional, como instancia no deliberativa dependiente de la autoridad civil emanada de la voluntad popular, ese orden tan duramente construido, se rompe en una calurosa tarde de domingo.

Un Bukele antidemocrático

Con la excusa de resolver necesidades presupuestarias para financiar parcialmente su plan de seguridad, el presidente Nayib Bukele exigió al legislativo la aprobación de un préstamo internacional, dando un ultimátum a los legisladores, y por lo tanto irrespetando las normas constitucionales. En los últimos tres días Bukele y su gobierno violaron una serie de leyes con un descaro absoluto. Por ejemplo, convocar a través del Consejo de Ministros a reunión plenaria extraordinaria del órgano legislativo, sin tener facultad alguna para hacerlo, en tanto no existían las causas establecidas en la propia Constitución para poder hacerlo.

Conminó a los diputados a presentarse a las 3 de la tarde del domingo “a trabajar”, en el folklórico lenguaje de este personaje que sigue mostrando cada vez con mayor fuerza sus dotes de manipulador de masas, de tergiversador de la verdad, de populista extremo, capaz de insultar públicamente a sus adversarios, a la par que incita a la población  a que prepare “la insurrección popular” bajo su mando, si el domingo no se cumplía con sus caprichos y exigencias.

Un golpe militar

En suma, El Salvador fue testigo el 9 de febrero de un golpe militar organizado por el presidente del Ejecutivo, contra los otros poderes del Estado, en primer lugar, contra el Legislativo. Las primeras acciones comenzaron el jueves, 6, con una conferencia de prensa donde conmina a los diputados a aprobar su demanda presupuestaria, continúa el viernes en la noche con el asedio a domicilios particulares de parlamentarios, el retiro de sus elementos de seguridad personal, establecidos por Ley, a altas horas de la noche del viernes, y el despliegue de fuerzas militares y policiales en lugares estratégicos de la capital, incluyendo el entorno de la emblemática Universidad de El Salvador, institución de altos estudios de carácter publico, que fuera conocida en los años 70 y 80  por la represión a que se vio sometida por las fuerzas de la dictadura de entonces.

También se desplegaron fuerzas militares y policiales en torno a las sedes del partido FMLN, única fuerza de izquierda democrática y revolucionaria en el país, y por supuesto rodeó militarmente el predio legislativo. Para llevar a cabo sus amenazas el presidente convocó “al pueblo a acompañarlo” en esta suerte de cruzada, que cada vez tenía más tintes de mitin fascista al estilo de la quema del Reichtag en el nacimiento de la Alemania nazi.

Para un pueblo que sufrió la represión y la guerra civil, la desaparición, tortura y asesinatos a manos de las fuerzas armadas  y la policía en los oscuros años de la dictadura, resultó insultante ver soldados con armas largas y gorros navarone ocultando sus rostros,  irrumpir en el recinto legislativo y ocuparlo junto con fuerzas policiales antimotines.

Las imágenes de un parlamento militarizado, con muchos más militares que la escasa veintena de legisladores que acudieron, para su escarnio, al ilegal llamado presidencial,  resultaron repugnantes tanto para los salvadoreños como para la comunidad internacional, que con rapidez dio a conocer su condena ante estos hechos.

Pero más repugnante resultó oír al presidente de El Salvador, asumir ilegalmente la presidencia de un órgano de Estado, usurpando funciones, invocando supuestas “voces divinas” y de inmediato salir ante una masa de unas 4000 personas (todo lo que pudo que pudo movilizar recurriendo a la coacción de funcionarios públicos y al uso de  fondos del Estado), a insultar a los diputados, amenazar nuevamente con la “insurrección popular” y reincidir en sus ilegales convocatorias para el próximo domingo a una plenaria extraordinaria, de no cumplirse sus deseos.

Lo que parece una parodia resulta en realidad una tragedia, porque representa el fin de un periodo de casi tres décadas donde la razón y el equilibrio primó sobre cualquier posible tentación golpista. Hoy toca reconstruir ese jarrón roto. Y no será fácil.

Reestablecer el estado de derecho

Estamos frente a “un mono con cuchillo”. En primer lugar será necesario “quitarle el cuchillo al mono”. Es decir, será necesario que la Ley vuelva a prevalecer, que los diputados recuperen su espacio legítimo, usurpado por un grupo de matones, y comiencen a girarse las órdenes de comparecencia ante el Parlamento, de cada uno de los funcionarios responsables de haber quebrantado leyes que hasta el 9 de febrero resultaron sagradas. Su destitución sería lo único aceptable.

En segundo lugar, la ley debe volver a imperar desde el sistema de Justicia, que ya comienza a recibir las demandas correspondientes para demostrar que nadie, ni siquiera un presidente de la República, puede estar por encima de la Ley.  Y que si la quebranta, la ley misma tiene los procedimientos para castigar a este ciudadano que, cada vez resulta más evidente, no parece tener las facultades psíquicas ni emocionales para el puesto que ocupa.

Finalmente, muchos ven en las acciones de Bukele, un inicio de carrera electoral, y consideran lo del fin de semana un espectáculo de dimensiones extraordinarias. Sin embargo, si el imperio de la Ley prevalece deberían ser escasas las posibilidades futuras de que un sujeto como el actual presidente pueda continuar su carrera política. Esto incluye a su partido, Nuevas Ideas, cuyas sedes fueron espacios desde donde tomaban posición y se preparaban las fuerzas golpistas.

El camino a la dictadura

Los recuerdos de Perú con Fujimori, de Ecuador, Paraguay, Honduras, Venezuela, y recientemente Bolivia, son todos sinónimo de lo que busca Bukele en El Salvador, instaurar una dictadura. Esto no puede dejarnos indiferentes ni a los salvadoreños ni a la comunidad internacional que ya ha comenzado a expresar su condena ante las acciones del presidente de El Salvador, incluidos congresistas estadounidenses, organismos de DDHH, la Unión Europea, la COPPPAL y el Foro de Sao Paulo, entre muchos otros.

A la hora de cerrar esta nota, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió demandas ciudadanas contra las medidas adoptadas por el Ejecutivo de Bukele y estableció medidas cautelares para evitar una ruptura constitucional.

Sin embargo, la respuesta del presidente a través de las redes sociales ratifica lo que aquí describimos. En su respuesta, rechazando y cuestionando la resolución, de obligatorio cumplimiento, afirma: “Por más resoluciones que emitan sabemos que van a tratar de proteger el sistema.  Estamos dispuestos a dar todo, incluso este cargo que, como la misma vida, es prestado.”  Solo le falta afirmar “El Estado soy yo”. Así actúa este personaje mesiánico, que fuera presentado por la prensa internacional, hace apenas 8 meses, como “El primer presidente millenial de América”.