El Salvador: Por un puñado de dólares
La profundización de la crisis económica en El Salvador está produciendo un deterioro acelerado del modelo, que pierde efectividad para controlar la creciente insatisfacción popular. Mientras tanto, el régimen extrema su servilismo y dependencia hacia “sus amigos en Washington”.
A nivel global, el retorno de Donald Trump a la presidencia de los EEUU y su decisión de aplicar una política de choque permanente, como señala Naomi Klein en su obra la Doctrina del Shock [1], tanto en su batalla contra el Estado Profundo, incluyendo la estructura de servicios de inteligencia y seguridad, como en su intención de restablecer el poderío hegemónico mundial perdido causa, en ambos casos, la profundización de contradicciones y resistencias. El mundo no parece dispuesto a aceptar sin más las decisiones y chantajes de un amo neocolonial, que hoy puede gritar y amenazar, pero está lejos de poder cumplir sus amenazas o imponer condiciones en una realidad global profundamente cambiante.
El magnate inmobiliario al mando de un imperio venido a menos ha comprobado en pocos días que esas políticas agresivas funcionan únicamente cuando sus contrapartes (vistos como adversarios o enemigos despreciables, a menos que se sometan a sus designios), bajan la cabeza y aceptan servilmente las imposiciones.
La reciente gira del Secretario de Estado Marco Rubio por algunos países de la región centroamericana y el Caribe constituye un ejemplo de esta afirmación. También resulta ilustrativa la “guerra de aranceles” frustrada que pretendió imponer Trump a sus tres socios económicos más importantes, México, Canadá y China.
En ambos casos, se pudo comprobar que cuando a estos personajes, acostumbrados a ver y tratar al mundo con una óptica neocolonial imperialista, se les confronta con firmeza, en la defensa digna de derechos y soberanía, la reacción inmediata no es el ataque sino la retirada táctica. Sin embargo, ante la más mínima señal de debilidad de su presa los canallas avanzan sin piedad, a fuerza de imposición y chantaje.
Servilismo y sumisión
De la reciente visita del Secretario Rubio a la región destaca su política de garrote. Su velada amenaza en San José recuerda a un patrón visitando sus fincas: «Una de mis prioridades es asegurar que la política exterior de EE.UU. es una política en la que es mejor ser amigo que enemigo; es mejor ser aliado que alguien que crea problemas«, subrayó el martes pasado, durante una rueda de prensa conjunta con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves.
En Panamá, el presidente Mulino concedió a Washington lo que deseaba. El compromiso de no renovar el acuerdo de entendimiento firmado con China en 2017 deja abierta la puerta a revisar la concesión de los dos puertos que opera a ambos lados del Canal una empresa con sede en Hong Kong, C J Hutchison Holdings. En cuanto a migración y seguridad, EEUU refuerza su presencia en el Darién.
El gobierno de Costa Rica, aliado incondicional de Washington, mantiene una línea de rechazo al acceso de inversiones chinas en la región, mientras acepta la “colaboración” de la DEA y el FBI en tareas de seguridad conjuntas. Más o menos similar fue el trato en República Dominicana, un país gobernado por otro personaje de derecha afín ideológicamente a Trump, al punto que, desde que gobierna el presidente Luis Abinader, no han cesado las expulsiones y persecuciones de población haitiana refugiada, incluyendo la construcción de un muro fronterizo militarizado el cual, por supuesto, Rubio y su gobierno aplauden.
De Guatemala, único país junto con Belice y Paraguay, que sigue reconociendo a Taiwán, no era mucho lo que se podía esperar. El Presidente Arévalo aceptó los vuelos de repatriados, organizó su propio plan de bienvenida y aceptó recibir deportados de otras nacionalidades, reforzando además su frontera con México. No podían esperarse más que elogios de los supremacistas ante un presidente “progresista” que cumplía todos sus deseos.
Pero si alguien destacó en materia de servilismo y vergüenza nacional fue el presidente de El Salvador, quien ofreció al pro-cónsul imperial incluso más de lo que éste venía a exigir.
Lejos de asumir una actitud de estadista, obvió hacer mención alguna a la situación de miles de salvadoreños en peligro inminente de ser expulsados de EEUU, y buscó desde el primer momento escenificar un encuentro idílico, en un ambiente relajado, que diera la impresión de una reunión entre amigos.
Pero fue la visita de un patrón que llegaba a exigir. La sorpresa fue el nivel de entreguismo y ausencia total de dignidad por parte de un presidente que no dudó en ofrecer el territorio nacional para convertirlo en una extensión de presidios estadounidenses, y posiblemente de otros lugares del continente. La actitud servil del salvadoreño solo compite en lo rastrera con la del argentino Milei, que se apresuró a alejar a su país de la OMS, sin que nadie se lo pidiera.
Resulta evidente la desesperación gubernamental ante una crisis insuperable. A la avidez de recursos financieros, y la decisión de entregar el país a capitales extranjeros (por vía de la explotación turística, la especulación inmobiliaria y el extractivismo), se corresponde una creciente movilización popular en resistencia, que no deja de rechazar la minería metálica y sigue manifestándose, como sucedió este mismo domingo 9 de febrero. La respuesta oficial, crecientemente represiva, y la militarización anticipa una profundización del conflicto.
Resulta inocultable el trasvase de capitales de lo público a lo privado, el mal uso de las finanzas públicas y los acuerdos comerciales secretos con empresas y grupos privados extranjeros.
Se pueden ocultar las maniobras, pero resulta inocultable el hambre, los impagos, el robo a los fondos previsionales, el despojo a los ahorros cooperativos en el caso COSAVI, por grupos afines a Nuevas Ideas y municipios gobernados por ese partido, el cierre de escuelas y los despidos de docentes, la crisis en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y en la Salud Pública, expresada en citas con hasta un año de espera, falta de insumos e instrumentos, escasez de personal, y limitación a las órdenes de pruebas en laboratorios de análisis clínicos.
La crisis avanza sobre un país que solo es de “primer mundo” en los videos de propaganda oficial y en los discursos del dictador y sus cómplices. Al menos 30 escuelas han sido cerradas y la deserción escolar en todos los niveles va al alza según la información de especialistas en educación y dirigentes sindicales, pues el ministro de Educación, Mauricio Pineda, no responde a la prensa.
Hace dos años se interrumpió la reparación de escuelas en el país. 424 reparadas en los últimos cinco años resultan irrelevantes ante la promesa presidencial de septiembre de 2022, que aseguró que a partir de aquel anuncio se repararían 5,150 centros escolares.
Mientras tanto, datos recientes detallan que el Índice de Volumen de Actividad Económica (IVAE), creció 0.55% en noviembre, la cifra interanual más baja del año, según datos del Banco Central de Reserva (BCR). De 9 sectores analizados, cinco tienen cifras en rojo: 1) agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; 2) industria manufacturera; 3) construcción; 4) información y comunicaciones; y 5) actividades inmobiliarias.
Los despidos masivos del sector público y el cierre de empresas privadas no solo aumentaron los niveles de desempleo, sino que se reflejan en la caída de la recaudación fiscal a enero de 2025. Cayó el impuesto sobre la Renta (ISR), habiendo aumentado sólo el regresivo impuesto al Valor Agregado (IVA). Según el ministerio de Hacienda, los ingresos tributarios ascendieron a $709.8 millones el mes pasado frente a los $759.7 millones de enero 2024. Una caída de $50 millones, o el 6.6% de los impuestos recaudados. Por otra parte, datos del BCR indican que la deuda pública superó el 90% del PIB en 2024.
Finalmente, y para subrayar la desesperada situación finaciera, producto del descontrolado endeudamiento a altas tasas de interés, esta semana las AFP y los medios hicieron público lo que todo mundo sospechaba, el gobierno ha tomado el 80% de las cotizaciones de los fondos de pensiones de los trabajadores; esto en los primeros 18 meses de vigencia de la reforma que, supuestamente, aseguraría a los trabajadores sus ahorros, pero que terminó siendo el salvavidas del gobierno.
De acuerdo con la última información del BCR, en 2024 el gobierno tomó $1,031 millones del fondo de pensiones administrados por las AFP. La deuda total con dicho fondo es de $10,526 millones. Mientras bajan sus rendimientos, pocos aseguran a esta alturas que ese dinero será alguna vez devuelto a los trabajadores pensionados.
Una oferta desesperada
En medio de este desastre se empieza a comprender la oferta de Bukele de convertir a El Salvador en lo que alguna vez fue la Guyana Francesa o el actual Guantánamo; un país transformado en carcel, y cárceles convertidas en empresas privadas, como los grandes conglomerados privados que administran las prisiones en EEUU. Mientras los deportados salvadoreños siguen llegando al país, seguramente los propagandistas a sueldo del régimen saldrán a promover las “ventajas” de tener un país cuyo función en la división internacional del trabajo sea operar cárceles.
Seguramente anunciarán cifras de empleos directos e indirectos, pero el negocio en que piensa el clan Bukele es para ellos, a través de la comida, los uniformes, la seguridad, la construcción de cárceles, elementos de transporte y, por supuesto, condiciones miserables de vida de los internos para optimizar las ganancias, además de las que podría generar el trabajo esclavizado. Un retorno a las formas primitivas de explotación del siglo XIX.
La mayoría de cárceles privadas en EEUU se encuentran en las regiones sur y oeste del país. Algunas de las corporaciones que operan esas prisiones son: GEO Group, Corecivic (anteriormente Corrections Corporation of America), LaSalle Corrections, Management and Training Corporation. Desde hace años, las corporaciones que operan prisiones privadas están expandiendo su trabajo a otras áreas como el encarcelamiento electrónico, la detención de inmigrantes y el trabajo en prisión.
El gobierno estadounidense paga a los propietarios o gestores de las cárceles por cada recluso. Tener más presos significa más ingresos.
Geo Group y Corecivic son las dos corporaciones de EEUU con más inversiones en cárceles privadas. En el año 2020, sus ingresos combinados ya habían rebasado los 4.000 millones de dólares. Ambas son reconocidas donantes en las campañas de políticos como el presidente Donald Trump, y contratantes de firmas de cabildeo en favor de sus intereses ante las altas esferas del poder. Esta parece ser la verdadera razón del “agradecido escepticismo” de Trump y Rubio ante la oferta de su lacayo menor. Los donantes de campaña tienen, sin duda, prioridad.
No se trata de una cuestión de leyes. Es, como siempre, una cuestión de negocios. Así las cosas, posiblemente la sed de capitales y negocios del clan Bukele deberá esperar mejores oportunidades. Lo que no se recuperará es la imagen de un gobierno entreguista y vendepatria que no pretende ya ser patio trasero sino que, por un puñado de dólares, se rebajaba a ser el recolector en estas tierras de lo peor de la condición humana.
[1] Ver Klein, Naomi, “La doctrina del Shock. El auge del capitalismo del desastre”. Paidós Ediciones, 2010, 701 pp. [Toronto: A. Knopf Ed., 2007].
