En los días en que la pandemia empezaba a hacer estragos en El Salvador, Coralia (nombre ficticio), una niña de 12 años oriunda de Talnique, un cantón del departamento salvadoreño de La Libertad, dio a luz una bebita.
Crimen sin castigo
El violador y padre de la criatura, un hombre de 78 años, es el tío del padrastro de la menor que a su vez fue acusado de violación en otro momento.
Después de ese forzamiento, la niña empezó a orinarse en la cama todos los días. Norma, la madre, la castigaba y la llamaba «sucia». Cuando llevaron a la niña a pasar consulta a la unidad de Salud de la zona, la enfermera determinó que Coralia tenía cuatro meses de embarazo. Norma se preguntó cómo era posible que la pequeña hubiese quedado embarazada. «Esta niña no sale a la calle, no se relaciona, no tiene amigos». Traducido al lenguaje popular salvadoreño, era una niña «sin malicia».
Quién puso la denuncia de la violación fue la directora del centro escolar donde Coralia cursaba el quinto año de primaria. «Ni la unidad de salud ni el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA) elevaron el caso a la Fiscalía», dice Morena Herrera, directora de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, organización ciudadana que vela por la participación e intereses de las mujeres y las niñas.
La Colectiva intercedió con el Hospital de Maternidad para que la atendieran como un caso de embarazo de alto riesgo.
Aunque el agresor de Coralia fue procesado y el juez le impuso el pago de una reparación material de 600 dólares por los daños psicológicos causados, la pena no se ha cumplido.
Pobreza, ignorancia, violencia
Coralia volvió a la escuela. La Colectiva le donó una tablet y un modem para que no se quedara rezagada. Una donante anónima le compró una bicicleta para que pudiera movilizarse a la escuela con independencia. Recientemente, la niña pasó al séptimo grado. Aunque recibe clases en el horario vespertino, pasa las horas de la mañana en el centro escolar. «La tienen en la escuela todo el día con la intención de cuidarla y darle de comer», explica Verónica Salazar, miembro de la Colectiva Feminista.
Le gusta jugar al futbol; en una época soñaba con convertirse en estrella deportiva.
Al principio, cuando se hizo evidente que Coralia estaba embarazada, sus compañeros se burlaban de ella y la excluían. La directora tuvo que intervenir para cortar el hostigamiento. Pero no siempre hay una directora que ponga bajo su protección a una chica embarazada. A algunas las expulsan, afirma Salazar.
Las prioridades de la familia de Coralia no giran en torno a la educación, lo principal es la sobrevivencia. El grupo familiar se ubica en el nivel de pobreza extrema: se hacinan en una vivienda de una zona semirural cercana a la capital, donde tienen una pequeña parcela en la que cultivan maíz. Cortan café al llegar la temporada de cosecha y venden verduras en las calles.
Abusos familiares por generaciones
A este cuadro hay que agregar una vida de abusos familiares. La vida de Norma, la madre de Coralia, «ha sido muy dura para ella. Ha vivido violencia, violencia de su propia madre y si padre, abandono del padre, violencia de las parejas que ha tenido».
La Fiscalía apeló y el caso fue trasladado al juzgado de sentencia, donde los absolvieron a ambos a pesar de que se comprobó que el ADN de la niña correspondía a uno de ellos, un hombre de 60 años.
Latinoamérica y el Caribe ocupa el segundo lugar en cuanto a maternidad adolescente: 62 nacimientos por cada mil niñas entre los 15 y los 19 años según Harold Robinson, el encargado regional del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNPFA), alertó que por lo general las víctimas se encuentran entre las capas más pobres..
Datos recogidos por la Colectiva Feminista indican que 503 niñas entre los 10 y los 14 años se sometieron a cuidados prenatales en el sistema nacional de salud en 2020. Tan solo entre enero y marzo de este año, 144 niñas de 11 a 14 años pasaron por control prenatal, recoge una nota reciente de El Diario de Hoy. Estos números con toda probabilidad no ofrecen un cuadro completo del embarazado infantil en El Salvador, considerando que, debido a la emergencia de la pandemia, los hospitales priorizaron la atención al contagio por COVID-19.
El caso de Mercedes
En 2017, la Colectiva Feminista se involucró con Mercedes, una adolescente con discapacidad mental que había sido violada a los 13 años por dos hombres mayores. Los agresores también se lanzaron contra la hermana de Mercedes, que logró defenderse. La directora de la Colectiva Femenina recuerda: «La jueza absolvió a los acusados y nos dijo: “Es que yo siento que esa denuncia está inspirada en un interés económico”. “Sí, le dijimos, queremos que apoyen a esa muchacha. La jueza dijo que el interés de la niña era que le dieran una canasta [con abarrotes] para el mes de diciembre”».
Ambos fueron absueltos. La Fiscalía apeló y el caso fue trasladado al juzgado de sentencia, donde los absolvieron a ambos a pesar de que se comprobó que el ADN de la niña correspondía a uno de ellos, un hombre de 60 años.
El Código Penal de El Salvador fija una pena que va de 14 a 20 años al que sostenga una relación sexual con un menor de 15 años, u otra persona «aprovechándose de su enajenación mental, de su estado de inconsciencia o de su incapacidad de resistir».
Frecuentemente, los violadores son hombres mayores, como el que preñó a Mercedes. «Se atreven con niñas chiquitas porque estas no se pueden defender». La mayor parte del tiempo, los agresores son personas cercanas a la víctima, familiares u otras personas cercanas.
En la mayoría de los casos de violaciones a niñas en El Salvador, afirma Herrera, «no hay judicialización». Pero aun si la justicia actuará con celo, «la vida de la niña ya esta arruinada».
Menor de edad y con discapacidad, Mercedes era incapaz de entender las necesidades elementales de su bebé. Cuando la Colectiva Feminista vio a la bebita, se percató que presentaba signos de desnutrición y se ocuparon de conseguirle leche. «Mercedes no se entera que la niña tiene hambre, no conecta con la criatura» explica Verónica.
El mapa de las violaciones
En 2008, Colectiva Feminista empezó a levantar registros departamentales de embarazos de niñas y adolescentes en colaboración con doce alcaldías.
«Al revisar los expedientes de registro de nuevos nacimientos en Suchitoto, empezamos a ver: mamá de 13, papá de 55 años. Mamá de 12, papá de 61… ahí empezamos a poner atención».
En 2017, El Salvador y Guatemala aprobaron un decreto que prohíbe el matrimonio de menores de 18 años con el propósito de impedir el embarazo de niñas y adolescentes. El problema con esa y otras muchas disposiciones positivas y beneficiosas es que no siempre se cumplen.
«Encontré hace poco una sentencia sobre violación donde el juez absuelve al acusado diciendo que él [el violador] quiere hacer vida marital con ella, y que él en realidad no la quiso violar… solo quiso protegerla. Y les permite casarse».
«Cuando una niña sale embarazada en El Salvador, la sociedad exige que se convierta en adulta y madre. Tiene que asumir un rol impuesto. Pero ella es una niña», dice Morena Herrera refiriéndose a Coralia», «¿cómo la vas a forzar a que se preocupe por bañarla, por alimentarla [a su hija?» pregunta Morena Herrera.
¿Cómo se le puede imponer a una chiquita a que ame a una criatura fruto de una violación a los 13 años? Cuando Coralia dio a luz, su madre llegó al hospital y lo primero que le preguntó fue si ya había visto a la bebita. «¡Cómo se parece al viejo!», alcanzó a responder Coralia.
En Centroamérica, El Salvador y Nicaragua se ufanan en contarse entre los países que imponen las sanciones más drásticas a las mujeres que abortan. No hay excepciones, ni aun en caso de violación o cuando corre peligro la salud de la madre.
Herrera sostiene que en algún momento las reglas tienen que cambiar.
«Que las mujeres tengan la opción de interrumpir el embarazo cuando está en riesgo su salud y su vida, y permitir que al menos las adolescentes y las niñas puedan decidir [si quieren ser madres]». En tal caso, subraya, el personal de salud que lo practique, tendría que tener seguridad jurídica.
Niñas con nombre y apellido
«Esto es un problema de país, el problema es que no lo estamos viendo así: son 500 niñas o más cada año. Son 500 familias afectadas, 500 niñas cuya vida se arruinó, 500 niñas a las que les espera un futuro incierto. Esas 500 tienen nombre y apellido, tienen rostros».
Como los de Coralia y Mercedes.
Herrera trae a cuento la historia que compartió un medico que trabajaba en el Hospital de Maternidad en San Salvador.
«De buena onda, con sus estudiantes, les llevaban a las mujeres que estaban esperando el parto, agujas e hilo para bordar». Llegaron a una cama en que la paciente ocupaba solo la mitad de la cama. Era una niña. Le preguntaron si quería tela para bordar. Ella respondió «¿Y un libro y crayolas para colorear, no tienen?».
«Al médico se le hizo un nudo en la garganta y pensó: “¿Dónde he estado que no me había dado cuenta de lo que esta pasando?”».
Publicado inicialmente en Barracuda Literaria. Publicado con permiso.
