El tema de la inmigración como supuesto foco de caos, desigualdad y violencia ha sido la principal herramienta de Donald Trump para lograr su victoria electoral del 5 de noviembre y eventual retorno a la Casa Blanca el 20 de enero próximo. Insuflando odio y resentimiento, generó una corriente de apoyo que le granjeó una mayoría de 50.7% del voto popular: 73 millones de votos (contra 69 millones de Harris).
Ahora, se dispone a cumplir sus promesas, en primer lugar las referentes a la inmigración. En materia migratoria Trump y sus allegados han desplegado sus planes mucho antes de las elecciones, en declaraciones públicas y en el Proyecto 2025.
Muchas de las acciones migratorias se relacionan con México y presuponen un potencial conflicto con el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, lo que no sucedió durante su primer gobierno en virtud de la colaboración de Andrés Manuel López Obrador.
La primera prioridad del nuevo presidente será el cierre de la frontera sur, con la ayuda de efectivos de la Guardia Nacional y de tropas actualmente estacionadas en Europa y Japón, como parte de su Agenda 47, la breve (18 páginas) plataforma del Partido Republicano. Otra base, más detallada y radical y elaborada por la Fundación Heritage, es el Proyecto 2025, «Mandate for Leadership».
Más allá de la reanudación de medidas punitivas que estaban en vigencia desde su gobierno anterior y que fueron suspendidas o anuladas por la administración Biden, Trump iniciará procesos históricos que, una vez culminados, operarán un cambio profundo en la naturaleza de Estados Unidos.
Son, primero, la deportación masiva de indocumentados; segundo, la imposición de aranceles y tarifas (tariffs) contra productos importados desde México y otros países y tercero, la reinterpretación de la Enmienda 14 de la Constitución para que los hijos de indocumentados que nazcan aquí ya no sean en el futuro reconocidos como estadounidenses (y si pudiese, de manera retroactiva).
Deportaciones masivas
Cuando acólitos como Stephen Miller, el artífice de la política de niños separados de sus padres y enjaulados que tanto glorifica la base de MAGA en los medios sociales, mencionan la deportación de indocumentados, hablan de una limpieza étnica (ethnic cleansing).
A medida que el proceso de control totalitario del país ahonde, los métodos para lograrlo serán más implacables y violentos. Su objetivo declarado es limpiar Estados Unidos de su población latina. La cifra fluctúa entre 11 y 20 millones de personas. Pero en última instancia, importa menos la cantidad final de deportados y más la vigencia contínua de un nuevo régimen represivo, el terror que cause en la población latina y la satisfacción de la base del movimiento MAGA de Trump.
En la primera semana de octubre, en Aurora, Colorado, Trump dijo a los asistentes al mitin que la ciudad era una zona de guerra tomada por pandillas venezolanas y que él “‘rescataría a Aurora y a todos los otros pueblos invadidos y conquistados” Y 10 días después, en Reading, Pensilvania, recibió un ferviente aplauso de la multitud tras decir “deportaré a los indocumentados tan pero tan rápidamente».
Para llevar a cabo su cometido el nuevo gobierno planifica reclutar los regimientos de la Guardia Nacional comandados por gobernadores de estados republicanos. En el mismo proyecto, Trump también podría invocar dos leyes: la Ley de Enemigos Extranjeros, (the Alien Enemies Act) de 1798 que permite al presidente deportar a varones mayores de 14 años, no ciudadanos, que sean provenientes de naciones enemigas, y la Ley de Insurrección de 1807, que le permite desplegar el ejército dentro del país e incluso contra ciudadanos estadounidenses, lo que haría para sofocar las protestas.
¿Es factible el plan? Un análisis de CBS News del presupuesto estadounidense y datos de los tribunales de inmigración arroja que “la detención y deportación de once millones de personas es casi imposible de financiar”. Costará billones (trillions en inglés) de dólares y llevará mucho más de cuatro años. Aunque Trump, en una entrevista para NBC el miércoles 6 de noviembre, declaró que la deportación masiva “no tiene precio” (price tag) y repitió “no tenemos otra alternativa”.
Mientras siga vigente el esquema democrático, Trump tendrá inmensas trabas constitucionales y económicas para cumplir su promesa tantas veces repetida. Centenares de organizaciones en todo el país se están preparando para desafiar al gobierno en corte y en la calle.
Trump pretende reducir drásticamente la población indocumentada, algo que sus partidarios ven como un paso hacia la restauración del orden. Parece decidido a hacerlo, pese a posibles batallas legales, los obstáculos logísticos para el operativo y las consecuencias negativas para la economía estadounidense.
El costo se calcula en decenas de miles de millones de dólares de los contribuyentes.
Y aunque en los reductos de MAGA abundan los carteles de “Deportaciones Masivas Ya”, los números que baraja el vicepresidente electo JD (James David) Vance son de un millón al año.
Entre 1930 y 1933, el presidente republicano Herbert Hoover también con ayuda del gobierno mexicano deportó hasta dos millones de mexicanos, según mi profesor Francisco Balderrama en su libro “Década de traición: la repatriación mexicana en los años treinta” (“Decade of Betrayal: Mexican Repatriation in the 1930s”). De ellos medio millón eran ciudadanos estadounidenses hijos de inmigrantes.
En la actualidad, los récords nacionales contemporáneos de deportación pertenecen a los demócratas Obama y Biden.
Aranceles y tarifas
En uno de los últimos actos multitudinarios de Trump poco antes de los comicios, se refirió a la relación con México y al tema de los aranceles en el contexto de la inmigración.
“No conozco a Claudia Sheinbaum”, comenzó diciendo Trump. “Me dicen que es una gran persona, pero no lo sé. Pero le diré que si no detiene la inmigración ilegal… …¡voy a imponer aranceles del 25%!» Y pasando al grito: “¡¡y si eso no funciona, serán de 50% y de 75%!!” Fue vitoreado por su público.
Trump, ¿tiene derecho a imponer esos aranceles? Sí, porque si bien el Congreso, es el único poder con acceso al monedero según el Artículo I, Sección 8 de la Constitución (El Congreso “tendrá el poder de establecer y recaudar impuestos, derechos, contribuciones e impuestos especiales”) concedió la prerrogativa de negociar aranceles a los presidentes en la Ley de Acuerdos Comerciales Recíprocos de 1934 (Reciprocal Trade Agreement Act of 1934). El presidente era el demócrata Franklin Delano Roosevelt. En 1962 el Congreso extendió ese derecho con la ley de Expansión Comercial que incorpora el elemento de seguridad nacional. El presidente era otro demócrata, John F. Kennedy.
Reinterpretar la Enmienda 14
Trump también dijo que planea poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres se encuentran en el país ilegalmente. Esto requeriría una reinterpretación de la 14ª Enmienda y se espera que enfrente intensos desafíos legales.
El texto de marras dice: «Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen». En cambio, Trump: “ordenará a las agencias federales que exijan que al menos uno de los padres sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal para que sus futuros hijos se conviertan automáticamente en ciudadanos estadounidenses”.
Completar el Muro
Una importante mentira del final del gobierno de Trump en 2020 fue que casi, había terminado la construcción de “el Muro”, que separaría Estados Unidos de México y de los odiados inmigrantes indocumentados. En enero de 2021, una semana antes de abandonar la Casa Blanca, Trump visitó la frontera para «marcar la finalización de más de 400 millas de muro fronterizo”, según un comunicado de la Casa Blanca, cuyo portavoz agregó: “Una promesa hecha y una promesa cumplida».
Pero en verdad sólo se habían construido 80 millas de nuevas barreras donde antes no había ninguna: eso incluía 47 millas de muro primario y 33 millas de muro secundario. Otra falsedad fue que México ha efectivamente “pagado por ello” tal como anunció que lo haría durante su campaña en 2106.
Días después de asumir el poder, el Presidente Joe Biden detuvo la nueva construcción del Muro. El proyecto no tenía presupuesto aprobado por la oposición de los demócratas en el Congreso y estaba utilizando, por órdenes ejecutivas de emergencia, fondos de las Fuerzas Armadas.
Pero la promesa de “completar el Muro” está vigente. En julio, Trump dijo que “tenemos que terminar el Muro para detener la invasión que mata centenares de miles de personas (en nuestro país) cada año”.
Título 42
Entre otras medidas, se espera que Trump renueve la política llamada “Título 42”, que le permite frenar la inmigración en la frontera entre Estados Unidos y México. La práctica dio fin recién en mayo de 2023 después de 38 meses y bien dentro del periplo Biden que siguió aplicándola, preocupada por el incesante flujo de familias a la frontera. Solo dejó de implementarla el 12 de mayo de 2023, con el fin de la emergencia nacional por COVID-19.
El Título 42 niega el derecho básico de pedir asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, bajo la falsa premisa de que los inmigrantes portan el virus del COVID. Recordemos que el coronavirus inició en Estados Unidos en enero de 2020 y en México más de un mes después. La decisión se basa en la Ley de Servicio de Salud Pública de 1944.
Incorporada al código como 42 USC 284, bajo el título de “Regulaciones para controlar enfermedades contagiosas” dice que “el Cirujano General, con la aprobación del Secretario (de Salud), está autorizado a establecer y hacer cumplir los reglamentos que a su juicio sean necesarios para prevenir la introducción, transmisión o propagación de enfermedades transmisibles desde países extranjeros a los Estados o posesiones, o desde un Estado o posesión a cualquier otro Estado o posesión”.
Bajo este plan difuso y vago, Estados Unidos prohibió la entrada o deportó a 2,8 millones de personas.
El Título 42 fue reemplazado por una política que prohibió el ingreso al país durante cinco años a quienes intenten ilegalmente si no califican para el asilo. La regla también descalifica al solicitante del asilo si no llegó a EE.UU. por un puerto de entrada legal, o sea si cruzó de manera ilegal.
Además, la nueva regla estableció que los inmigrantes debían solicitar asilo primero en el país por el cual pasaron. Al igual que el Título 42, la nueva regla calificó el rechazo de los inmigrantes como “expulsión” y no “deportación”, por lo cual no se les permitió llevar su caso ante un juez de inmigración.
Quédate en México
Se espera que Trump renueve el programa Remain in México, iniciado durante su primera administración. Oficialmente llamado Protocolos de Protección a Migrantes, fue lanzado el 25 de enero de 2019 por Trump y López Obrador.
Consiste en devolver a México a las personas solicitantes de asilo para desde allí, esperar la respuesta, en lugar de permitirles entrar a Estados Unidos para reunirse con familiares. La explicación es que a menudo desaparecen y no se hacen presentes en las audiencias. Por lo general, los así devueltos viven cerca de la frontera, en centros incidentales y en refugio de voluntarios, vulnerables a robo, extorsión, secuestro, asesinato y en especial, violación. Según la base de datos TRAC, en sus dos años bajo Trump fueron devueltos más de 71,000 solicitantes
En febrero de 2021 Biden dio fin a Quédate en México y reanudó la admisión de los solicitantes de asilo dentro del país. Sin embargo, en agosto debió implementar nuevamente la política por orden de un juez federal, hasta junio de 2022, cuando la Corte Suprema dictaminó que el demócrata sí tenía autoridad para dar fin a la política. Trump la pondrá en práctica de nuevo, en camino a la cancelación del programa de refugiados.
Parole humanitario
En agosto de este año, la administración Biden anunció el programa «Parole humanitario», por el cual se aceptan hasta 30.000 migrantes por mes de cuatro países: Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, si cumplían ciertas condiciones, entre ellas, tener un patrocinador financiero. Estos países generalmente se niegan a aceptar a los deportados de Estados Unidos, por lo que hasta entonces se quedaban en México. De común acuerdo, ese país se comprometió a readmitir a los oriundos de esos países que crucen ilegalmente la frontera, más allá de esa cifra.
Trump ha prometido poner fin a este programa y desconocer esas visas.
Boicot Musulmán
Pocos dudan de que uno de los primeros pasos de Trump en su segunda presidencia será reinstaurar alguna forma del boicot musulmán de enero de 2017, y volver a reducir el número de refugiados aceptados por año. Durante su gobierno lo hizo 110,000 a 50,000 y luego a 18,000, una disposición que Biden derogó cuando llegó al poder, aumentando el número a 125,000 por año. Durante la vigencia de esa prohibición, unos 700 solicitantes fueron detenidos y hasta 60.000 visas fueron revocadas provisionalmente.
Llama la atención que, casi al igual que su asombroso éxito con los hombres votantes latinos, uno de cada tres votantes musulmanes apoyaron a Trump (similar apoyo recibió de los votantes judíos).
Envío de tropas a México
Mezclando el tema de la inmigración indocumentada y el tráfico de drogas, Trump amenazó repetidamente con retirar decenas de miles de soldados estadounidenses de Europa y enviarlos a misiones militares en territorio mexicano, algo obviamente ilegal. El objetivo sería la destrucción de los centros de producción de fentanilo (que de hecho se fabrica en China y en India y es transportado a México) y otras drogas y confrontar los elementos armados del hampa mexicano.
DACA y el TPS
Dos programas adicionales que Trump anulará en su retorno es DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) isntaurado por Obama, que protege de la deportación a centenares de miles de jóvenes que llegaron aquí traidos por sus padres de manera ilegal pero que crecieron como estadounidenses y lo son en todo menos en los papeles migratorios. Por el momento, el programa solo persiste para aquellos que se enrolaron originalmente. Se aceptan extensiones, pero no nuevas solicitudes. De los 700,000 originales quedan unos 530,000 y hay 100,000 solicitudes estancadas.
Los Dreamers son la única población migrante que goza de simpatía por parte de muchos republicanos y el mismo Trump los alababa al comienzo de su primer mandato.
El segundo programa que Trump se propone cancelar es el TPS o Estatus de Protección Temporal, una ley de 1990 que permitió la permanencia en Estados Unidos de quienes provienen de países inestables, inseguros y violentos, así certificados, como Haití y Venezuela. Los beneficiados por el programa pueden quedarse aquí y trabajar legalmente durante 18 meses. El permiso se puede renovar siempre y cuando el país de origen permanece an la lista oficial.
Los países son actualmente Afganistán, Birmania (Myanmar), Camerún, El Salvador (hasta el 9 de marzo de 2025), Etiopía, Haití, Honduras, Nicaragua, Nepal, Siria, Sudán, Somalia, Venezuela y Yemen.
Algunos beneficiarios pueden solicitar la residencia permanente, pero la concesión de ciudadanía es casi inexistente.
¿Pero qué dirá México?
¿Aceptará el gobierno de Sheinbaum que se le imponga el inmenso flujo de población deportada? ¿Obedecerá la amenaza de tarifas? No lo sé. Andrés Manuel López Obrador, que llegó al poder en diciembre de 2018, hizo lo posible para evitar una confrontación y un rompimiento con Trump. En noviembre de 2020 se negó a reconocer el gobierno de Biden, en deferencia al reclamo de fraude de Trump. De manera consecuente, en mayo, el New York Times escribía que “México ha trasladado silenciosamente en autobús a miles de migrantes desde la frontera con Estados Unidos a sitios situados en el sur del país”. Generalmente, son migrantes centroamericanos.
Según Milenio, la acción se consideraba un elemento de “disuasión” e incluso “rescate” para “despresurizar” la frontera con Estados Unidos. Es similar al transporte en autobuses de decenas de miles de inmigrantes de Texas a ciudades gobernadas por demócratas, organizado por su gobernador Greg Abbott y el de Florida Ron de Santis.
Ahora bien: no fue una iniciativa propia, privada e independiente de México, sino que se hizo de común acuerdo con la administración Biden. En las reuniones de preparación el CBP participó activamente, junto con funcionarios del Instituto Nacional de Migración, el consorcio ferroviario Ferromex y la gobernadora de Chihuahua Maru Campos.
Esta lista no es exhaustiva; el círculo interno de Trump se dedica ahora a los primeros nombramientos. Nos darán una imagen del próximo gobierno. De cualquier manera, estamos en una nueva etapa en la historia de Estados Unidos y México.
Este artículo fue apoyado en su totalidad, o en parte, por fondos proporcionados por el Estado de California, administrados por la Biblioteca del Estado de California y el Latino Media Collaborative
