La Proposición 23 es una repetición, con variaciones de la Proposición 8 que el 60% de los votantes rechazaron en 2018. Tanto entonces como ahora, se trata de medidas de fuerza impulsadas por un sindicato con el fin de doblegar la voluntad de los dueños de clínicas de diálisis para que acepten su mediación en las relaciones laborales entre ellos y los empleados.
Carácter de la Proposición 23
Y si bien la primera vez la propuesta era clara en sus preceptos e ideas, la Proposición 23 se concentra en un aspecto específico y único: si es aprobada, las clínicas deberán tener en sus premisas todo el tiempo un médico. No se especifica si se trata de un nefrólogo, sino un galeno general. Suena bien, pero ¿mejora la calidad de la atención proporcionada a los pacientes? Y no menos importante, ¿a qué costo?
En realidad se trata de lo que en el mundo de los negocios se llama una píldora envenenada (poison pill), una estrategia que indirectamente desalienta a los propietarios e inversores al encarecer la mantención de las clínicas, con la esperanza de que los puedan disuadir de su oposición al ingreso del sindicato.
Este es el verdadero trasfondo de la proposición. Ha sido tergiversado. Y no le vemos sentido. El público simpatiza con trabajadores organizados, y sería más lógico decirlo y abrir el debate.
Sin lugar a dudas apoyamos el derecho de los trabajadores a sindicalizarse. A luchar por sus derechos. A convocar la solidaridad de otros trabajadores para que los apoyen en sus luchas. Pero esta no es la manera. Si los proponentes cuentan con el apoyo de los empleados, pueden avanzar el conflicto laboral. O combatir en la Legislatura de California, como se ha ido haciendo con la ley AB 290, firmada a fines del año pasado por el gobernador y que les prohíbe dirigir a los pacientes cuyas primas están subvencionadas por una organización benéfica a aseguradoras privadas. Mientras, las corporaciones demandaron a California en una corte federal.
Resultados de la Proposición 23
Si se aprueba la Proposición 23, muchas de estas clínicas simplemente no podrán mantenerse, por el aumento del costo que significa mantener, durante todas sus horas de operación a un médico – lo que se traduce en dos o tres de ellos – en su planilla. ¿Cuáles de las clínicas caerán?
Pues es cierto que más de la mitad de las clínicas pertenecen a corporaciones con fines de lucro, DeVita y Fresenius. Sin embargo, una importante parte de ellas – centenares – son de organizaciones sin fines de lucro, o de compañías pequeñas. Esas son las que no podrán aguantar el aumento de los costos, porque carecen de reservas financieras.
Además, es raro que se requiera a un médico para la operación regular de las máquinas de diálisis. Las pocas emergencias derivan en que se llama una ambulancia para ir al hospital, lo que un médico en las premisas, si lo hubiere, también haría. Por lo que en vez de atender pacientes, esos médicos que la proposición pide contratar, harían labores administrativas. California sufre de escasez de médicos; es mejor que se dediquen a sus labores originales.
Conclusión
Los pacientes no pueden sufrir como resultado del conflicto. Ya sufren bastante. Son unos 80,000 pacientes, muchos de ellos latinos, cuyas vidas dependen de la diálisis, en unas 600 clínicas.
Las otras parte de la Proposición 23 son agregados que llaman a la simpatía, pero no son significativos en este contexto, como no discriminar a los pacientes de Medicare o Medicaid y obtener la aprobación del estado antes de cerrar o reducir sustancialmente los servicios. Lo primero ya es ley, como se dijo antes. Lo segundo es imposible, aunque fuese atractivo, y quizás sea ilegal.
Por eso creemos que hay que rechazar la Proposición 23.
