En los últimos 12 meses la tasa de inflación anual en Estados Unidos fue del 4,9%, y de 5% en el período previo. Aunque parecería poco comparado con otros países americanos, es inquietante porque no existen en el país mecanismos que compensen a los trabajadores por la pérdida de su poder adquisitivo. En consecuencia eso causa preocupación. El tema de los aumentos de precios no baja de los titulares.
El problema es real y lo sentimos en la mesa familiar. En ningún otro rubro los aumentos de precios son más inquietantes que en los alimentos. Son los más altos en décadas.. Los aumentos están a la vista en los supermercados. Según el Servicio de Investigación del Congreso, los huevos subieron en 22.6%, aceite 15.3%, pollo 15.3%, carne de res 14.3%, pescado 11.9% y cereales 10.3%.
¿A qué se debe?
Varios motivos se complementan. La falta de controles lleva a las grandes corporaciones a seguir aumentando sus precios, aunque el costo de hacer negocios haya disminuido después de la pandemia.
Además, está desapareciendo la competencia entre los minoristas. Gigantes como Walmart, que tiene el 20% del total de ventas, son casi monopólicos. Exigen los precios más bajos de los proveedores, que por ello los aumentan para los minoristas pequeños, que así pierden clientes. Eventualmente los precios suben para todos.
Pero un elemento crucial en el aumento en los precios de alimentos, del cual pocos hablan y que no puede soslayarse es que el negocio de la comida en Estados Unidos depende del trabajo de los inmigrantes indocumentados.
De hecho, según datos oficiales el 85% de los trabajadores agrícolas nacieron fuera del país, y el 50% son indocumentados. Su número llega a medio millón.
Los trabajadores del campo son sin lugar a dudas trabajadores esenciales.
Eso, en circunstancias políticas normales, implicaría que el país debería estar agradecido por su labor. Pero como sabemos, lo cierto es lo contrario.
Trabajan en empleos que otros rechazan por las duras condiciones. Siembran, cuidan, cosechan, procesan, empacan nuestra comida. Se les paga muy poco. Los trabajos son temporales.
No tienen una vía para la normalización migratoria o la ciudadanía. Y cuando eventualmente son deportados, la escasez de mano de obra agrícola hace que aumenten aún más los precios de la comida. Es un círculo vicioso.
Tanto el Ejecutivo como el Congreso deben reconocer la necesidad de estabilizar la mano de obra agrícola, protegiendo a los trabajadores del campo y mejorando sus condiciones inmediatamente. Y para los indocumentados, detener las deportaciones lo antes posible, ampliar el programa de visas temporales y establecer para ellos un camino claro hacia la legalización y la ciudadanía.
La necesidad de detener los aumentos en los precios de comestibles nos debe llevar a proteger y apoyar a los trabajadores del campo, que nos han ayudado por décadas con su labor.
