Una vez más, después de que el Congreso dedicó años elaborando leyes y reglas destinadas a limitar el poder y el tamaño de los bancos más grandes, las buenas intenciones fueron dejadas de lado con la incautación y venta del First Republic Bank al banco más grande del país, JPMorgan Chase.
Este lunes, el regulador financiero de California – el Departamento de Protección Financiera e Innovación (DFPI) – había tomado posesión de First Republic, cuyos activos al cierre totalizaban $213,000 millones. Inmediatamente, nombró a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) síndico del mismo. Pocas horas después, la FDIC había aceptado la oferta de JPMorgan Chase Bank.
Según el mismo banco, esto le significará una ganancia de al menos $500 millones, mientras que el contribuyente deberá pagar unos $13,000 millones del Fondo de Seguro de Depósitos (DIF), que respalda los depósitos en los bancos asegurados en todo el país. Además, JPMorgan condicionó su compra a garantías de que el gobierno le protegería contra pérdidas.
JP Morgan había “rescatado” también a Silicon Valley Bank y Signature Bank, instituciones que colapsaron en marzo y cuyos valores eran de $201,000 y $110,000 millones respectivamente.
Su caída precipitó una ola de retiros de depósitos de los bancos regionales.
En el caso de First Republic, los clientes retiraron $102,000 millones en la última mitad de marzo, lo que hizo su fin inevitable.
En solo cuatro meses, quebraron tres grandes bancos con más de $532,000 millones en activos. Más que los 25 prestamistas asegurados por el gobierno federal que colapsaron en la crisis de 2008.
Entre 2000 y 2020, la cantidad de bancos que operan en los Estados Unidos se redujo de 6,326 a 3,985. El poder financiero se concentró en los más grandes.
Simultáneamente, en la semana, en la Bolsa de Valores, las acciones cayeron a raíz de los temores por la salud del sector financiero aunados a las señales de un debilitamiento de la economía.
Quienes pierden de esta caída son los pequeños inversores, los ausentes de los focos de información así como quienes trabajan en las empresas que quiebran.
Se hablaba de la inminente venta de First Republic desde hace semanas. En 2023, había perdido el 97% de su valor y se tambaleaba hacia la bancarrota. Se sabía.
Y sus ejecutivos aprovecharon.
Su presidente ejecutivo vendió $4.5 millones en acciones; el director ejecutivo, el presidente de gestión de patrimonio privado y el director de crédito, $7 millones.
Los ejecutivos se hicieron ricos mientras sus bancos colapsaban. Se les premió literalmente por llevarlos a la quiebra.
Mientras los ahorros de miles de ciudadanos de la calle están en riesgo y el erario corre con los gastos, se consolida el poder de un gigante como JPMorgan Chase. La ley que prohíbe que un banco posea más del 10% de los depósitos del país no se aplica.
Bien hizo el lunes el Presidente Biden al pedir una supervisión más estricta del sector bancario. Pero debería haberlo tenido presente antes, y preocuparse, más que de los intereses de accionistas y ejecutivos, de la economía de millones de familias cuyo futuro depende de la estabilidad financiera.
