No por propia iniciativa, sino por orden emitida el 5 de agosto por tres jueces federales, California deberá en dos años reducir en 40,000 la población de 150,000 presos que cumplen sus penas en las cárceles estatales. El gobierno de Schwarzenegger tiene hasta el 20 de septiembre para presentar su plan concreto.
Aunque a algunos les pareció la corte ordenaba la inmediata liberación de todos esos presos, lo que los jueces dicen es que en 24 meses, mediante el cese del encarcelamiento por muchos delitos no violentos, el cambio de regulaciones de libertad condicional y la liberación temprana de cierta categortía de presos, baje la sobrepoblación presa. Pero no al nivel normal, en el que el índice de ocupación es de un máximo posible de 100%, sino a 137% en lugar del 195% actual.
De esa manera culminan 15 años de denuncias del sistema médico carcelario, en donde cada semana muere una persona por culpa de esta situación, en violación de la Octava Enmienda de la Constitución, que prohibe el castigo cruel e inusual.
La senadora estatal Gloria Romero recogió hace unos años esta problemática y promovió varias reformas, sin éxito. Posteriormente, un tribunal federal estableció un síndico o interventor, que infructuosamente trató de dictar una adición presupuestaria para la construcción de hospitales para presos y la mejora de su atención. También fracasó.
Finalmente el panel judicial tomó la medida, prácticamente sin precedentes, de dictar la reducción de la población carcelaria contra la opinión del gobierno estatal.
Ya era hora. Aunque quizás sea demasiado tarde.
¿Tarde para qué?
Para revertir en California dos décadas de obcecada insistencia en el encarcelamiento como única medida para reducir el crimen, mientras las condiciones que generan el crimen han estado simultáneamente y al mismo ritmo, creciendo.
La población carcelaria de California subió en las últimas dos décadas a un ritmo desenfrenado: 500% entre 1982 y 2000, con 23 nuevas prisiones a un costo de $300 millones cada una. Y los 150,000 encarcelados no incluyen las prisiones federales, condales y juveniles, donde hay otras decenas de miles.
¿A qué costo? Basicamente, California puso en las cárceles en 2008 $9,776,618,000. Este año, si se aprueba, serán $8,233,620,000. Todavía es casi el 7% del total del presupuesto. Cada reo cuesta $14,000 por año, según informa el procurador estatal Jerry Brown.
California gasta en las cárceles una suma similar a la que invierte en la educación superior.
Estamos hablando de un sistema gigantesco. Con 33 cárceles, el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) tiene 33,000 empleados. La única agencia de la ley más grande es la policía de Nueva York, con 44,000. (Les siguen, muy de lejos, la policía de Chicago, la de Los Angeles y el sheriff del Condado de Los Angeles, con unos 10,000 cada uno)
Superpoblación
Las cárceles estatales están superpobladas:
Por ejemplo, la cárcel de Lancaster, única estatal en el Condado de Los Angeles, tiene una capacidad para albergar a casi 2,300 presos, pero incluye a 4,976.
El Centro de Rehabilitación de California, en Norco, tiene una capacidad máxima de 2,314 “camas”. Pero su población carcelaria es de 4,271.
La cárcel de Avenal fue diseñada para 2,920 personas, pero su población total es de 7,582.
La cárcel de Susanville es para 3,883 y tiene 6,093.
La de mujeres en Chowchilla es para 1,980 y tiene 4,252.
La de Soledad, 3,301 y 6,997, respectivamente.
Y así hasta el hartazgo.
En estas condiciones, es casi imposible prestar a los presos servicios médicos y otros mínimos como lo manda la ley federal y el sentido común. De modo que a menos que la mayoría del país cambie la Constitución para que a los presos se los entierre de por vida para nunca salir, no se les de de comer, etc., es ley mejorar el sistema.
Que estamos ante una crisis lo demuestran la última revuelta de presos, el 8 de agosto, en Chino, que llevo a que el gobernador caracterizara, en una posterior visita a las instalaciones, la situación como «un total desastre».
Y que ya son la Universidad del Hampa y el crimen organizado, cuyos egresados tienen un prestigio internacional que nuestras universidades están perdiendo.
Vuelven a prisión
El porcentaje de reincidencia en las cárceles estatales de California es de 70%; es decir, que esa proporción de personas que dejan la prisión vuelven a ella dentro de los siguientes tres años.
Es una cifra espeluznante, la más alta del país (Arizona tiene 24%, Nevada 29%), que demuestra si fuese necesario hacerlo que las cárceles no son pabellones “correccionales” ni de “rehabilitación”. No corrigen nada.
El gobernador Schwarzenegger, al poco tiempo de asumir, en 2004, hizo agregar la palabra “Rehabilitación” al nombre del Departamento de Correcciones de California, como si sólo con eso y por arte de magia, de pronto los presos libertos se convirtiesen en ciudadanos modelos.
El porcentaje de reincidencia demuesta el fracaso del sistema carcelario.
También lo demuestran las evidencias de innumerables abusos cometidos por las personas libres contra las personas encarceladas, cuya enorme mayoría queda en el silencio del encubrimiento y la complicidad y que, cuando sin embargo son develados al público gracias a algún valiente y a los medios de comunicación, son categorizados como una mentira, una exageración, o la obra de unos cuantos, y nunca como lo que es: un fenómeno endémico y representativo.
Algunas verdades
Esta es la verdad: muchos de los que pueblan los pabellones de las prisiones no deberían estar allí siquiera. El término criminal no les corresponde, o les correspondía en la medida en que cumplieron su castigo de manera proporcional a la falta.
Muchos están por más de lo requerido por la macabra ley de Tres Delitos y Afuera (aprobada como enmienda constitucional por los votantes del estado), es decir, adentro, al calabozo, mediante la cual decenas de miles de personas fueron condenadas automáticamente y sin mediación de los jueces de haber cometido un tercer delito en su vida y enviados por 25 años detrás de las rejas.
Muchos llegan allí porque después de ser puestos bajo un régimen de libertad condicional, cometen una falta que normalmente ameritaría una multa pero que en su caso los lleva de vuelta al calabozo para completar la condena original.
Muchos están allí por más tiempo de lo necesario, porque las regulaciones dictadas por la Asamblea y el Senado e implementadas por el CDCR estatal atan las manos de los jueces y les obliga a aplicar castigos prolongadísimos cuando un jurado encuentra culpable a un reo de los delitos imputados por la procuraduría.
Entre las indicaciones del poder legislativo y las acusaciones de los fiscales, se convierte a los jueces en espectadores pasivos, relega su papel al de poner un sello de goma de legitimidad y a perpetuar la imagen de que el Judicial es un poder independiente.
O lo están porque los jueces no federales son funcionarios electos, que preparan su propia campaña de reelección, buscan los votos y muestran que no son soft on crime.
¿De qué viene esto? De una sociedad impotente para confrontar las implicaciones sociales de los problemas del crimen.
De un sector de la población para quien el famoso “individualismo” estadounidense significa “yo me preocupo por mí mismo y no me importa el prójimo”.
Desenlace trunco
Para cumplir con la orden de los jueces federales, y como parte del acuerdo presupuestario que dio fin a una catástrofe financiera, el gobernador Schwarzenegger propone ahora cortar $1,200 millones del presupuesto carcelario. Ya había intentado hacerlo anteriormente, sin mayor éxito. Entre otras medidas, la propuesta del gobernador incluye dejar afuera a 27,000 reos: gente de más de 60 años, enfermos terminales, reos no violentos en el último año de su pena, etc. Al mismo tiempo, los comunicados de prensa de su oficina siguen mencionando que el mandatario republicano se opone a la liberación de reos.
El Senado estatal lo aprobó a duras penas, rozando la mayoría, por 21 a 19. Todos los republicanos votaron en contra, 4 demócratas los acompañaron.
En cambio, en la Asamblea legislativa el plan ni siquiera fue votado. Por más cálculos que hacía su presidenta Karen Bass, demócrata de Los Angeles, no llegaba a la mayoría de 41. En lugar de ello, propuso un plan alternativo que liberará a 17,000 presos y rebanará 200 millones de esos 1,200.
¿Por qué no hubo mayoría? Como dijo ella misma, “hay mucha gente postulándose para otros puestos” (I do have a lot of people running for office).
Son doce para toda clase de altas posiciones estatales. Principalmente tres asambleístas demócratas que se registraron para competir por el puesto de procurador general (por Brown que quiere ser gobernador). Si votan por “mandar a los criminales a las calles”, sus rivales los etiquetarán como soft on crime, el peor insulto imaginable para un político.
Son Ted Lieu, de Torrance; Alberto Torrico, líder de la mayoría demócrata y de Newark, y Pedro Nava de Santa Barbara.
Increíble. Cuando el sistema está con el agua al cuello, nos mezquinan el alivio para cuidar la imagen. Esta gente tiene mucho que explicar.
Lo que se demuestra
Para finalizar, California ha hecho en el último año un salto impresionante, completando un proceso que lleva décadas.
Del estado con la mejor educación pública, se convierte en el peor.
Del estado que atrae gente, las está rechazando y se achica.
Del estado que genera empleos para todo el país, es donde la desocupación sigue avanzando y ya llega al 12%.
En el último ejercicio presupuestario, California recortó cifras sin precedentes de la educación pública, la cobertura médica y la ayuda social a los pobres, ancianos, niños, desamparados, inmigrantes.
Pero el gobierno se niega a hacer lo mismo con el sistema punitivo.
Esto, debe decir algo sobre la sociedad en que vivimos.
Porque el 70% de los presos en California son hispanos o afroamericanos, y vienen de familias de bajos ingresos.
Porque la mayoría de los damnificados con los recortes también lo son.
Son los designios de una estructura racista y clasista que se manifiesta ahora de manera abierta. Que ni siquiera necesita enmascararse.
