En esta era del coronavirus, pareciera como si el gobierno federal no se preocupa tanto por reducir el sufrimiento de la ciudadanía como de rechazar responsabilidad por los fracasos que nos llevaron a ser el país líder en cantidad de contagios y muertes. Y aprovecha la coyuntura para debilitar el control al ejecutivo y endurecer el trato de los más débiles.
Sola contra un gobierno insensible
Uno de quienes luchan por impedir que el país sufra la erosión de las instituciones democráticas es la jueza federal Dolly Gee. de la corte federal del distrito de Los Ángeles.
Gee supervisa el cumplimiento del acuerdo Flores de 1987, establecido tras una decisión de la Suprema Corte de Justicia, y que regula el trato del gobierno a la detención y el trato de menores indocumentados. Específicamente, es ilegal la detención indefinida de niños migrantes y de familias.
Gee -hija de inmigrantes chinos- ha denunciado desde 2018 la violación de este acuerdo por parte del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la oficina de reubicación de refugiados (ORR). Esta falta comenzó mucho antes de la crisis del coronavirus e incluso antes del ascenso de Trump al poder.
Pero en lugar de cumplir las decisiones judiciales los funcionarios dedican sus esfuerzos en burlar las mismas y buscar nuevas maneras de violar la ley contra los inmigrantes indocumentados.
Caldo de cultivo del coronavirus
Ahora los centros de detención donde hay aún niños y familias se están convirtiendo en caldo de cultivo para la difusión del coronavirus. Y en lugar de solucionar el problema dejando ir a los detenidos con sus familiares dentro del país, el gobierno Trump sigue eludiendo las órdenes de la jueza.
Hoy aún quedan 2,500 de 3,100 niños solos que había en febrero, fecha de la última orden de liberarlos, en custodia de ORR, y 342 familias en manos de ICE. Están en peligro de enfermar y morir en los centros de detención, una sentencia terrible para aquellos cuyo pecado ha sido querer entrar al país y mejorar aquí sus vidas. La situación se agrava por las deplorables condiciones sanitarias y de seguridad en los centros de detención migratorios.
Una vez más, la jueza demandó la semana pasada que las autoridades liberen de inmediato a los menores y los entreguen a sus patrocinadores que viven en el país. Esto no significa otorgarles la residencia legal. Ni tampoco que se pierdan, ya que los patrocinadores están debidamente identificados. Significa sacarlos ya de las cárceles, de una situación peligrosa. Dejarlos allí, dijo la jueza, “es como dejarlos en una casa en llamas”.
La corte estableció una nueva audiencia el 22 de mayo para inspeccionar el cumplimiento de sus órdenes.
Es que el gobierno está obligado a cumplir órdenes judiciales. Si las ignora o cumple lo más lento posible, con el propósito de aplacar las posiciones más extremistas de los simpatizantes de Trump, pone en peligro las vidas de miles de inmigrantes.
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