En la sede de la Suprema Corte en Washington tuvo lugar la semana pasada un episodio que causa preocupación.
El tribunal inició audiencias para decidir los méritos del reclamo del expresidente Donald Trump de que goza de inmunidad absoluta para cometer acciones ilegales durante su gobierno. Su propio abogado afirma que ese pretendido derecho le habilita a ordenar el asesinato de un rival o cometer un golpe de estado si lo considera necesario para los intereses del país sin temor al castigo. A menos, dice el letrado, a menos que el mandatario sea demandado por la Cámara de Representantes, juzgado por el Senado (impeachment) y destituido de su cargo, después de lo cual, al retomar su calidad de ciudadano de la calle, de ya no invencible, ya no rey, podría ser juzgado también por las instancias terrenales, es decir, el sistema ordinario de justicia estadounidense.
El reclamo del también candidato presidencial republicano ante el máximo tribunal tuvo lugar durante su juicio federal por interferencia en las elecciones de 2020. Como se sabe, uno de al menos cuatro que comenzaron a desarrollarse demasiado tarde quizás, a mediados del año pasado y que al menos en su mayoría, no serán decididos por los distintos jurados – si es que deciden – antes de las elecciones presdienciales del 5 de noviembre de este año.
Durante las tres horas de la audiencia de la Suprema Corte, y de una manera que no dejó lugar para las conjeturas ni las equivocaciones, las preguntas de varios jueces conservadores indicaron claramente que para ellos el principal problema no son los crímenes que se le alegan al acusado, los que ni siquiera mencionaron, sino el hecho de que el departamento de Justicia lo demande por ellos.
Es decir, implícitamente, que piensan o incluso dicen: ¿cómo se atreven? ¿A Trump?
El reclamo de inmunidad absoluta de Trump es conocido; lo ha repetido desde el año 2020. Pero cuando a comienzos de febrero, la corte anunció que tomaría el caso, esto asombró a analistas, incluyendo jueces federales, un ex miembro de la Suprema Corte, distinguidos profesores de leyes, abogados de los famosos, los no tanto y los de cuenta propia, y la gente en general. Todos, o casi todos, estaban seguros de que el honorable de jueces nombrados para toda la vida y que han decidido cuestiones políticas por excelencia en el último año, rechazaría de plano por absurdas las pretensiones del expresidente. Porque absurdas, son. Porque en los primeros días de ese reclamo se podían escuchar las carcajadas y las burlas de todos los arriba mencionados. Ya no se burlan ni se ríen.
Lo que el tribunal está decidiendo en este momento es: ¿podría ser parte de las responsabilidades oficiales de un presidente participar en fraude, intimidación y violencia para anular una elección que perdió en las urnas? No hay otra manera de verlo.
Y, nuevamente, sus preguntas apuntan a la posibilidad de que respondan que sí. Son los jueces Thomas, Alito, Gorsuch y Kavanaugh, estos dos últimos nombrados por Trump, quien repetidamente los ha llamado «mis jueces» y quien hizo claro que «le deben» su nombramiento. Como si fuesen miembros de un clan de la Mafia. Pero no lo son.
El último producto de Trump, Amy Coney Barrett, dio en cambio muestras de independencia y formuló preguntas verdaderas y valientes al representante del expresidente. Por su parte, la tendencia del presidente del Tribunal, John Roberts, en este caso no se dejó entrever.
Si ese fuese el caso, si los jueces terminan dándole la razón a Trump y coronando un dictador antes o después de las elecciones, e incluso si no tomasen partido y patearan para abajo el caso, devolviéndolo a una instancia federal inferior, estarían ignorando los hechos: Trump desconoció su derrota y cuando se agotaron todas sus vías legales, alentó a una turba a bloquear el recuento de los votos electorales del ganador, algo que nunca había sucedido antes. Pero sucedió.
Anteriormente, dos instancias inferiores de tribunales federales habían rechazado de manera unánime y de inmediato la pretensión de poder absoluto de Trump.
“No podemos aceptar la afirmación del expresidente Trump de que un presidente tiene autoridad ilimitada para cometer crímenes que neutralizarían el control más fundamental del poder ejecutivo: el reconocimiento y la implementación de los resultados electorales”, dijo al respecto el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito de D.C.
Pero incluso si al final decide en contra del reclamo de inmunidad total, y especialmente si devuelve la decisión a un tribunal inferior, esta Suprema Corte le estará otorgando a Trump lo que más necesita: tiempo.
Si, digamos, publican su decisión, como casi todas sus decisiones, al término de su ciclo anual, en junio, sobrevendrán los 82 días que la jueza que dirige el caso federal, Tanya Chutkan, concedió a la defensa para «reorganizarse». Esto nos llevará a mediados o fines de septiembre para la apertura real del juicio, siempre y cuando no vengan más dilaciones por parte del equipo Trump – y lo más seguro es que vendrán. Entonces, el dictamen – si lo hay, si no hay un fallo dividido porque uno o más de los miembros del jurado es fanático del hombre y se negará a hallarlo culpable pase lo que pase – llegará después de las elecciones de noviembre
En noviembre Trump podría ganar las elecciones, volver al poder el 20 de enero y ese mismo día auto perdonarse de todos los juicios federales en su contra. O perder y lanzar otro intento de golpe de estado y revolcar al país en un colapso de estupidez y violencia.
Esto equivale en la práctica a concederle la inmunidad que tanto reclama Trump. ¿O no?
La acción, las preguntas, las declaraciones de la mayoría del tribunal y sus potenciales decisiones están efectuando un cambio profundo en la naturaleza de Estados Unidos. La base de nuestra forma de gobierno es, o debería ser, que todos son iguales ante la ley y que el presidente no es un rey. Esto debería ser axiomático y ni siquiera puesto en duda.
El país peligra cuando parte de la Corte Suprema asume una vez tras otra responsabilidades partidarias echando por la borda la independencia del poder Judicial.
No se puede mantener una república si es efectivamente legal derrocarla.
