ARIZONA – El calendario marca el 2020. Ya pasó una década desde la SB 1070 y poco ha cambiado.
Laboratorio de leyes antiinmigrantes
En 2010, cuando Arizona se convertía en el laboratorio de las leyes antiinmigrantes, los políticos prometieron transformar la indignación en acción.
Se quedó en eso: palabras.
Las protestas por la SB 1070 se apagaron poco a poco. La huelga del sonido se acabó y el boicot comercial perdió fuerza. La mala memoria hizo de las suyas y la historia se burló.
La etiqueta de “estado racista” se fue desgastando con el tiempo. En el Capitolio Estatal en Phoenix cambiaron los rostros y en la torre ejecutiva se sienta otro gobernador. La conversación se desvió de derechos humanos a negocios. Hay que pasar página, decían. Muchos de los que se fueron, volvieron; otros llegaron. Olvidaron, les convenía olvidar… hasta ahora. No hubo necesidad de escarbar para remover el pasado, bastó que se acercara otro periodo electoral.
Dos propuestas antiinmigrantes
Así es como llegaron dos propuestas antimigrantes a la sesión legislativa actual de Arizona: sí, con otras palabras y otros números de expediente, pero con el corazón de la SB 1070. No se había pasado página; solo esperaban que se calmaran las aguas para dar el golpe bajo.
De aprobarse estas medidas, una obligaría a las autoridades locales a cooperar con los agentes de inmigración. Permitiría detener a un indocumentado hasta que ICE llegue a recogerlo. Y penalizaría a los oficiales y agencias que no cumplieran con este requisito.
La otra llevaría el tema de las ciudades santuario a la boleta electoral, para que los votantes decidan si las prohíben o no.
Pero hay que entender algo. No hay una definición precisa de lo que es una ciudad o jurisdicción santuario. Y la cooperación entre autoridades locales y federales ya está estipulada en la SB 1070. Sí, aunque muchos no recuerden, la polémica ley sí entró en vigor en el verano de 2010, a pesar de una intensa batalla legal que se resolvió en los máximos tribunales.
La SB1070 sigue latiendo
La justicia permitió que el corazón de la “madre de las leyes antiinmigrantes” siguiera latiendo. Les dio luz verde a las autoridades para indagar el estado migratorio de una persona, aunque solo si había una sospecha razonable de que hubiera cometido un crimen. De esta manera, los testigos y víctimas estarían a salvo de ser cuestionados y los agentes no podrían estar pidiendo papeles porque sí en la calle.
Luego pasó el furor de la indignación y se instaló una tregua silenciosa, pero no eterna… una que está a punto de terminar.
El gobernador de Arizona, Doug Ducey, quien irónicamente ayudó a sanar la relación con México después de las asperezas que dejó su predecesora, Jan Brewer, ahora es uno de los que apoya con convicción más férrea estas medidas. No sorprende. El republicano respalda medidas drásticas a pesar de todo, hasta de su estado; así lo hizo cuando el presidente Trump propuso la imposición de aranceles a México, la guardia nacional en la frontera, la construcción del muro o las restricciones a la migración legal.
Después de todo, quizá no todo sea tan diferente a hace 10 años. Tal vez se repita en otros 10. El migrante sigue siendo un estandarte de campaña, la ofrenda política y el polarizador social. Y lo será hasta que entendamos que antes que todo es un ser humano y no un chivo expiatorio electoral.
Maritza L. Félix es una periodista, productora y escritora independiente galardonada con múltiples premios por sus trabajos de investigación periodística para prensa y televisión en México, Estados Unidos y Europa.
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