La reciente violencia en México dirigida contra cuatro turistas estadounidenses ha resurgido propuestas bélicas extremistas por parte de políticos republicanos, formuladas en contra de México, después de que en enero, los congresistas republicanos Dan Crenshaw de Texas y Michael Waltz de Florida presentaron una propuesta de ley que permitiría al presidente estadounidense movilizar al ejército en territorio mexicano, para combatir los cárteles transnacionales que contrabandean fentanilo al país.
A comienzos de marzo, los senadores también republicanos Lindsay Graham de Carolina del Sur y John Neely Kennedy de Luisiana resucitaron una antigua idea de Donald Trump de declarar a los principales cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas.
Incluye los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo, los Zetas, los Cárteles del Noreste, de Juárez, de Tijuana, y de Beltrán-Leyva y La Familia Michoacana.
“Vamos a desatar la furia y el poderío de Estados Unidos contra los cárteles de México”, dijo Graham.“Vamos a destruir su modelo de negocios y su estilo de vida porque nuestra seguridad nacional depende de que tomemos medidas decisivas”.
Graham quiere también introducir al Congreso una legislación que autorice al ejército estadounidense a usar la fuerza para destruir laboratorios de drogas mexicanos. Es decir, cruzar la frontera, penetrar en territorio mexicano y llevar a cabo acciones bélicas.
Lamentablemente, estas bravuconadas irrespetuosas de la soberanía mexicana fueron amplificadas y magnificadas por otros portavoces y medios republicanos, como si fuesen verdaderas alternativas políticas. En realidad, solo son una continuación de la política basada en el rencor con la que el ala MAGA en el GOP mantiene a su base encolerizada y activa.
Frente a ello, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha reaccionado fuertemente, llamando a los proponentes “mequetrefes,” “intervencionistas” y “prepotentes”, concluyendo que “a México se le respeta”.
El embajador estadounidense en México, Ken Salazar, acertadamente rechazó la propuesta, ya que “los militares estadounidenses no van a resolver el problema de los cárteles”
Pero con su respuesta ampliamente difundida el mandatario mexicano corre el riesgo de jugar precisamente en manos de estos extremistas intervencionistas, que, afortunadamente, son aún la minoría dentro de su propio partido, dándoles más importancia de la que merecen.
Su reacción sirvió para que megáfonos del partido republicano, como FoxNews, pretendan que existe una confrontación entre EE.UU. y México, entre AMLO y el gobierno de Biden, cosa que es falsa.
Ambos países han estado colaborando en la lucha contra la droga por décadas, conscientes de que es un azote que desestabilizó a ambas sociedades y trajo la desgracia para millones de familias.
En 2022, 45,000 estadounidenses murieron por violencia armada, y 31,000 por accidentes automovilísticos. Pero la cantidad de muertos por sobredosis pasó los 107,000, y tres de cada cuatro de ellos lo fue por consumo de fentanilo. Un fentanilo que en gran parte es producida en China, exportado a México, elaborado allí y enviado a Estados Unidos por vías ilegales.
Es necesaria entonces una mayor acción conjunta, más allá de la acción militar.
Los cárteles son enemigos de ambos países y de los dos pueblos. No merecen abrazos como habría dicho AMLO al respecto al asumir su puesto, sino balazos.
Y si bien a largo plazo, es correcta la política de reducción de la pobreza y un apoyo tal a la juventud mexicana que la aleje del crimen, si es que existe una solución presente al azote de los cárteles de la droga, radica en una colaboración amplia, constante y pública entre los gobiernos de ambos países.
Eso mismo sugirió el senador demócrata Robert Menéndez, enfatizando la necesidad de incrementar la colaboración a lo largo de la frontera.
De hecho, la colaboración sí se ha manifestado también en el caso del secuestro de cuatro turistas estadounidenses y el asesinato de dos de ellos mencionado, al punto que el cartel responsable por ello entregó a las autoridades a los supuestos responsables del crimen, por temor a la posible reacción estadounidense.
Una intervención armada, además de violar la ley internacional, es inmoral y errónea. No tendría éxito y llevará a la larga y por la lógica característica de la política internacional a una escalada violenta y destructiva, a la guerra.
