La privatización de las telecomunicaciones, la energía eléctrica, las pensiones, los ingenios y la banca en El Salvador se suponía que tendrían un impacto positivo en la población salvadoreña. Sin embargo, los organismos no gubernamentales, los analistas políticos y los economistas coinciden en afirmar que los resultados de las privatizaciones no han sido de beneficio social para la población.
Antecedentes de la privatización en El Salvador
Bajo el argumento de la modernización del Estado se crearon una serie de reformas en El Salvador por el Gobierno del Presidente Alfredo Cristiani, influenciado por las teorías económicas del «liberalismo» de Adam Smith, que fueron implementadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) para preparar a los países a insertarse en el proceso de la globalización.
Parte de este proceso, fueron los Programas de Ajuste Estructural (PAE) y de Estabilización Económica (PEE) que tienen como fin quitar obstáculos y crear un mercado mundial libre donde circulen los capitales financieros, comerciales y productivos sin restricciones.
Los Programas de Ajuste Estructural buscan que el Estado no intervenga en la actividad económica y se libere al mercado. Para su desarrollo, se necesita el comercio internacional y las inversiones extranjeras; es decir, la apertura comercial.
Los países precursores de estas ideas fueron Estados Unidos e Inglaterra. Y las figuras políticas que los abanderaron estos cambios fueron «La dama de hierro», Margareth Tatcher, que en ese tiempo era la Primera Ministra de Inglaterra y el entonces Presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan.
¿Un beneficio para El Salvador?
Con la llegada en el 1989 al Gobierno por parte del partido ARENA, el Presidente Alfredo Cristiani inicia con estos programas del BM y FMI una serie de medidas económicas en El Salvador, entre ellas, los procesos de privatización y la reducción o eliminación de proyectos sociales.
Durante este período presidencial, se cerraron entidades de beneficio social como el Instituto Regulador de Abastecimiento (IRA) que ofrecía alimentos a un costo menor ofrecido por el mercado y el Instituto de Vivienda Urbana (IVU) que ayudaba los salvadoreños a obtener una vivienda básica.
La principal parte de estas reformas económicas llevadas a cabo era la venta de entidades del Estado a capital privado. El papel de BM, FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fue trascendental para iniciarlas, por la cantidad de dinero en préstamos asignados para el país.
En 1991, el BM le aprobó a El Salvador un préstamo de 75 millones de dólares para que se iniciaran una serie de cambios como la privatización de algunas empresas, desregulación y reducción de tarifas entre otras. También el gobierno comenzó con los recortes de subsidios para el área social como una solución para los déficits que tenía el Estado.
Al temer que estas medidas provocaran efectos negativos en la población, el Banco Interamericano de Desarrollo designó en 1991 un total de 93 millones de dólares para la creación del Fondo de Inversión Social (FIS) que con el tiempo se convertiría en una nido de corrupción, esta nueva entidad sería una especie de ambulancia para darle auxilio al Estado y la población debido a los cambios estructurales que demandaban los organismos internacionales.
Al final el FIS fue una mina de oro para quienes la administraron, por la cantidad de robos y desfalcos que hicieron sus directores, pero no para los salvadoreños más necesitados.
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La política de la burocracia
El partido ARENA seguiría gobernando por cuatro períodos más. Después de Cristiani, se sentó en la silla presidencial, Armando Calderón Sol y luego lo relevaría Francisco Flores y por último Antonio Saca.
Analistas y economistas sospechan que la estrategia del Presidente Cristiani y de sus predecesores fue abandonar las empresas gubernamentales para que se fuera deteriorando su capacidad de gestionar, para tener así el pretexto de que era imposible una adecuada gestión en manos del Estado, y que era necesario venderlas porque eran imposible administrarlas en esas condiciones y que al ser privadas los nuevos dueños mejorarían su administración.
El desabastecimiento, las largas filas para comprar alimentos y cortes constantes al servicio de la electricidad y la telefonía se decían que terminarían cuando las empresas del Estado pasaran a manos privadas.
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Pero después de mucho años estas quejas aún están presente. Los alzas en las tarifas y las largas filas de personas esperando para pagar sus recibos de energía eléctrica y teléfono son comunes. Los salvadoreños se quejan de los cobros excesivos y los abusos que esas empresas cometen con los consumidores.
Ello demuestra que las compañías hablan de mejoramiento y eficiencia en el servicio después de la «desestatización», pero que la realidad demuestra lo contrario.
Para el especialista en Macroeconomía Raúl Moreno, uno de los principales costos que ha pagado la gente es el aumento de las tarifas de servicios de electricidad y telefonía.
Según archivos del Centro de Defensa del Consumidor (CDC) después de la privatización, la distribución de la energía alcanzó un alza entre un 47% y un 83% para el ciudadano común. No obstante, las empresas e industrias que consumen arriba de los 500 kilowatts hora, experimentaron un incremento de entre el 5% y el 22%. La situación era preocupante y clara. Los que consumían más pagaban menos.
Los incrementos aparecían cada año, y el descontento de la gente obligó al Gobierno a subsidiar a los usuarios que consumieran un rango menor de los 200 kilovatios por hora.
Durante el primer semestre del año 2000, para evitar un alza mayor, el gobierno tuvo que aumentar el subsidio ante las quejas de las empresas distribuidoras que «no obtenían ganancias debido a que estaban comprando a precios elevados la energía».
Una de las energías más caras del mundo
Durante la crisis del 2000, un megavatio alcanzó un valor de 1,500 colones, unos 160 dólares americanos, cuando en período normal el precio oscilaba entre los 500 y 600 colones (65 dólares). El Salvador llegó a tener la segunda energía más cara del mundo, sólo después de la de Japón.
El problema surgió porque las empresas distribuidoras importaban energía desde Guatemala a bajo costo. Esto afectó a las generadoras nacionales que vieron disminuidos sus ingresos.
La más afectada fue Duke, que en ese entonces tenía un tercio del mercado de la generación eléctrica. Ésta comenzó entonces también a importar energía guatemalteca. Con ello, bloqueó la importación de las distribuidoras al utilizar el único sistema de cable que unía las redes nacionales.
Después que impidió las importaciones, aumentó los precios para recuperar las pérdidas. Por su parte, las distribuidoras al comprar la energía a un precio alto, no tardaron en trasladar el alza a los consumidores.
A pesar de los constantes aumentos durante ese año, y las afirmaciones del Presidente Francisco Flores de que mantendría el subsidio, en septiembre del año 2000, el gobierno eliminó el subsidio de energía eléctrica para «los usuarios residenciales» que consumieran entre 100 y 199 kilovatios.
Esta situación afectó el bolsillo de las familias salvadoreñas que consumían 154 kilovatios por hora, en hogares de cuatro miembros, según el estudio de «Encuestas y gastos» de 1992 del extinto Ministerio de Planificación.
El mercado energético salvadoreño estaba integrado en esa época por el Mercado de Contrato y Mercado Regulador del Sistema (MRS). En el primero, se transan los volúmenes más grandes de energía entre generadores y distribuidores. No obstante, los precios con los que se compraba y vendían, no eran conocidos por nadie, excepto los que hacían el negocio.
En el Mercado Regular del Sistema, se comercializan las menores cantidades de energía eléctrica y los precios son más caros. Estos si se conocían, porque era a partir de ellos que se calculaban las tarifas de energía para los usuarios.
El precio de la energía continúa variando, aunque la tendencia es siempre al alza. Cualquier generador puede vender su energía con muy pocas restricciones porque la ley dice que los precios se pondrán de acuerdo con los precios libres. En la realidad no es así, para los expertos porque existen monopolios.
La falta de inversión en infraestructura para llevar energía eléctrica a los lugares lejanos y de difícil acceso es una de las cosas que más se les ha criticado a las distribuidoras. Han sido las alcaldías, las comunidades y los sectores necesitados quienes han tomado la iniciativa de llevar energía eléctrica a las zonas más remotas.
El paso de una banca estatal a una oligopólica
La privatización de la banca también ha tenido sus efectos en El Salvador. El macroeconomista Moreno considera que el sistema financiero salvadoreño es oligopólico. Sólo un grupo de empresas y unas pocas manos tienen el poder.
Para Moreno, los sectores más pobres del país no tienen acceso a financiamiento en la banca, debido a las altas tasas de interés.
Afirma que existe concentración de créditos en ciertas actividades. Uno de los sectores favorecidos es el comercio, mientras los sectores con posibilidades de crecimiento como la micro, la mediana, la pequeña empresa, y los sectores agropecuario e industrial han sido excluidos, aun cuando pueden ser importantes para la economía como fuentes de creación de empleos e ingresos.
Moreno agrega que a partir de los procesos de privatización hay una serie de obstáculos en el flujo de la información. Los salvadoreños desconocen las medidas a implementar, el marco regulatorio y la forma en que se imponen y regulan las tarifas. Además, la privatización de los servicios públicos como la telefonía y la distribución de energía han fomentado la estructura política y oligopólica de las empresas transnacionales.
La producción del azúcar se quedó en unas pocas manos
La privatización de los ingenios comenzó con el gobierno del presidente José Napoleón Duarte, del PDC, en los años ochenta. Fueron vendidos a capital privado los ingenios El Ángel, Central Izalco y San Francisco, mientras que El Carmen, La Cabaña, Chaparrastique, Chanmico, Jiboa y Magdalena todavía en esa época eran parte de los activos del Estado salvadoreño.
Con la aprobación de la Ley de Privatización de Ingenios y Plantas de Alcohol el 24 de julio de 1994 se dio inicio al proceso privatizador. En 1995, el Comité de Privatización de los Ingenios había terminado la etapa de evaluación de estas empresas y el Gobierno tenía el decreto de transferencia de ingenios. En el documento se establecía que cuatro ingenios estatales pasarían a manos de las cooperativas y trabajadores de caña.
En ese período, se creó la Comisión de Privatización de Ingenios y Plantas de Alcohol que fue la encargada de gestionar y evaluar la venta de los ingenios del Instituto Nacional del Azúcar y la Corporación Salvadoreña de Inversiones (CORSAIN).
El primer ingenio vendido fue «El Carmen » a un precio de 26 millones de colones. Durante el período de ventas hubo problemas con la autorización de créditos que permitieran la compra de acciones.
Después se continuó con la venta de los ingenios «La Cabaña» en 112 millones de colones, Chaparrastique en 76 millones y la Magdalena por 32 millones. El Ingenio Chanmico se vendió por 38 millones de colones , un 55% de las acciones a los empresarios cañeros, el 15 % a los empleados y el 30 % se puso en la bolsa de valores.
El Jiboa quedó en manos de una sociedad denominada Jiboa S.A. conformada por INAZUCAR y CORSAIN, después de que el Gobierno salvadoreño aprobó que lo podían comprar a un precio de 180 millones de colones.
Antes de vender lo ingenios, el Gobierno invirtió dinero para cubrir el déficit e irregularidades administrativas, y maquillarlos para mostrarlos atractivos. Así que se sospecha que las ganancias no fueron netas para el Estado.
Las pensiones para retiro pasaron a manos privadas
Antes de la Privatización, el Sistema de Pensiones estaba en manos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del Instituto Nacional de Empleados Públicos (INPEP) y del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
El ISSS se encargaba de los empleados del sector privado, el INPEP daba prestaciones a los empleados del sector público y el IPSFA a los militares. Entre los argumentos y causas presentadas por el gobierno para privatizar, figura el déficit que tenía INPEP debido a los préstamos personales e hipotecarios, los cuales debían ser asumidos por el gobierno.
También se decía que el Sistema Público de Pensiones tenía poca cobertura, en especial porque no había afiliación de los trabajadores independientes, el ISSS y el INPEP tenían una diversidad de funciones, los gastos eran mayores a los ingresos recibidos por cotizaciones y por los pocos cotizantes que financiaban las pensiones.
El 20 de diciembre de 1996 , la Asamblea Legislativa aprueba la Ley de Ahorro del Sistema de Pensiones (SAP) para sustituir el sistema de pensiones del ISSS por un sistema de capitalización individual, que estaría en manos de instituciones privadas a las que se les llama Administradoras de Fondo de Pensiones (AFPS).
En estas administradoras de pensiones, el cotizante tendría sus ahorros para financiar futuros gastos durante su vejez. Cuando la persona se retire recibirá lo que ahorró con su cotización. Los fondos de pensiones empezaron a ser administrados por Confía, Previsión, Porvenir, Máxima y Profuturo.
Estas AFPS competirían entre sí para ganar afiliados. Con el tiempo hubo fusiones de ellas por ejemplo de la fusión de Máxima, Previsión y Porvenir nació Crecer que empezó a funcionar el 1 de septiembre del 2000.
Las administradoras de pensiones estarían supervisadas por la Superintendencia de Pensiones que según su Ley Orgánica las funciones son velar y proteger los intereses de los afiliados al SAP integrado por las AFPS y Sistema de Pensiones Públicas conformado por ISSS y el INPEP.
Pero los resultados, después de más 20 años no han sido los previstos, aún cuando los niveles de las cotizaciones subieron, en parte gracias a que la población creció. Parte de los fondos fueron manejados como un fondo común, pero ese dinero guardado no generó rentabilidad y los cotizantes comenzaron a quejarse que la pensión otorgada no era suficiente para vivir.
A esto se sumó, que los presidentes Antonio Saca del partido ARENA y Mauricio Funes del FMLN , en sus respectivos gobiernos decidieron que las administradores de fondos de pensiones tenían que dar acceso al Gobierno a un 30% y 45% con un pago de interés del 3%.
Para especialistas en el tema como René Novellino, estas dos medidas implementadas por los presidentes Saca y Funes hicieron más daño que beneficio y ahora solo queda que esos fondos se inviertan para generar rentabilidad de las pensiones.
El Salvador analiza hacer una segunda reforma al sistema de pensiones, la primera se hizo en el año 2017, sin lograr resultados favorables para los pensionados. Tenía como objetivo darle una solución al déficit fiscal. Algunos hablan ya de volver al sistema público que se tuvo antes de la privatización.
Las familias ricas del país y las privatizaciones
En los procesos de privatización no sólo han ganado las empresas transnacionales, sino también las familias más ricas del país.
«En este país no se movía ni un dedo sin pensar en los intereses de un bloque familiar empresarial», comenta el economista salvadoreño Moreno.
En la tesis «El bloque empresarial hegemónico salvadoreño» de Carlos Rodolfo Paniagua, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, se dan a conocer 23 núcleos familiares empresariales y su poder gracias a que tienen inversiones en diversos sectores de la economía salvadoreña.
Medidas económicas como las privatizaciones, los Tratados de Libre Comercio y la dolarización fueron hechas y negociadas para que no afectaran sino por el contrario, beneficiaran a las familias de este bloque.
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Estas familias han conformado su capital a lo largo de más 100 años, la mayoría de ellas son inmigrantes de Europa, Estados Unidos y el Medio Oriente. Las alianzas matrimoniales han sido un factor importante para su crecimiento y desarrollo.
Después de los procesos de privatización de las entidades estatales, no resultaba extraño encontrar inversiones de estos núcleos familiares en el sistema financiero, el sistema de pensiones, los ingenios, las telecomunicaciones, entre otros. Los sus miembros de estas familia ocupaban los principales cargos en las juntas directivas de las compañías ya privatizadas.
A partir de estos lazos familiares y económicos establecidos han conformado un bloque empresarial hegemónico considerado por muchos como intocable. Los que más sobresalen son los Meza que está integrado por 5 núcleos familiares y han logrado establecer alianzas matrimoniales con otros núcleos familiares empresariales.
Otro grupos de fuerte presencia son los Dueñas-Palomo que tienen a sus miembros más sobresalientes en los núcleos Baldocci Dueñas y Palomo. También se suman los Poma, de origen catalán, además de ser numerosos han establecido vínculos familiares con los Kriete y Belismelis.
Las familias Cristiani de origen judío Llach y Hill forman parte de estas familias.
Para los economistas y analistas la clave de su éxito en El Salvador, y la base principal de sus grandes negocios, es crear un núcleo familiar empresarial. Estos grupos tienen inversiones en diversos sectores de la sociedad.
Privatización de la salud… un tema de vidas
Algo que no se ha hecho y que la mayoría de la población teme, es la privatización de los sistemas de salud y agua.
El posible traspaso del sistema de salud al capital privado es un tema que ha acaparado la atención de los medios de comunicación desde que surgió el rumor que se haría, en especial por la huelgas que realizaron los médicos y empleados del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
A partir de esa situación surgieron una serie de respuestas por parte del ISSS, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Colegio Médico, entre otros, para mejorar el Sistema de Salud.
Todos coincidieron que actualmente el sistema es ineficiente, pero las diferencias radican en la forma en que se suministran los servicios y el financiamiento. Se habla de un sistema mixto en el que participen entidades privadas y estatales, y otro en el que sólo brinden atención los de capital privado.
El Doctor Eduardo Espinoza, exministro de salud pública, critica que se hable de privatizar sin tomar en cuenta que la privatización en el caso de la salud, no sólo es la venta de los activos del Estado como el edificio de un hospital, sino que abarca muchos aspectos más. Es hablar de introducir ganancias por la venta de servicios médicos.
«Cuando estos servicios están en manos privadas tal vez no se cumpla con la función social porque el objetivo de una empresa privada es obtener la mayor cantidad de ganancias posibles» afirma Espinoza.
En un sistema de salud privatizado todo va a depender de la capacidad adquisitiva que tengan las personas. El galeno comentaba la propuesta de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (FUSADES) en la que se establecía «una canasta básica » de los servicios de salud que sería financiada por el Estado.
La doctora Diana Burgos, asesora en el área de Salud para organismos centroamericanos, señala que el sistema tiene una serie de problemas, entre éstos la falta de cobertura en la zona rural, la escasez de medicamentos y el bajo presupuesto para realizar todas las gestiones.
La doctora Burgos señala que son las unidades de salud las que tienen menos presupuesto y son las que más atienden pacientes.
De llevarse a cabo la privatización los más afectados serían los obreros porque sus cotizaciones serían más altas. Los aseguradores privados y las grandes empresas organizadas tenderían a reducir los servicios de salud sólo al área curativa.
Además, el Estado tendría que invertir mucho dinero en la transferencia a las empresas médicas privadas, a las compañías de seguros.
Una de las cosas más preocupantes en cuestión de principios éticos y humanismo es que la salud sería un comercio. El doctor Espinoza pone como ejemplo que un parto normal no dejaría tantas ganancias como una cesárea
La doctora Burgos por su parte, crítica que los gobiernos se olvidarán de darle continuidad a la reforma de la salud, cuando es un tema de vital importancia y que debió de continuarse.
El capital de todos a manos de pocos
«Las privatizaciones, si bien es cierto que generaron ingreso para el Estado, éstos son de forma transitoria, porque una vez que se venden, no tendrán otra forma de obtener dinero, por lo que necesitará buscar otras opciones para lograrlo, entre ellas está el aumento de impuestos que al final son cargados a la población», detalla Alexis Sierra Alta, economista venezolano y asesor de diversos organismos internacionales.
Se debe tomar en cuenta que las venta de los bienes del Estado ponen en otras manos lo que se adquirió con el dinero obtenido de los fondos tributarios que pagó la población durante años de trabajo.
Y si consideramos los escándalos por actos de corrupción de los gobiernos de los partidos PDC, ARENA y FMLN, ¿quién nos garantiza que esos fondos fueron invertidos en proyectos de beneficio para la población salvadoreña?
Se debe reconocer el carácter de corto plazo del dinero que se genere con la venta de las empresas estatales, por lo que muchos consideran que es importante que se mantengan aquellos bienes que son fuentes de ingresos para el Estado.
El planteamiento en que se fundamentan las privatizaciones, es que el sector privado es el único eficiente en el proceso productivo y que el mercado es el medio más apto para distribuir los recursos y las riquezas de una sociedad.
Sierra Alta considera que modernización del Estado es crear producción y empleo. Para él, las privatizaciones no son necesariamente parte del proceso de modernizar el Estado, aunque los gobiernos han visto en ella la salvación para contrarrestar el déficit fiscal, que significa la falta de dinero para el gasto público.
Moreno considera que el hecho de que se hayan creado las instituciones como la Superintendencia de Telecomunicaciones y Electricidad (SIGET) y la Superintendencia del Sistema Financiero no implica que estas cumplan su papel y que lleven a cabo las funciones para las que debieron haber sido creadas.
«Cómo es posible que existan una Intendencia del Sistema Financiero y que nuestra economía sufra desfalco y defraudaciones», pregunta Raúl Moreno.
Al mismo tiempo señala que los procesos de privatización fueron conducidos por el mercado y sólo se tomaron en cuenta intereses individuales cuando el Estado debió jugar un papel preponderante a través de la planificación de una política que incluyera colectivos y al consenso social.
En este sentido, agrega, los argumentos para privatizar han caído en saco roto. La eficiencia, la calidad y la mejora del acceso y cobertura se quedaron en los discursos de quienes generaron las condiciones y abrieron los espacios para vender los activos públicos de los salvadoreños.
Entidades que cerraron
INCAFE
INAZUCAR
RASA
PETROCEL
Instituto de Vivienda Urbana (IVU)
Instituto Salvadoreño de Investigaciones del Café
Instituto Regulador de Abastecimiento (IRA)
Entidades que pasaron a manos privadas
Hotel Presidente
Ingenios de azúcar
Entrega de placas para vehículos y licencias de conducir
Elaboración de documentos de identidad como el DUI
Privatización de las empresas distribuidoras de energía
Telecomunicaciones
Administración del Fondo de Pensiones
GEO
Núcleos familiares
Estas son las familias que controlaron en un tiempo estos bancos salvadoreños y que tienen la mayor cantidad de concentración del dinero en El Salvador:
Banco Agrícola
Baldocci-Dueña, Palomo-Déneke, Araujo
Eserski, Cohen Schildknecht y los Meza Ayau
Banco Cuscatlán
Cristiani-Llacht y los Bahaia
Banco Salvadoreño
Simán Jacyr y los Salume.
Banco de Comercio
Belismelis, Freund y Sol Millet.
Banco de Desarrollo
Salaverría-Borja y Salume
Ahorromet
SCOTTIABANK
Salaverría-Prieto, Quirós Noltenius, Poma y Llach
Hill.
BANCASA
Zablah Touché, García Prieto y Palomo
Acciones en AFP Confía
Baldocci Dueñas, Schildknecht, Cristiani Llacht y
Bahaia.
Acciones en AFP Previsión
Simán, Jacyr
Acciones en la desaparecida Máxima
Freund y Belismelis
Acciones en AFP Porvenir
Zablach Touché y García Prieto
Participación en otras áreas del comercio
Cementos de El Salvador (CESSA)
Ahora en manos de HOLCIM:
Belismelis, Hill Argüello, García Prieto, Salaverría
Prieto, las redes Dueñas Palomo y Meza Ayau.
Unión de Exportadores de El Salvador (UNEX):
Kriete, Cristiani, Murray Meza.
Molinos de El Salvador (MOLSA)
Salume Artiniano, Red Simán, Massis,
García Prieto y Dueñas Herrera.
Bodegas Generales de Depósito S.A. (BODESA)
Salume Artiniano, Simán García Prieto y los Dueñas
***
Fuente: El bloque empresarial hegemónico salvadoreño. Autor: Carlos Rodolfo Paniagua. Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, 2002
Los apellidos símbolo de riqueza en El Salvador
Baldocci-Dueñas
Palomo-Déneke
Quirós
Araujo
Eserski
Cohen
Meza Ayau
Cristiani
Poma
Llach
Bahaia
Simán
Salume
Belismelis
Salaverría-Borja
Salaverría-Prieto
Noltenius
Poma y Llach
Hill
Schildknecht
