Repetidamente y en este mismo espacio definimos que el odio contra el otro no se limita al odio individual, al resentimiento contra una persona o un grupo, sino que puede abarcar al país entero a través de su gobierno.
Es decir que en este caso, la política migratoria de Estados Unidos históricamente ha sido una u otra variación del odio, el desprecio y la hostilidad contra el prójimo. Contra el indefenso, el diferente, porque es latino o indocumentado o afroamericano o tiene el tinte de la piel ligeramente o totalmente oscuro, o porque es inválido, o porque es judío, o es LGBYQ, especialmente si es transgénero. Odiar no se limita al sentimiento maléfico de una o varias personas contra un colectivo.
El odio es persistente, actual e implacable también cuando se trata del odio de los gobiernos, en todas sus manifestaciones – aquí, en Estados Unidos, el local, el condal, el estatal, el nacional y lo que hay entre ellos.
Al odio lo disfrazan con el color de la ley y con las excusas: que los odiados son menos, que son criminales, que traen enfermedades, que son sucios, que traicionan, que a su vez oprimen a otros, que son contra natura y contra Dios y mil excusas más.
El delito de no tener casa
Esta semana, la Suprema Corte comenzó a debatir el caso de una pequeña ciudad de Oregon, Grant Pass, de 38,000 habitantes, que osó prohibir a su población de desamparados pernoctar en espacios públicos. El tribunal precisamente decidirá si la emisión de multas contra desamparados por dormir en un parque – multas que se acumulan y que de no pagarlas llevan al desamparado a la cárcel – es ilegal. A la ciudad le molesta que los sin hogar traigan consigo mantas, almohadas o grandes cajas de cartón para protección contra el frío, la lluvia o el viento mientras duermen dentro de los límites de la ciudad.
Por el momento y según el New York Times, los jueces – a través de sus preguntas que muchas veces son largos monólogos con fuertes opiniones – tienden a no entrometerse en las consideraciones de la municipalidad.
Cada día en Estados Unidos, el país más rico del mundo, 650,000 personas se van a dormir sin casa. Cuatro de cada diez tienen la suerte de que los acepten en algún refugio, un dormitorio común mantenido por organizaciones caritativas, iglesias, comités de barrio, gobiernos estatales y en especial, municipios. Por aquí en Los Ángeles la concentración de homeless y refugios es conocida: en la zona llamada Skid Row, en el centro de la ciudad, debajo de puentes, en los parques a medio construir a lo largo del Río Los Ángeles a la altura de Downey y en otras zonas.
Los que no son aceptados por los refugios – y tienen que solicitar la admisión cada noche, porque no son hoteles alojamiento – no tienen en dónde dormir.
Cuando crece la pobreza
En el último año y medio el número de desamparados en Estados Unidos creció en 12%. Es una de las manifestaciones más visibles del aumento en las brechas económicas en el país, pero también del fracaso de la medicina social y de la crisis de solidaridad que sufre nuestra sociedad.
La proporción de latinos entre los homeless ha subido en 28% entre 2022 y 2023 y hoy, uno de cada cuatro personas sin hogar en Estados Unidos son hispanos, que constituyen el 19% de la población del país. Por primera vez, es mayor su proporción entre los sin casa que su proporción en la población. Sin embargo, los afroamericanos siguen siendo legión, junto con blancos no latinos.
La población de los homeless es relativamente definida, porque cualquiera puede llegar a perder su casa y descender a esa condición. Sin embargo, abundan entre ellos no solamente las minorías – afroamericanos y latinos – sino también los casos de enfermedad mental, drogadicción y alcoholismo. Quien firma encontró hace años concentraciones de desamparados que habían servido en las guerras de Estados Unidos, sufrido de conmociones cerebrales o de choques emocionales y terminado en la calle como basura.
Se concentran en las grandes urbes como Los Ángeles y Nueva York y en ciudades que les ofrecen mejores condiciones que otras.
Esconder no es la solución
Y si bien todos los que se ponen alrededor de ellos parecerían querer eliminar el problema, su afán de eliminarlo se debe a razones diferentes y con distintas estrategias, no necesariamente por el bien de las víctimas. Están quienes promueven la construcción de viviendas o la conversión de edificios – viejas oficinas u hoteles – , que es una vía demostrada en el camino para la rehabilitación del homeless.
Pero a muchos simplemente les molesta ver tanta pobreza y sufrimiento en la calle y no buscan proteger al desamparado sino esconderlo, barrerlo debajo de la virtual alfombra. Además, lo definen como peligroso porque los mira feo o puede ser agresivo al estar drogado. Como sucio porque no se baña y se retira a alguna esquina del lote para hacer sus cosas. Como indigno porque cruza la calle para pedir una limosna.
Esto da lugar a los raids. Los policías, o funcionarios municipales que a su vez ganan lo mínimo, desmantelan un campamento de desamparados, se llevan las carpas que alguna organización les donó, tiran a la basura sus pertenencias y les dan citaciones judiciales y multas de centenares de dólares. Todo por el delito de dormir en la vía pública, en un parque o en un área privada.
Estos son actos violentos que en nada avanzan la solución del problema.
La violencia sobre el desamparo
Recientemente, el Tribunal de Apelaciones para el 9º Circuito dictaminó, en un caso que involucra a Boise, Idaho, que la prohibición de la Octava Enmienda de la Constitución de un castigo cruel e inusual prohíbe la imposición de sanciones penales por sentarse o dormir afuera por personas sin hogar que no tienen acceso a refugios regulares.
Los demandantes que representan los intereses de los desamparados utilizan como antecedentes el caso Robinson v California de 1962, en el que la Corte Suprema, con base en la Enmienda 8 prohibió al estado criminalizar a alguien solo porque es un drogadicto.
Poca defensa tienen los desamparados en particular y los pobres en general en la composición actual, ultraconservadora, de la Corte Suprema.
Este artículo está respaldado en su totalidad o en parte por fondos proporcionados por el Estado de California, administrado por la Biblioteca del Estado de California en asociación con el Departamento de Servicios Sociales de California y la Comisión de California sobre Asuntos Estadounidenses Asiáticos e Isleños del Pacífico como parte del programa Stop the Hate. Para denunciar un incidente de odio o un delito de odio y obtener apoyo, vaya a CA vs Hate.
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