Nos enteramos que otros 420 millones de dólares irán al gobierno de Felipe Calderón para la lucha contra el narco, lo que eleva ya a 1,120 millones el total de fondos autorizados por el Congreso de Estados Unidos para el Plan Mérida en México.
La batalla frontal contra el narcotráfico se mantiene como una mecha encendida en su mayor apogeo. La violencia en México y en especial en su frontera norte sigue en aumento y las llamas de los llamados focos rojos gubernamentales no se apagan.
Parece no tener fin. México se ha convertido en una hoguera infernal de violencia y narcotráfico, atrapada en prácticas políticas lamentables basadas en la visión retrógrada de una guerra hemisférica contra el tráfico de drogas.
El gobierno mexicano ha prendido la leña, mandando al ejército a pelear de frente contra el crimen organizado. Pero ha olvidado que las causas de la proliferación de tal negocio ilícito, no son sólo culpa de los capos sino también de la pobreza extrema, la mala educación, la corrupción en todos los niveles de gobierno. Para rematar, arrasa con un acuerdo estratégico de seguridad con Estados Unidos que sólo servirá para echar al fuego más de esa leña.
El denominado Plan Mérida brinda al gobierno mexicano casi dos mil millones de dólares para capacitación militar, armamento, helicópteros y un sinfin de equipos militares para enfrentar el incendio del narco.
A primera vista la supuesta ayuda parece ser insuficiente; como un balde de agua para calmar la gigantesca furia roja. Diariamente lo demuestran las decenas de ejecuciones que han tomado por completo los callejones fronterizos. Pero, al igual que el Plan Colombia, el Plan Mérida es más que ello: es el último eslabón de un plan estratégico militar puesto en marcha el gobierno estadounidense.
Luego de emprender la hoguera de las vanidades en Irak y Afganistán, una nueva administración continúa planes de hegemonía estratégicos militares en países claves, que invariablemente tendrán un fuerte impacto en sus respectivas regiones.
El Plan Mérida basa su ayuda primordialmente en la adquisición de armamento, por medio contratos multimillonarios con compañías privadas aquí en Estados Unidos y que contiene planes para el entrenamiento de las fuerzas de seguridad con base en los lineamientos utilizados por las fuerzas estadounidenses.
Además, hace uso de compañías privadas de EEUU para ofrecer éstos servicios. Mejor sería que se mandara al ejército norteamericano y así se ahorrarían un buen paso. ¿No?
Pero el problema es que no ofrece ni un penny para reducir la pobreza; ni un dólar para la educación o programas de salud y mucho menos para asistir en caso de desastres o crisis económicas, como la que hoy se vive.
«Luego de emprender la hoguera de las vanidades en Irak y Afganistán, una nueva administración continúa planes de hegemonía estratégicos militares en países claves, que invariablemente tendrán un fuerte impacto en sus respectivas regiones».
Lo que sí ofrece son miles de millones que servirán para llenar los bolsillos de comandantes y gobernantes mexicanos, o para adquirir un sinfín de cuernos de chivos, pistolas y metralletas que terminarán siendo vendidas en el mercado negro y utilizadas por el narcotráfico para luchar contra el ejército al que según dice, se está equiparando y ayudando. Y así se repetirá el ciclo de violencia que comienza al sur de México y que terminará, por el principio de vasos comunicantes, en las calles de Los Ángeles.
El crimen organizado se ha convertido en un detonante que prende y se extiende. Que usa el brillo de sus llamas doradas para atraer a los más pobres y necesitados con promesas de dinero fácil.
Cuando parece no tener más que encender y nadie más que comprar, pasa a su siguiente víctima: el gobierno. Como lumbre, rápidamente compra policías, presidentes municipales, gobernadores, las fuerzas de seguridad, dándoles pocas opciones: «O te nos unes o te prendemos fuego.»
Una vez consumido este nivel, pasa al siguiente: los empresarios; lavado de dinero, para incrementar ganancias, infiltrar compañías, campañas electorales, aduanas.
En lugar de echarle agua, de extinguir la llama con una política multilateral que ayude a confrontar el problema de raíz en Latinoamérica -como lo es combatir la pobreza, mejorar la educación, ofrecer incentivos para el respeto a los derechos humanos y la ética humanitaria, crear alternativas viables al negocio ilícito y quitar el misticismo de la ilegalidad de las drogas, lo que se hace es integrarse a un pacto de seguridad hemisférica.
Este acuerdo introducirá más armamento a una región de por sí militarizada, promoverá el abuso de poder y el paramilitarismo (como en Colombia), incrementará la violencia, la tortura y la violación a las garantías individuales y los derechos humanos.
En pocas palabras, le echará más leña al fuego.
