Lo que más afecta al ciudadano mexicano es darse cuenta que cada vez hay menos impartición de justicia y cada vez más impunidad.
A la fecha, prácticamente todos los mexicanos conocemos de forma directa o a través de una persona cercana, actos criminales que han quedado impunes, bien sea por negligencia de la autoridad o porque simplemente no existen las estructuras necesarias que permitan la impartición adecuada de justicia.
México es un país donde todo es posible excepto la justicia; aquí, lejos de crear empleos y condiciones de vida digna para que todos los mexicanos “vivan mejor”, la políticas gubernamentales fomentan la exportación hacia Estados Unidos de un número importante de ciudadanos mexicanos en forma de mano de obra barata.
Otros que por algún tipo de suerte tuvieron la oportunidad de una instrucción académica, son literalmente expulsados del país para que se incorporen en la universidades estadounidenses a continuar sus estudios y sólo allá desarrollen sus conocimientos, ya que en México no existe trabajo para científicos con altos índices de productividad. Así entonces se despoja a la nación de sus hombres y mujeres de trabajo y prácticamente no se hace nada por evitar dicha exclusión.
La gente que se va del país, se va porque sabe que en México no hay justicia.
Que mientras una persona es encarcelada por robarse un pan, otro más pueden desfalcar al país y vivir cómodamente sin castigo alguno, absolutamente impune.
Pareciera entonces que la desigualdad es lo que impera en la construcción de la realidad mexicana y no se avizora una medida que pueda cambiar dicha situación. En todo caso lo que observamos es la degradación de un forma de convivencia sana y pacífica, para pasar a un estado de supervivencia, al miedo y la inseguridad misma.
Desde hace más de cuatro años, México pasó de ser un país de sólo una clase política corrupta, a una nación inundada de violencia, crimen y derramamiento descomunal de sangre. La estrategia del miedo acompañada del crimen es sin duda la peor manera de gobernar. Sin embargo, para la noción de país de Felipe Calderón es la única forma efectiva de gobierno y seguramente pensara que es la más eficiente. Lo grave es que la fabrica sistemática de crímenes provoca que crezca una ola de más y mayor violencia, porque no sólo son los criminales quienes quedan impunes, sino también la propia autoridad que no puede ser cuestionada ante su ineptitud. Las torpezas del aparato de impartición de justicia simplemente son archivadas y dejadas en el olvido, generando una terrible frustración entre quienes esperan un mínimo de justicia.
Empero, la torpeza del sistema de procuración de justicia no lo es todo. Existen escenarios más catastróficos y lamentables, sobre todo cuando se utiliza la justicia con fines distintos a su naturaleza.
Lo observamos con detalle en la multicitada captura del político priísta Jorge Hank Rhon por una supuesta posesión ilegal de armas de fuego, y quien luego de catorce días y de un exagerado escándalo mediático y político, fue puesto en libertad sin ningún cargo de por medio.
En realidad, el uso faccioso de la justicia contra Hank Rhon, quiso incidir en el proceso electoral del próximo 3 de julio en el estado de México, intentando a todas luces desde el gobierno federal disminuir la delantera del candidato puntero y de paso mermar la imagen de Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, como se dice coloquialmente, el tiro salió por la culata, ya que lejos de maltratar al poderosísimo grupo Atlacomulco, encumbró la figura de Jorge Hank brindándole un invaluable capital político que seguro traducirá en una eventual búsqueda de nueva cuenta de la gubernatura del estado.
Además este abuso de autoridad dejó en completo ridículo a dos instituciones tan importantes en esta lucha contra el crimen organizado como el ejército y la Procuraduría General de Justicia que entre ambas no pudieron armar un expediente sólido que incriminara a Hank Rhon, por lo que la percepción estriba en que si no pueden con un sujeto del que se conocen de sobra sus vínculos con la ilegalidad, mucho menos podrían atrapar a un capo de ligas mayores.
El crimen se supone debe merecer un castigo, pero el problema es que el sistema judicial cada vez está más debilitado de tal manera que prácticamente los crímenes no son castigados ni siquiera en una forma mínima o simbólica. Lo vimos cuando el secretario sospechosamente millonario Genaro García Luna, violó en flagrancia la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no hubo una sola acción de castigo: al contrario;
Felipe Calderón celebró la aventura del ingeniero mecánico, imponiendo el día del policía.
Policía Federal que por cierto no ha dado resultados positivos ni satisfactorios en la mostrenca guerra contra los poderosos criminales.
Ante la frustración de no poder con la inteligencia de los criminales, el único castigo que Felipe Calderón ha podido ejercer es contra sus críticos, en particular en quienes desde los medios de comunicación “no alineados” ejercen una sólida y sustentada crítica a su estrategia fallida.
So pretexto de los actos criminales, “curiosamente” emergen atentados atípicos contra medios o periodistas incómodos al sistema, y en menor medida surgen auditorias de la Secretaria de Hacienda hacia medios de comunicación para que, en un acto de entera legalidad, se revise su comportamiento fiscal.
Y no se diga de los académicos quienes con su sapiencia a cuestas, han padecido el cierre de espacios libres de expresión o en su defecto son descalificados desde las incomibles columnas periodísticas de gacetilleros profesionales entrenados para enaltecer la miseria del actual gobierno.
