Vivimos el tercer año de la presidencia de Joe Biden, luego de la derrota de Donald Trump en las elecciones de 2020, y sus intentos de invalidar los resultados y retener el poder.
En las elecciones de medio término de noviembre pasado, el “movimiento de la conspiración electoral” fue derrotado en las urnas. Contrario a muchos pronósticos, los demócratas conservaron la mayoría en el Senado. Los candidatos que basaron su campaña en la fábula del fraude electoral perdieron.
Sin embargo, el mito del fraude electoral, inventado por Trump ya en 2016 por si era derrotado por Hillary Clinton (no lo fue) no solo sobrevive. Se expande.
Los negadores de las elecciones han remodelado el panorama político del país. No podemos ignorarlo, porque conspiran contra el estado mismo.
Un pequeño ejemplo: la semana pasada, el condado rural de Lycoming, Pensilvania, hizo un recuento de las boletas electorales de 2020. Bajo la presión de los teóricos de la conspiración y los negadores de las elecciones, 28 empleados contaron a mano casi 60,000 boletas. Tomó 560 horas de trabajo. Los resultados no cambiaron.
Wes Allen, secretario de estado de Alabama, acaba de retirar a su estado del Centro bipartidista de Información de Registro Electrónico (ERIC), que coordina exitosamente la actualización de las listas de votantes. En julio, lo hizo su colega de Luisiana, Kyle Ardoin.
¿Por qué? Según ellos ERIC es un “grupo izquierdista financiado por George Soros” (un donante liberal), aunque en realidad está completamente financiado y controlado por los estados miembros.
En 17 estados, donde vive un tercio de la población, hay un gobernador, fiscal general o secretario de estado negacionista, que promete “prevenir el fraude”.
Finalmente, en una encuesta de hace tres meses, ⅔ de los republicanos dijeron que las elecciones de 2020 fueron “robadas a Trump”.
Pero el ejemplo más preocupante es la concesión de la presidencia de importantes comités a los más recalcitrantes oponentes de la democracia por parte del presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy.
Jim Jordan preside el comité de Asuntos Judiciales, Mike Roger el de Fuerzas Armadas; Mark Green, el de Seguridad de la Patria.
Once de sus 17 nombramientos pertenecen a quienes votaron contra la certificación de la presidencia de Biden.
De todos, Jordan es quien más se dedica a la agitación y el caos. Al día siguiente de publicarse en los medios el escándalo de los documentos clasificados que Biden debía haber devuelto, anuncia una investigación del presidente y todo su equipo.
Con fruición anticipan entre otras la investigación del hijo del mandatario. Ahora tienen poder de citación (subpoena) para obtener testimonios y documentación.
Serán investigaciones espurias.
Los republicanos en el poder intentan desestabilizar al país, sumirlo en el caos y propiciar, una vez más, un gobierno autoritario. La prensa, defensora de la democracia, debe ser consciente de ello y denunciarlos.
Porque por su naturaleza, no admiten la derrota en las urnas. Para ellos perder en las urnas es solo una confirmación de fraude. No necesitan evidencias. Buscan el poder, por medio de la mentira, la conspiración y la incitación.
