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Para frenar migrantes, militarizan frontera entre Panamá y Colombia

Soldados panameños. FOTO: NS

El camino de la inmigración a los Estados Unidos tiene muchas direcciones. Pero uno de los más transitados es el que pasa por la Tapón del Darién. Una zona de pantanos, ríos y jungla inhóspita que se encuentra entre Panamá y Colombia.

Aunque el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, repite hasta el cansancio que las puertas de Estados Unidos no están abiertas, la miseria económica, la inseguridad y los desastres naturales siguen motivando a miles a intentar la travesía hacia un Sueño Americano que para muchos pasa por el peligrosísimo Tapón del Darién. El año pasado, alrededor de 250,000 migrantes.

El Tapón del Darién entre Panamá y Colombia. FOTO: NS

Militarización de la frontera

Pero ahora el gobierno panameño, con el respaldo de Estados Unidos y Colombia, ha decidido actuar. Más específicamente, el ministro de Seguridad de Panamá, Juan Manuel Pino, está organizando la “Campaña Escudo” que, como el mismo nombre lo sugiere, es la militarización de la frontera oriental del país centroamericano.

No se trata de trabajadores sociales, personal médico o consejeros de ONGs, sino que de unos 1,200 agentes de inmigración, policía fronteriza y miembros del servicio aeronaval que al menos durante dos meses patrullarán la región con helicópteros de origen estadounidense.

El objetivo es interrumpir el flujo migratorio confrontando a las organizaciones criminales transnacionales que operan en la región. Una de estas organizaciones es un grupo armado colombiano, el Clan del Golfo, que de acuerdo al jefe de la Policía Fronteriza panameña no solo estaría involucrado en el tráfico humano, sino que también en el negocio de las drogas y las armas.

El ministro Pino afirmó que, en base a trabajo de inteligencia, ya se han identificado tres rutas marítimas y dos rutas terrestres en donde se concentra gran parte del contrabando entre Panamá y Colombia y que con los recursos ahora disponibles se piensa concentrar las operaciones en esas  áreas.

Números insostenibles

La situación es cada vez más crítica. En 2021, fueron aproximadamente 133,000 migrantes que pasaron por el Tapón del Darién. Al año siguiente se llegó a un récord: un cuarto de millón. Vienen de Haití, China, Ecuador y muchos otros países, pero la mayoría son venezolanos.

La Organización de las Naciones Unidas advirtió que, considerando que en el primer trimestre de 2023 ya habían cruzado 170,000 migrantes, las proyecciones sugerían que este año alrededor de 400,000 pasarían por Darién.

Por eso es que en abril el secretario Mayorkas visitó Panamá para negociar un acuerdo que involucre a los dos países latinoamericanos en la cuestión migratoria que tanto afecta a Estados Unidos. En la reunión se emitió un comunicado que dice: “Reconociendo nuestro interés y responsabilidad compartidos para prevenir el riesgo para la vida humana, desbaratar las organizaciones criminales transnacionales y preservar la selva tropical vital, los gobiernos de Panamá, Colombia y los Estados Unidos tienen la intención de llevar a cabo una campaña coordinada de dos meses para abordar la grave situación humanitaria en el Darién”.

Una estrategia miope

Las autoridades aseguran que a los migrantes simplemente se les informará sobre la realidad del proceso migratorio estadounidense para que eviten un viaje que, para la mayoría, no concluirá con su ingreso en los Estados Unidos como falsamente les prometen los traficantes.

Pero a pesar de todas las buenas intenciones que pueda haber por parte de las autoridades, genera más que dudas esta estrategia que parece querer resolver el muy complejo problema de la migración a través de la militarización de la frontera. En este caso, la frontera panameña.

Involucrar a soldados armados, que están entrenados para la guerra, en la cuestión migratoria y ponerlos en un contexto en el que deben interactuar con hombres y mujeres cuyo único ´crimen´ es querer escapar de la pobreza y la inseguridad para darles una vida mejor a sus hijos, es una estrategia miope y potencialmente peligrosa. Solo se presta para el abuso de derechos civiles.

Además, usar la excusa de las organizaciones criminales para justificar operaciones militares que, en última instancia, terminarán siendo medidas de contención y represión contra los migrantes, suena a desinformación orwelliana. No se puede resolver con la fuerza, lo que en esencia son problemas económicos, sociales y políticos.

Este artículo fue apoyado en su totalidad, o en parte, por fondos proporcionados por el Estado de California, administrados por la Biblioteca del Estado de California y el Latino Media Collaborative.

Autor

  • Nestor M. Fantini, M.A., Ph.D. (ABD), is an Argentine-American journalist, educator, and human rights activist based in California. Since 2018, Fantini has been co-editor of the online magazine HispanicLA.com. Between 2005 and 2015 he was the main coordinator of the Peña Literaria La Luciérnaga. He is the author of ´De mi abuela, soldados y Arminda´ (2015), his stories appear in ´Mirando hacia el sur´ (1997) and he is co-editor of the ´Antología de La Luciérnaga´ (2010). He is currently an adjunct professor of sociology at Rio Hondo College, Whittier, California. As a refugee and former political prisoner who was adopted as a Prisoner of Conscience by Amnesty International, Fantini has dedicated his life to promoting the memory of the victims of state terrorism of the Argentine civil-military dictatorship of the 1970s and is currently coordinator of Amnesty International San Fernando Valley. Fantini graduated from Woodsworth College and the University of Toronto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Néstor M. Fantini , M.A., Ph.D. (ABD), es un periodista, educador y activista de derechos humanos argentino-estadounidense que reside en California. Desde 2018, Fantini es coeditor de la revista online HispanicLA.com. Entre 2005 y 2015 fue el coordinador principal de la Peña Literaria La Luciérnaga. Es autor de De mi abuela, soldados y Arminda (2015), sus cuentos aparecen en Mirando hacia el sur (1997) y es coeditor de la Antología de La Luciérnaga (2010). Actualmente es profesor adjunto de sociología, en Rio Hondo College, Whittier, California. Como refugiado y ex prisionero político que fuera adoptado como Prisionero de Conciencia por Amnistía Internacional, Fantini ha dedicado su vida a promover la memoria de las víctimas del terrorismo de estado de la dictadura cívico-militar argentina de la década de 1970 y actualmente es coordinador de Amnesty International San Fernando Valley. Fantini se graduó de Woodsworth College y de la Universidad de Toronto.

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