La implementación por parte de López Obrador de una Guardia Nacional compuesta por efectivos militares, marinos y policías federales, en efecto, es perpetuar la militarización del país y no acercarse a la paz en México.
En eso, AMLO en nada hace diferencia con sus predecesores Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Principalmente éste último quien llenó de sangre al país con su estrategia fallida de encargar a los soldados la seguridad pública y el combate al narcotráfico en el territorio mexicano.
La garantía de AMLO no alcanza
Acaso, lo que salva al presidente entrante es que este nuevo grupo de efectivos castrenses serán dirigidos por un civil y no un militar. Aunque nadie sabe si el hecho de que sea un político el encargado signifique, por ejemplo, que ahora sí se respeten los derechos humanos y no hayan más ejecuciones extrajudiciales como lo evidencia la sangrienta historia de tales medidas.
Por otro lado, algo debe hacerse para frenar el desangramiento, pero, dados los antecedentes ¿volver a militarizar el país es la respuesta ideal? No, si se considera que “las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza por los agentes de seguridad persisten”, según la ONU. Y que la única garantía para que esto no ocurra con la llamada Guardia Nacional es la palabra del AMLO. Con lo cual, por supuesto, no basta.
¿Qué hacer? Si, por un lado, encargar estas tareas a militares que están entrenados para reaccionar y ejecutar y no para estrategias de prevención, contención y vigilancia del delito, luce como algo equivocado. Por el otro lado, la policía que se supone está entrenada en estrategias previas que no sea la reacción militar, da muestras de no servir ¿qué maldita la cosa hacer?
La seguridad en sus propias manos
Veamos el caso de la comunidad de Cherán, Michoacán, que desde la madrugada del 15 de abril del 2011 se alzó en armas para enfrentar a los talamontes vinculados al crimen organizado que estaban devastando la comunidad. Lo que empezó con un grupo de mujeres, continuó con el pueblo entero y así expulsaron tanto a la policía como al gobierno municipal al revelarse su vinculación con el narcotráfico. No exentos de dificultades por la presión de los poderes fácticos, el hecho es que esta población recobró la paz a partir de que tomó la seguridad en sus propias manos.
Otros ejemplos de esto abundan en Oaxaca, Guerrero y el Noroeste mexicano. Y sus derechos son reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo.
Si las respuestas institucionales a la violencia han fallado, vale la pena aprender de los resultados probados del camino comunitario. Se trata de dejar de ver el tema de seguridad desde arriba y comenzar a solucionarlo desde abajo. Para resultados diferentes, medidas diferentes.
Twitter: @albertobuitre
