¿Entregará Cisen los documentos de la Guerra Sucia al nuevo gobierno de AMLO?
Los archivos del espionaje, de la violación de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad cometidos contra adversarios del régimen, reales o supuestos, siguen bajo control del Cisen. Por más de 16 años, el centro de inteligencia le impuso al Archivo General de la Nación una tutela sobre los fondos documentales que, hasta la llegada del nuevo gobierno, seguirán en sus manos.
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) mantiene el control de los fondos documentales de la guerra sucia en México. Un “acuerdo” que data del sexenio foxista, y que consigna como vigencia “por tiempo indefinido”, justifica la intromisión del organismo de inteligencia civil en las instalaciones y responsabilidades que legalmente son del Archivo General de la Nación (AGN).
Los documentos de la policía política
La próxima entrada en vigor de la nueva Ley General de Archivos –que implica la desincorporación del AGN de la Secretaría de Gobernación (Segob)– y la llegada de un nuevo gobierno podrían poner fin a la tutela de agentes del Cisen en más de 58,000 expedientes de las direcciones Federal de Seguridad (DFS) y de Investigaciones Políticas y Sociales (DIPS), las temibles policías políticas del régimen priísta.
“El Cisen sigue teniendo la custodia de esos fondos”, confirma en entrevista con Contralínea la directora del AGN, Mercedes de Vega Armijo. Matiza: pero “las versiones públicas las elabora el Archivo General de la Nación”.
—Supuestamente el Cisen estaría a cargo sólo mientras se capacitaba a personal del Archivo –se le cuestiona a la doctora en historia, nombrada directora del AGN por el presidente de la República Enrique Peña Nieto el 1 de septiembre de 2013.
—El acuerdo sigue vigente. No se ha modificado. Lo que ahora tendrá que ocurrir es que ese acuerdo se revise a la luz de lo que establece la Ley General de Archivos. Tendrá que ocurrir necesariamente. No hay vuelta atrás.
En febrero de 2002, durante el gobierno del panista Vicente Fox Quesada, oficialmente fueron transferidos los archivos del organismo de inteligencia civil del Estado mexicano –el Cisen– al AGN. Se anunció que los documentos desclasificados generados por las agencias de inteligencia del país podrían ser consultados por historiadores, periodistas e investigadores en general. El hecho se anunció como una muestra de que la democracia por fin se había instalado en México. Tal simulación cumplió ya más de 16 años.
Se ocultó en 2002 que quienes controlarían los documentos serían agentes del propio Cisen. El asunto se destapó unos años después, en 2006, cuando el investigador Tomoo Terada descubrió que quienes lo atendían en la entonces Galería 1 eran empleados del centro de inteligencia y no del AGN. Hoy los agentes siguen bajo “custodia” de tales archivos.
—¿Por qué el Cisen sigue controlando hasta la fecha expedientes que formalmente fueron entregados al Archivo General de la Nación? –se le pregunta al maestro Esteban Landa Rodríguez, secretario de la Asociación Mexicana de Archivonomía.
—Es parte de la cultura del secretismo del mismo Estado –expone el especialista, egresado de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía y catedrático del Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Como experto, considera que esta “cultura del secretismo” del Cisen ha impedido que los archivos sean realmente abiertos a la sociedad, aunque estén en el AGN supuestamente abiertos a la investigación.
“Ellos [el Cisen] invocan la seguridad nacional, la seguridad pública y la protección del mismo Estado… Recordemos que estamos hablando de archivos que documentan delitos de lesa humanidad, delitos graves en materia de derechos humanos.”
Cultura de secretismo
Para el maestro Landa Rodríguez, el Cisen sí es un obstáculo para el acceso libre a esa documentación. Decir que los agentes están para ahí “capacitar”, y desde hace más de 16 años, es un intento por justificar la encomienda que con respecto a esa documentación se les dio a quienes han encabezado el AGN desde entonces. El investigador advierte que los archivos que se trasladan al Archivo General de la Nación ya tienen carácter de “históricos”.
Emilio Vizarretea, politólogo, filósofo, internacionalista y abogado, señala que el valor de los documentos de seguridad desclasificados que se encuentran en el AGN es “muy alto”. El doctor en teoría crítica señala que se trata de una parte de “la memoria colectiva de la sociedad”.
Advierte que son documentos que no solamente provienen de instancias de la Segob. También hay archivos de instancias de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual también tiene facultades legales para realizar labores de inteligencia.
En 2006 el investigador Tomoo Terada había solicitado a la Segob el fundamento legal que amparaba la custodia, por parte del Cisen, de los archivos depositados entonces en las galerías 1 y 2 del AGN. Por respuesta, recibió dos oficios fechados el 20 de febrero de ese año. En el primero –DG/598/2006–, el entonces director del Archivo General, Jorge Dueñas, le solicitaba al Cisen “la ratificación del apoyo técnico que esa institución […] presta”. En el mismo documento destaca que “considera de gran valor el apoyo que brinda el personal del Cisen en virtud de la especialización en la materia de este grupo de trabajo”.
El segundo oficio –DG/059/06–, firmado por quien se desempeñara como director del Cisen en ese año, Jaime Domingo López Buitrón, se consigna: “He girado instrucciones a fin de que el personal especializado del Cisen, por su experiencia y conocimiento del caso, continúe por tiempo indefinido prestando apoyo técnico a los procesos archivísticos y de resguardo de los acervos transferidos al AGN, así como para brindar atención al público que solicite consultarlos”.
Hoy la actual directora del AGN, Mercedes de Vega Armijo, reconoce que los integrantes del Cisen no deben continuar por tiempo indefinido. “Es una situación que va a cambiar. Es algo que ya está previsto en la ley. Esta situación se tiene que modificar”.
Autonomía de gestión
Y es que a partir del 1 de enero de 2019, el AGN tendrá un cambio sustancial: dejará de estar sectorizado a la Segob. No sólo tendrá patrimonio propio, autonomía de gestión y personalidad jurídica. También será cabeza de un Concejo Nacional de Archivos.
Por lo tanto, a decir de Vega Armijo, “va a ser necesario analizar este asunto. Es fundamental sentar a la mesa a las instancias involucradas en este tema para ver cómo se va a aplicar la Ley General de Archivos en relación con este acuerdo presidencial que hubo entorno a los archivos del Cisen”.
Como todos archivos del AGN, los fondos de la DFS y de la DIPS se encuentran en el nuevo edificio de acervos. La directora, bajo cuya administración se canceló la consulta directa de documentos y se reelaboraron versiones públicas para reservar hasta por 70 años elementos de los expedientes, dice que ahora “se tendrán que generar acuerdos entre las instancias involucradas para ver cómo se va a aplicar la Ley General de Archivos”.
Sobre la reserva de información hasta por 70 años, la directora del AGN argumenta que la ley vigente –es decir la Ley Federal de Archivos que será sustituida por la nueva Ley General en los próximos meses– “considera que hay documentos con valor histórico y confidenciales. Esa ley está vigente. Y mientras esté vigente, la tendremos que seguir acatando”.
Sin embargo, concede que “se cometieron muchos errores en el testado [reserva] de documentos. Hemos ido aprendiendo en el camino. Se tastaban elementos de los documentos que no debían testarse”.
La nueva Ley no es la única que podría poner fin al control del organismo de inteligencia sobre los archivos desclasificados de seguridad nacional. La llegada de un nuevo gobierno a la Presidencia de la República, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, podría tener menos interés en proteger a los espías y políticos de sexenios pasados.
De hecho, el presidente electo ha manifestado su repudio al espionaje y a los servicios de seguridad nacional que se encargaron de seguir durante décadas a opositores al régimen. Incluso, anunció la desaparición del Cisen.
Para Emilio Vizarretea, la agencia no desaparecerá: sólo se le cambiará de nombre y seguirá “custodiando” los documentos. “Se trata de información de alto valor”.
De acuerdo con el “Acta Administrativa de Entrega-Recepción del Acervo Documental Transferido al AGN por el Cisen”, se trata de 58,302 expedientes contenidos en 4,223 cajas. Estos documentos supuestamente “desclasificados” fueron generados entre 1947 y 1985 por el Departamento de Investigación Política y Social; la Dirección Federal de Seguridad; la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional, y el propio Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
El maestro Esteban Landa destaca que la información que se traslada al AGN tiene la categoría de histórica, no administrativa. Por lo tanto, quienes deberían estar a cargo de esos fondos documentales son los trabajadores del Archivo.
El especialista incluso cuestiona que esta información que incluye crímenes cometidos en nombre del Estado sea custodiada por el propio Estado, así sea a través del Archivo General de la Nación.
“No debería tenerlos ni el AGN. Aquí estamos hablando del derecho a la verdad. Y este derecho, a nivel internacional, señala que ante este tipo de información debe ser custodiada por una Comisión fuera de los aparatos del Estado.”
Landa Rodríguez señala que la Ley General que entrará en vigor sí tiene como espíritu que los archivos cumplan con los principios de accesibilidad, integridad, que la información esté completa y disponible.
Una laguna legal
Pero en materia de la información relacionada con la Guerra Sucia, el espionaje y los crímenes de lesa humanidad “no prevé nada: es una de las grandes lagunas que tiene la ley”.
Explica que la información en la que quedan asentados delitos de Estado o crímenes de lesa humanidad no tienen que estar bajo custodia del propio gobierno.
“Se tiene que crear una comisión para garantizar la protección de esta información. Se trata del derecho a la verdad, que incluye el derecho a la investigación y a la sanción. El AGN no tendría que concentrar toda la información del Estado. Tendría que haber un contrapeso.”
Reproducido bajo permiso de Contralínea.
Publicación original: 23 de mayo de 2010.
