Violencia de género y la interpretación de las leyes en una sociedad justa
Combatir la violencia contra la mujer y personas con diferentes opciones sexuales es urgente e inaplazable. Lamentablemente en este terreno, muchas acciones que se llevan a cabo son pura simulación y para ejemplificarlo, repito una denuncia que formulé hace tiempo.
Cifras versus realidades
Finlandia ocupa el primer lugar en el índice de felicidad; ocupa el primer lugar mundial en educación y el segundo lugar en la Unión Europea como país más violento contra las mujeres. En este país, 47% de las mujeres han experimentado violencia física o sexual, mientras las desigualdades crecientes y la exclusión social se acumulan y traspasan generacionalmente preservando la violencia contra la mujer.
Afganistán último lugar en el índice de felicidad, prohíbe que las mujeres vayan a la escuela y coarta la libertad femenina cotidianamente.
Estados Unidos, que presume ser la mejor democracia del mundo, ocupa el 19 lugar del índice de felicidad y 463,634 mujeres de 12 años o mayores son víctimas de violación o ataque sexual anualmente. Esta cifra pasó de 232,960 en 2006; entre 7,750—12,500 niños nacen anualmente como resultado de violación mientras los republicanos luchan contra el aborto en éstos casos. El 70% de los feminicidios en países de alto ingreso suceden en Estados Unidos. Se cometen 2.6 asesinatos por cada 100,000 mujeres; una de cada cinco mujeres será violada o sufrirá agresión sexual en la universidad.
La violencia de género en México
México ocupa el lugar 35 del índice de felicidad y también se agrede a las mujeres. Gracias a la derecha unas 200 mujeres están encarceladas acusadas de homicidio por abortos naturales quedando muy cerca de El Salvador dónde también el aborto se castiga con cárcel.
A finales de 2019, el INEGI ( Instituto Nacional de Estadística y Geografía) reportó que 66.1% de mujeres mayores de 15 años (30.7 millones) fueron violentadas de alguna manera, para el 43.9% la violencia fue ejercida por su esposo o pareja actual.
La tasa de feminicidios del país superó los más de 1,000 asesinatos en el año 2021, o sea que en promedio, 10 niñas o mujeres son asesinadas diariamente. Esta cifra aumentó de 946 asesinadas en 2018; 13,631 mujeres huyeron por la violencia entre enero y mayo de 2021, y se realizan 38,316 llamadas anuales denunciando la desaparición de mujeres.
En México donde domina la legislación simbólica o sea que se aprueban leyes sin la intención de que se cumplan.
Se crearon las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) que se han declarado en 19 entidades del país (el Estado de México tiene doble alerta). La alerta tiene poca eficacia para reducir la violencia, pero los optimistas piensan que por lo menos sirve para sensibilizar a la sociedad, cosa que dudo.
En 18 de las 19 entidades con alerta, de 2018 a enero de 2020 crecieron las denuncias por delitos contra la libertad y la seguridad sexual (abuso, acoso y hostigamiento sexual, violencia equiparada y sexual e incesto), mientras que en 11 aumentaron los feminicidios.
La ley debe estar por encima del género
Ha sido larga la lucha de las mujeres por los derechos políticos, y se sigue batallando por lograr igualdad y equidad; el derecho a decidir sobre su cuerpo y la libertad a negarse al nacimiento. Mientras que una derecha falsamente escudada en una supuesta defensa de la vida, se enfrenta a estas conquistas de derechos forzando el nacimiento a víctimas de violación o de fetos con malformaciones, a los que nunca apoyará en su vida. Abundan las historias de mujeres a las que no se les permitió abortar y con esos hijos tuvieron una existencia miserable.
La violencia de género se extiende a los partidos políticos que manipulan el acceso de las mujeres al poder, les niegan financiamiento en las elecciones y ya electas las obligan a renunciar para dejar a los hombres en su lugar o las candidatean en distritos que saben están perdidos.
Frente al problema sistémico de machismo, violencia patriarcal, del asesinato de mujeres por su condición de mujer, se trivializa el problema al denunciar y castigar como violencia de género la denuncia de una mujer política que busca la presidencia de la república.
A la senadora Gálvez se le señala por corrupta no por ser mujer. Forzar el silencio sobre políticas acusadas de delitos parece promover una patente de Corzo y darle fuero a mujeres delincuentes lo que destroza el Estado de derecho. Hay que señalarle a AMLO cual fue su falla cuando señaló el uso de la influencia y poder político de la senadora Gálvez para conseguir contratos.
Pero como la justicia no es pareja, bajo este criterio, debemos saber por qué no fue sancionada la senadora Gálvez cuando acusó falsamente a la nuera del presidente de traficar con influencia.
Al pan pan y al vino vino, dice el dicho popular. Nadie debe estar por encima de la ley y debe sancionarse por igual a quién viola la ley aunque sean mujeres, nadie debe escudarse en la visión de género para delinquir, traficar con influencia, negarse a dar cuentas o articular venganzas políticas.
