Para millones de estadounidenses de limitados recursos la educación universitaria es un boleto para el avance económico y social. Pero a diferencia de 22 países en donde la educación postsecundaria es gratuita, aquí estos estudios son muy caros; los gobiernos no cubren estos gastos. Para quienes no tienen las sumas requeridas la solución son los préstamos.
Esto crea una situación confusa y difícil; al terminar los estudios, los graduados deben comenzar a pagarlos, un proceso que puede llevarles décadas y que entorpece seriamente su avance.
Esto, en la práctica, bloquea el sueño de las familias que enviaron a sus hijos a obtener un título universitario.
Una parte desproporcionada de los prestatarios son afroamericanos y latinos, que hallaron en la disponibilidad de los préstamos una vía de pagar sus estudios y avanzar en la sociedad.
La deuda puede durar toda la vida. Casi uno de cada tres de los mayores de 65 años que recibieron préstamos estudiantiles todavía los deben. Uno de cada seis prestatarios está atrasado. El gobierno puede embargar sus salarios y bienes o reducir su puntaje crediticio.
Los pagos de las deudas estudiantiles federales habían sido congelados a comienzos de la pandemia, pero se deberán reanudar a comienzos del año entrante. Y aunque ya hubo siete extensiones del reinicio del pago, es improbable que esto ocurra nuevamente.
En las últimas décadas, el costo de la educación universitaria se triplicó, y la ayuda federal mediante las becas Pell que otrora cubría el 80% del gasto ahora cubre sólo la tercera parte, quedando en 6,000 dólares mientras la deuda subió a un término medio de $25,000.
Dos de cada tres familias que reciben becas Pell tienen ingresos anuales menores a $30,000.
Durante muchos años los candidatos políticos prometieron ese cambio si los elegíamos. Eso mismo hizo durante su campaña electoral Joe Biden.
Ya presidente, le llevó dos años cumplir. En agosto declaró los contornos del plan, y este lunes este se lanzó. La inscripción para la condonación de préstamos estudiantiles está abierta.
Luego de varias correcciones, el plan definitivo perdonará hasta $10,000 en deuda estudiantil federal y hasta $20,000 si el solicitante recibió una beca Pell para personas que ganan menos de $125,000 al año o parejas que ganan menos de $250,000 anualmente.
Incluso padres que tomaron préstamos federales para ayudar a sus hijos pueden recibir el beneficio.
Se calcula que el programa beneficiará a 27 millones de los 45 millones de prestatarios.
El gobierno promete que el 90% de la ayuda llegará a quienes ganan menos de $75,000 por año.
Los interesados pueden llenar sus solicitudes, en inglés o en español, en https://studentaid.gov/ y tienen tiempo hasta el 31 de diciembre de 2023, pero los organizadores aconsejan apurarse.
Están incluidos solo los préstamos para estudiantes que están en manos del gobierno y no de instituciones privadas.
Varios millones de prestatarios son elegibles a la cancelación automática de sus préstamos, en virtud de la información ya archivada en el Departamento de Educación, y no tendrán que presentar la solicitud. Son aquellos que recientemente completaron el formulario llamado FAFSA y otros que ya iniciaron un plan de pago basado en sus ingresos.
El plan es voluntario. Aunque la ayuda no se tratará como ingreso sujeto a impuestos federales, quienes temen que su responsabilidad fiscal estatal incremente pueden optar por no recibirla.
Según la Casa Blanca, unas ocho millones de solicitudes habían solicitado el beneficio del programa hasta la fecha.
Este plan aliviará enormemente la situación de nuestros jóvenes graduados y les permitirá avanzar en sus carreras a la par de otros provenientes de familias más pudientes.
Cabe recalcar la oposición republicana al plan, que – como tantas veces que se beneficia a los que menos tienen – califican de gasto innecesario.
Seis fiscales generales republicanos han presentado una apelación para hacerlo declarar inconstitucional. La congresista extremista Marjorie Taylor Greene atacó el programa aunque ella misma recibió más de $180,000 en condonación de deudas de su empresa bajo el plan conocido como PPP.
Durante la administración Trump los republicanos aprobaron recortes de impuestos para los ricos en $2 billones y $800,000 millones en préstamos perdonables para pequeñas empresas. El costo de est programa será de $400,000 millones.
La puesta en efecto del plan es un gran avance que facilita la educación superior; promoverá la equidad racial y social.
Pero la tarea no puede limitarse a pagos por parte del gobierno. Las universidades deben mantener precios razonables y ofrecer un valor real a los prestatarios, en lugar de deudas impagables. El ejemplo lo han dado las 20 mejores universidades del país, que a partir de ahora cubrirán el 100% de la necesidad de ayuda financiera de un estudiante con subvenciones en lugar de deuda.
