Un estudio de UCLA arroja que 1.5 millones de estadounidenses se definen como personas transgénero, es decir, que no se identifican con el sexo que se les asignó al nacer. Y según una encuesta de Gallup, el 4.5% de la población se considera LGBTQ.
Contra la discriminación
Constituyen una importante parte de nuestra comunidad y como tales merecen nuestro respeto y apoyo. Esto incluye nuestra oposición a su discriminación, especialmente aquella que proviene del gobierno. Y en este caso, una discriminación que les niega la protección que merecen en el cuidado de salud.
En junio de 2020, la Suprema Corte de justicia decidió por 6 contra 3 que las leyes federales contra la discriminación sexual en el trabajo también protegen a las personas homosexuales y transgénero, en virtud de la Ley de Derechos Civiles de 1964.
La demanda pretendía detener al gobierno de Trump de poner en práctica su política discriminatoria. La aplicada contra la comunidad LGBTQ en general y las personas transgénero en particular.
Se refería específicamente al tratamiento de la disforia de género.
Este es un diagnóstico requerido utilizado por psicólogos o médicos y que puede preceder a la transición de un género a otro. Describe la angustia que las personas transgénero pueden sentir acerca de la incompatibilidad entre su cuerpo y su identidad de género.
La obsesión del gobierno anterior
Lejos de obedecer el dictamen de la Corte, el gobierno de Trump avanzó regulaciones anti gay y especialmente anti personas transgénero adicionales. En medio de la pandemia y como muestra de su crueldad, permitió esta discriminación en clínicas y hospitales.
Para justificar su exclusión de la protección de la ley, el anterior gobierno cambió la interpretación de la palabra “sexo”. Siguiendo la filosofía de los círculos más extremistas y discriminatorios, la definió como el género asignado al nacer, independientemente de la persona.
Expandió esta filosofía también más allá del cuidado de la salud. En sus dos primeros años emitió más de 30 ordenanzas discriminatorias. Trump, además, presionó por exenciones religiosas contra las personas LGBTQ a las leyes de derechos civiles.
En este caso, tuvo que intervenir un juez federal para detener una avalancha de regulaciones discriminatorias que el pasado gobierno se apresuraba a difundir.
Biden revierte la situación
En su primer día de gobierno el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva sobre anunciando la lucha contra la discriminación por motivos de identidad de género u orientación sexual.
Le siguió la cancelación de disposiciones discriminatorias anteriores, entre otras la que les prohibía a las personas transgénero servir en las Fuerzas Armadas.
Finalmente, el 10 de mayo, el Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, anunció que revierte la política de reducir los derechos legales de las personas transgénero, declarando que «todos, incluidas las personas LGBTQ, deberían poder acceder a la atención médica, libres de discriminación o interferencia«.
La decisión, aunque bienvenida, es solamente una respuesta parcial a la avalancha de restricciones lanzada por el anterior gobierno y al peligro de que la Suprema Corte, ahora de mayoría ultra conservadora, las respalde.
En efecto, el mes próximo se espera una importante decisión de este tribunal: si es o no legal discriminar contra padres de crianza si son del mismo sexo.
Es solo el comienzo
A quienes justifican la discriminación basados en la libertad de culto, recordamos que ésta no es una justificación para la intolerancia o el odio.
Pero además, son solamente 21 los estados – incluyendo Nueva York y California – cuyas leyes prohíben la discriminación laboral basada en la orientación sexual o la identidad de género; en 28 estados han fracasado intentos de aprobar leyes similares.
Y en estados como Arkansas, Tennessee y Carolina del Norte las legislaturas previenen a los gobiernos locales prohibir este tipo de discriminación.
La administración Biden entonces, se enfrentará en breve a disyuntivas y confrontaciones tan o más decisivias que esta. Y es que el ataque contra los derechos civiles de esta minoría no es sino un capítulo del que el antiguo partido Republicano, en su mundo paralelo, libra en varios frentes contra la democracia.
