Con Daniel K. Inouye representando a Hawaii en el Senado desde 1963 y el arribo de Spark Matsunaga, Norman Mineta y Robert Matsui al Congreso Nacional, todos estadounidenses de ascendencia japonesa, creció el interés por investigar la detención de los japoneses estadounidenses que fueron enviados a campos de concentraciones durante la Segunda Guerra Mundial, tras la Orden Ejecutiva 9066.
No toda la comunidad japonesa estadounidense estaba de acuerdo con que se investigara y menos que se promovieran campañas pidiendo reparaciones. La comunidad estaba dividida. Los más ancianos, que pasaron innumerables penurias en los campos, no querían despertar fantasmas del pasado. Pero, por otro lado, estaban los que pedían un pedido oficial de disculpas del gobierno estadounidense. Y, aún más, los que no solo querían disculpas sino también reparaciones económicas.
El reporte
En 1978, la Japanese American Citizens League aprobó una resolución en la que se pedía que el gobierno estadounidense emitiera un pedido de disculpas y pagara reparaciones monetarias. Al año siguiente, el senador Inouye sugirió que se estableciese una comisión federal para estudiar el tema.
En julio de 1980, durante la presidencia de Jimmy Carter, finalmente se creó la Commission on Wartime Relocation and Internment of Civilians (CWRIC) que organizó 10 audiencias públicas en las que participaron 750 personas que prestaron testimonio. Entre ellos, quienes diseñaron los programas de encarcelamiento como también los prisioneros de los campos de concentración.
Tres años más tarde, en 1983, se redacta el reporte Personal Justice Denied en el que la CWRIC concluye que los campos de concentración fueron un error, fueron resultado de racismo, histeria y fueron producto de decisiones equivocadas de líderes políticos.
“En resumen, la Orden Ejecutiva 9066 no estaba justificada por una necesidad militar, y las decisiones que se derivaron de ella (exclusión, detención, fin de la detención y fin de la exclusión) no se basaron en consideraciones militares”, se afirma en las conclusiones del reporte. “Las causas históricas generales que dieron forma a estas decisiones fueron los prejuicios raciales, la histeria bélica y el fracaso del liderazgo político”.
Respecto a las pérdidas materiales, el reporte dice:
“Las personas excluidas sufrieron enormes daños y pérdidas, tanto materiales como intangibles. A la desastrosa pérdida de granjas, empresas y hogares hay que añadir la interrupción de muchos años de carreras y vidas profesionales, así como la pérdida a largo plazo de ingresos y oportunidades. La participación japonesa-estadounidense en el auge de la posguerra se vio retrasada y perjudicada por las pérdidas de tierras valiosas y de empresas en crecimiento en la costa oeste, que sufrieron en 1942. Se realizó un análisis de las pérdidas económicas sufridas como consecuencia de la exclusión y detención para la comisión… Se estima que, como resultado de la exclusión y la detención, en dólares de 1945 los japoneses étnicos perdieron entre $108 y $164 millones de dólares en ingresos y entre $41 y $206 millones de dólares en propiedades por las que no se les hizo ninguna compensación después de la guerra según los términos del Ley de Reclamaciones de la Evacuación Japonesa-estadounidense. Ajustando estas cifras para tener en cuenta únicamente la inflación, las pérdidas totales de ingresos y propiedades se sitúan entre $810 millones y $2 mil millones de dólares en dólares de 1983. No ha sido posible calcular los efectos sobre el capital humano por la pérdida de educación, capacitación laboral y similares”.
Pero hay una dimensión que no puede ser medida en términos de números y que es la que más duele:
“De manera menos tangible, los japoneses étnicos sufrieron el daño del estigma injustificado que caracterizaba a los excluidos. Hubo enfermedades físicas y lesiones directamente relacionadas con la detención, pero la privación de libertad no es menos perjudicial porque hiere más el espíritu que el cuerpo”, dice el reporte. “La evacuación y la reubicación provocaron dolor psicológico y el debilitamiento de una estructura familiar tradicionalmente fuerte bajo la presión de la separación y las condiciones de los campamentos. No se puede poner precio a estas privaciones”.
Finalmente, el reporte recomendó un pedido de disculpas y reparaciones de $20,000 dólares a cada uno de los prisioneros de los campos y la creación de un fondo de $50 millones para la comunidad japonesa estadounidense.
Legislación
El 17 de septiembre de 1987 la Cámara de Representantes aprobó la HR 442, el Acta de Libertades Civiles de 1988, que llevaba el número del regimiento de japoneses estadounidenses que lucharon en la guerra). El 20 de abril de 1988 conseguiría el visto bueno del Senado.
Con una visión más amplia, la nueva ley fue redactada para reflejar que no era solo para reparar la injusticia de los campos, sino que para corregir la violación de los derechos constitucionales de ciudadanos estadounidenses.
La gran duda entonces era si el presidente Ronald Reagan iba a aprobar el proyecto de ley. Después de todo su administración se había opuesto a la propuesta. Pero alguien le recordó al presidente que cuando era un joven capitán había hecho un discurso ante la familia del sargento Kazuo Masuda, miembro del Regimiento 442, que había muerto en batalla, y cuya familia había experimentado abuso, insultos y amenazas al volver a su casa en Santa Ana, California, tras haber sido prisioneros en el campo de concentración de Gila River, en Arizona.
“La sangre que ha empapado las arenas de una playa es toda de un solo color… Estados Unidos es único en el mundo, el único país que no se fundó en base a la raza, sino de cierta manera, en un ideal…”, dijo Reagan. “Sr. y Sra. Masuda, como un miembro de la familia estadounidense hablando a otro miembro, quiero decirles gracias por lo que hizo su hijo Kazuo”.
El presidente Reagan firmó la ley el 10 de agosto de 1988.
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Este artículo fue apoyado en su totalidad, o en parte, por fondos proporcionados por el Estado de California y administrados por la Biblioteca del Estado de California.
