A primera vista, el caso judicial “Comisión de Bolsa y Valores contra Jarkesy”, que la Corte Suprema comenzará a debatir mañana, se relaciona con temas alejados del interés y significado para el grueso de la población.
Pero en realidad es un caso de la mayor importancia, que podría ser un parteaguas en el esfuerzo de los conservadores para desmantelar aquellos elementos del estado social que limitan a los poderosos. Quieren deshacerse de los que establecen estándares de seguridad laboral, regulan los mercados financieros para garantizar el interés general o tratan de limitar los daños ambientales.
En el caso delante de la Suprema Corte, se cuestiona si los procedimientos administrativos por parte de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) son constitucionales.
Este tribunal, el más conservador de las últimas décadas y que mantiene posiciones que contradicen la opinión pública, podría decretar que la SEC y por lógica otras agencias del gobierno no tienen derecho a medidas punitivas contra excesos y faltas de particulares y particularmente que los jueces de derecho administrativo que median los casos carecen de autoridad.
George Jarkesy es un locutor de radio y activista ultraconservador. Dirigía dos fondos de inversión con 24 millones de dólares en activos pertenecientes a 100 inversores.
La SEC descubrió declaraciones falsas de él y sus asociados respecto a cómo se administraban esos fondos. Se pagaban a sí mismos honorarios exorbitantes e inflaban ilegalmente el valor de los activos.
Un juez de derecho administrativo los declaró culpables de fraude de valores, lo que inició la cadena de apelaciones que culmina, después de varias instancias judiciales, con el debate en la Corte Suprema. El tribunal deberá decidir tres cuestiones constitucionales: si el esquema legal que faculta a la Comisión de Bolsa y Valores a delegar casos a estos jueces como hizo desde 1946 viola la Séptima Enmienda, que garantiza el derecho a un juicio con jurado. Si viola el Artículo II de la Constitución que confiere el poder ejecutivo solo al Presidente; y la “Doctrina de no delegación”, que impide que el Congreso ceda su poder legislativo a entidades sin esa autoridad.
La Suprema Corte podría eliminar a los 2,000 jueces de derecho administrativo, que son funcionarios independientes de las agencias. Si así lo decide, sacaría de por medio a quienes hasta ahora ayudan a que los estadounidenses puedan organizarse en sindicatos frente a la Junta Nacional de Relaciones Laborales, reciban los beneficios de Seguro Social que les corresponden frente a la Administración de la Seguridad Social, y gocen de seguridad en sus puestos laborales frente a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, mandando todos esos casos a cortes federales.
La eliminación de la institución de jueces independientes de derecho administrativo, sí así lo deciden los jueces, será la culminación de un esfuerzo de décadas por los conservadores para obstaculizar el funcionamiento del gobierno.
Lo que hasta hace poco eran teorías mantenidas en las márgenes insanas de la sociedad ahora podrían ser validadas, echando por tierra décadas de jurisprudencia y minando la capacidad de los gobiernos de defender al resto de la población, especialmente la de escasos recursos.
Fuentes
Oyez: Securities and Exchange Commission v. Jarkesy
Ballotpedia: Securities and Exchange Commission v. Jarkesy
The Atlantic: The case that could destroy the government
American Progress: SEC v. Jarkesy: The Threat to Congressional and Agency Authority
