Hay muchas cosas a las que no me he podido acostumbrar viviendo en Estados Unidos, y una de ellas es ver a militares uniformados tratando de reclutar a jóvenes en los lugares más insospechados.
Justo el otro día, durante mi media hora de simulacro de vida sana en el gimnasio, entraron dos militares y recorrieron hasta los baños. En un momento pensé que se trataba de una visita social, que andarían buscando a algún colega que a esa misma hora estaría levantando 300 libras y sudando la gota gorda.
Pero pronto me di cuenta que aunque efectivamente buscaban a alguien, esto no se debía a una cuestión social, sino como parte de los métodos de reclutamiento poco sutiles utilizados por las fuerzas armadas.
La ‘víctima’ , casualmente, un joven no mayor de veinte años, de tez morena, algo pasado de peso pero no tanto como para no poder correr, y que hasta antes del arribo de los dos “invasores” había estado bastante concentrado en su ardua tarea de quemar su tarifa diaria de calorías en una máquina elíptica.
Uno de los oficiales tratando de parecer “buena onda”, le hizo algunas preguntas acerca de su rutina de ejercicio y después, sin ser invitado por el jovencito, se puso a picar botones como loco en la consola de la máquina de ejercicio, me supongo que para ajustarla a las recomendaciones que acababa de hacer verbalmente al joven “prospecto”.
La charla fue breve, y el jovencito realmente se notaba incómodo con la inesperada visita, aun después de que se despidieron los militares.
La cuestión que me parece más brutal, es que esto también lo hacen en escuelas, pues en virtud de la Ley “No Child Left Behind” firmada el 8 de enero de 2002, las escuelas que reciben fondos federales tienen la obligación de compartir información personal de estudiantes (domicilio, teléfono, etc.), para efectos de ser contactados por reclutadores militares, sin tener que informar o solicitar el permiso de los padres. Esto se encuentra estipulado en la Sección 9528 de la citada ley.
Hay muchas voces que se han inconformado, pues entre otras cosas se argumenta que esta medida afecta directamente a escuelas preparatorias (high schools) de escasos recursos, pues son precisamente estas escuelas las que reciben fondos federales, razón por la cual resulta evidente una pre-selección del perfil de los reclutados, ya que las escuelas privadas o de élite no reciben estos fondos, por lo que no están obligadas a compartir información de sus alumnos con reclutadores, y por ende nadie les molesta.
La otra queja es que en lugar de que se requiera una autorización por escrito para compartir información de los estudiantes con los reclutadores, se implementó una opción para quienes decidan no hacerlo, mediante la firma de un documento denominado: Opt Out Letter.
Aunque esta ley también requiere al distrito escolar notificar a los padres que cuentan con esta opción para solicitar que la información de su hijo (a) no sea revelada sin su consentimiento, dichas notificaciones (Opt Out Letters) se encuentran contenidas dentro de los paquetes de formatos para firma entregados a los alumnos cada ciclo escolar, mejor conocidos en inglés como “Fall Registration Packets”.
La información acerca de este procedimiento ha sido muy limitada, y muchas veces los padres no tienen ni idea de que al no procurar y firmar este documento (Opt Out Letter) están poniendo a sus hijos en manos de reclutadores militares, aún sin consentirlo tácitamente.
Además el documento se encuentra redactado en inglés, y ¿qué creen que pasa en hogares donde los padres no hablan el idioma?
Errores como estos ocurren cada nuevo ciclo escolar, y hay decenas de evidencias en nuestra comunidad hispana, de padres que son sorprendidos por el hecho de que un reclutador ha convencido a su hijo de las bondades de enlistarse a las fuerzas armadas, y como el chico o la chica ya tiene 18 años, pues compadres y comadres, ya no hay nada qué hacer.
A propósito y un poco de trivia, ¿sabían que el primer mexicano en morir en Irak fue un tijuanense? Su nombre era Jesús Alberto Suarez del Solar Navarro. Murió en Irak el 27 de marzo de 2003, fue el primer soldado de origen mexicano y el quinto hispano muerto en la guerra con Irak.
De acuerdo a estadísticas del pentágono, los hispanos representan el 11.4 de los reclutas en el ejército, y el 15% en la naval, o un 13.5% del reclutamiento global.
Después de las protestas del 2003 contra la Guerra en Irak, Arlene Inouye creó la “Coalición por Alternativas al Militarismo en nuestras Escuelas”(CAMS). Esta es una de las organizaciones que se han dedicado a informar a padres de familias y estudiantes, sobre distintas alternativas para proteger la privacidad de los alumnos de preparatorias públicas, y evitar así que los reclutadores militares aborden a los estudiantes sin el consentimiento de sus padres.
Desde entonces Arlene se ha convertido en una importante voz contra el militarismo en las escuelas.
Uno de sus proyectos más recientes es el que ha denominado: Adopt a School (adopta una escuela) cuya misión es promover la paz y otras estrategias para evitar la presencia de reclutadores militares en escuelas.
Una decisión de este tamaño -reclutarse en el ejercito- no es una que deba tomarse después de una charla con un extraño. Los reclutadores muchas veces eligen mensajes que pueden ser confundidos por nuestros hijos como señales de compañerismo y en muchos casos explotan las motivaciones que puede tener un joven de esa edad para unirse al ejército: desde un carro deportivo hasta el Green Card, pasando por el financiamiento de la educación universitaria y la posibilidad de acumular medallas.
Los hombres y mujeres que deciden sacrificar sus vidas por la defensa de un ideal o de una nación merecen todo nuestro respeto, pero también merecen no ser agobiados por un reclutador porque una ley se los permite.
Ya viene un nuevo ciclo escolar, no olviden buscar la misteriosa Opt Out Letter y proteger la privacidad de sus hijos.
