El próximo mes, 16 estados con gobernadores republicanos comenzarán a rechazar los dólares que envía el gobierno federal a las personas que dejaron de trabajar a causa del COVID-19.
Son cheques que a menudo complementan con alrededor de $300 dólares semanales lo que los estados mismos proveyeron.
Llama la atención que estos gobernadores patrocinen una medida que atenta contra su misma población trabajadora. Aunque los fondos no provienen de sus propios erarios.
Estos políticos afirman que los fondos de desempleo adicionales hacen que los trabajadores se queden en casa, alimentando la creciente escasez de mano de obra y dificultando su propio regreso a la normalidad. Públicamente califican las prestaciones por desempleo como dinero fácil en vez de lo que son: un salvavidas para los que lo necesitan.
La justificación de esa conducta amoral es no menos indignante. Consideran a los pobres culpables de su situación, porque – supuestamente – “no quieren trabajar”. Sigue la lógica que siguen tantos empleadores que se quejan de que la gente no está dispuesta a trabajar por los salarios ofrecidos.
Pero además, estos argumentos son falsos. Tienen como propósito obligar a los trabajadores a arriesgar sus vidas antes de que el coronavirus esté bajo control, so pena de que pierdan los beneficios que les corresponden y hasta sus empleos.
Porque los casi cinco millones de trabajadores de los que se trata no vuelven a sus empleos, pero no por holgazanes, sino por razones concretas y prácticas. Tienen miedo a contagiarse en sus puestos de trabajo. Aún no se han vacunado, y muchos temen hacerlo. O no pueden trabajar por falta de cuidado infantil para sus hijos, particularmente allí donde las escuelas permanecen cerradas. O carecen de seguro médico. O bien ellos o sus familiares en casa sufren de condiciones preexistentes que los hacen aún más vulnerables al contagio.
Y sí, muchas veces el seguro de desempleo paga más que sus trabajos de tiempo completo, lo cual revela una verdad.
Revela que los suyos son sueldos de miseria, que no alcanzan, cuando en este año todo ha subido de precio, particularmente la comida.
Para atraer a los trabajadores, cuando las condiciones estén dadas, deben ofrecerles un ingreso adicional que los atraiga. Algunas corporaciones, como McDonald’s, Chipotle y Olive Garden, ya han anunciado salarios más altos, y así llenan miles de vacantes.
La compensación debe ajustarse a las presentes circunstancias. Debe ser acorde con el trabajo y con los riesgos que éste implica.
En lugar de ello, estos gobernadores actúan al revés. Les niegan a los empleados la ayuda para obligarlos a trabajar en las peores condiciones.
Al mismo tiempo, se niegan a alentar la vacunación masiva y la mascarilla como medios para derrotar al COVID.
En ambos casos, juegan con las vidas de sus residentes. Los gobernadores deben desistir de castigar a sus trabajadores por los problemas que ellos mismos han podido resolver y no lo hicieron. Un castigo que está dirigido mayormente contra las mujeres – que constituyen el grueso de quienes han dejado de trabajar – y las comunidades de color.
Entonces, el paso lógico debería ser lograr el regreso al trabajo y a la normalidad incentivando la vacunación. Restableciendo el uso de mascarillas y del distanciamiento social hasta que un porcentaje suficiente de la población – aproximadamente el 70% – esté vacunada.
Entonces, iniciarán las clases, reabrirán las guarderías infantiles, y el retorno al trabajo será natural y eficiente.
La urgencia de volver a la normalidad no se puede pagar obligando a los trabajadores a decidir entre la pobreza y la salud, sino acelerando la vacunación e imponiendo el uso de las mascarillas hasta que el peligro realmente se disipe.
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