Alrededor de 80,000 personas periódicamente deben conectarse con una máquina de diálisis para remover las impurezas de su sangre. Para ellos, la Proposición 23 no es un ejercicio teórico sino que es una potencial amenaza a sus vidas.
Tanto oponentes como simpatizantes de la medida están de acuerdo en que quieren proteger a estos pacientes. Incluso la medida incluye componentes que, para muchos, tienen sentido.
Por ejemplo, establecería un sistema en el que las clínicas deberían reportar infecciones relacionadas con el procedimiento, deberían obtener autorización del Departamento de Salud para poder cerrar sus puertas y no se permitiría que se discrimine en base al origen del pago de servicios.
Un médico por establecimiento
Lo que resulta más que problemático es la exigencia de que, salvo algunas excepciones, haya un médico en todas las clínicas en donde se realizan diálisis.
Una exigencia que ha empujado a profesionales de la Asociación Médica de California (CMA) y de la Asociación de Enfermeros Americanos (California), al igual que a miembros de organizaciones como la Conferencia Estatal del NAACP y de la Asociación Latina de Diabetes a sumarse a las filas de aquellos que se oponen a la iniciativa.
Muchos de ellos se preguntan, ¿para qué específicamente se necesita un médico en estas clínicas donde ya hay enfermeros y personal especializado? Sería maravilloso poder tener un médico en todos los lugares donde hubiese un potencial riesgo. Pero hay que ser un poco razonable y recordar que los recursos humanos son limitados. Un médico no solamente es costoso, sino que privaría a salas de emergencia y otros establecimientos médicos de profesionales que serían transferidos a clínicas de diálisis para simplemente ocupar una posición burocrática.
Aparte no se debe olvidar que estos pacientes que llegan a una clínica especializada en diálisis ya vienen de consultar a su médico personal que los revisó y ordenó el procedimiento. No es como que no cuentan con un médico.
Sindicato versus corporaciones
La Proposición 23 no es nada nueva. Como muchos recuerdan, es una versión refinada de la Proposición 8 que se presentó en 2018 y que fue rechazada contundentemente por la ciudadanía con un voto en contra del 60%.
Pero hablemos claro. En el trasfondo de esta Proposición 23 están los mismos actores que dos años atrás se confrontaron con la Proposición 8: Por un lado, el sindicato de trabajadores de la salud (SEIU-UHW West) y, por el otro, las dos corporaciones más importantes en el negocio de diálisis: DaVita Inc. y Fresenius Medical Care.
Este sindicato y las corporaciones vienen batallando por la cuestión de sindicalización de los trabajadores de las clínicas. Una demanda sindical que, en otro contexto, sería más que razonable, pero que para muchos que dependen de este vital procedimiento médico es improcedente y nunca debería mezclarse con la disponibilidad de este servicio.
Un estudio del Berkeley Research Group sugiere que de imponerse la medida, especialmente la exigencia de un médico por establecimiento, llegaría a costar alrededor de $320 millones anuales. Atacando a las corporaciones en el bolsillo, como parece ser la estrategia sindical, probablemente provocaría el recorte de servicios y hasta el cierre de algunas pequeñas y medianas clínicas.
Proposición 23: innecesaria
Por más nobles que sean las intenciones del sindicato de trabajadores de la salud, la cuestión de sindicalización de los trabajadores no puede ni debe costar una sola vida de pacientes que, tres veces a la semana, llegan a estas clínicas en donde la tecnología de diálisis los mantiene vivos. Eso es inadmisible y deja mal parado al mismo sindicato e incluso a sus trabajadores.
Es por ello que la Proposición 23, de la forma en que se la ha redactado y las consecuencias que podría llegar a tener, debe ser rechazada.
