En las últimas semanas, México ha sido testigo de asesinatos masivos brutales que resaltan la violencia generalizada que viene afectado al país. Los ataques, que van desde los asesinatos selectivos de estudiantes de medicina hasta los tiroteos indiscriminados en una fiesta, ahora también incluyen el reciente secuestro de 31 migrantes.
Mientras el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lidia con la escalada de asesinatos y secuestros, las consecuencias de la violencia se manifiestan en la frontera méxico-estadounidense. Más específicamente en el lado mexicano de la frontera donde decenas de miles de migrantes se agolpan en condiciones miserables esperando que las autoridades estadounidenses les den una cita migratoria que, para la mayoría, nunca llega.
Extorsión y fuga
El aumento del flujo migratorio hacia Estados Unidos, con casi 160,000 familias mexicanas cruzando la frontera sur de octubre de 2022 a septiembre, está parcialmente generado por la violencia de carteles que obligan a las personas a abandonar sus hogares por las amenazas de reclutamiento, extorsión o muerte que reciben.
La violencia es tan severa que los ciudadanos en algunas regiones se han armado y han resistido.
En Texcapilla, una localidad en el Estado de México, los agricultores se enfrentaron a pandilleros de la Familia Michoacana que intentaban extorsionarlos. El cartel, con su jefe a la cabeza, Rigoberto “El Payaso” de la Sancha Santillán, citó a los pobladores a una asamblea comunitaria en un campo de deportes. Allí llegaron los delincuentes con armas de alto calibre, chalecos antibalas y camionetas blindadas. Y anunciaron que iban a imponer un “cobro de piso”, o sea un impuesto extorsivo, de $10,000 pesos por hectárea cultivada (USD$580). Algo que no fue bien aceptado por los agricultores.
La reunión terminó en un enfrentamiento con tiros, machetazos y 10 delincuentes y 4 campesinos muertos.
La resistencia fue celebrada por quienes están hartos de la violencia y la extorsión criminal. Pero tras la celebración, la realidad se hizo sentir. La realidad de que el crimen organizado tiene un poder desmedido que, de una manera u otra, se hace sentir en todos los rincones de la sociedad mexicana. Como consecuencia de la confrontación en Texcapilla , más de 100 familias se vieron obligadas a huir de sus hogares por temor a represalias.
Esta ausencia del Estado mexicano en Texcapilla y en otras regiones del país, en donde los campesinos están librados a su suerte, se explica por la política del presidente López Obrador, quien prometió abordar el crimen centrándose en la erradicación de la pobreza en lugar de enfrentar agresivamente a los carteles. Aunque su estrategia de «abrazos, no balas» ha tenido cierto éxito en la reducción de homicidios en los últimos cinco años, los informes de extorsión y personas desaparecidas han aumentado durante su administración.
Secuestro
Antes de llegar a la frontera estadounidense, los migrantes tienen que cruzar por peligrosas selvas, montañas y ríos como la Región de Darién en la frontera entre Panamá y Colombia. Pero tan o más peligroso que los accidentes geográficos, son los criminales que los asaltan, roban, violan, secusetran, y, también, policías corruptos que los amenazan y extorsionan.
En un claro ejemplo de la violencia que los migrantes padecen en su larga travesía, 31 hombres y mujeres que se dirigían hacia la frontera estadounidense fueron secuestrados en Tamaulipas. La mayoría era de Venezuela; otros eran de Honduras, Ecuador, Colombia y México.
Las autoridades mexicanas, incluyendo tropas del Ejército y de la Guardia Nacional esta vez recibieron la orden de dar prioridad al acto criminal y se lanzaron en una búsqueda frenética que resultó en finalmente ubicar y rescatar a los migrantes secuestrados.
Un negocio
El secuestro ilustra lo peligroso que se ha transformado el norte de México para migrantes que no tienen muchas rutas alternativas para llegar a Estados Unidos.
El presidente López Obrador reconoció la gravedad de la situación, especialmente en Tamaulipas y otros estados fronterizos en donde grupos criminales como el Cartel del Golfo y el Cartel del Noreste ven los secuestros como una fuente de ingresos lucrativa.
El secuestro masivo en Tamaulipas es uno de los más grandes desde mayo, cuando casi 50 migrantes, incluidos 11 niños, fueron secuestrados de un autobús en San Luis Potosí.
Jorge Cuéllar, el portavoz de seguridad del estado de Tamaulipas, confirmó que otro autobús, que viajaba a Matamoros, fue atacado días atrás en un incidente separado. Cinco de sus pasajeros, todos venezolanos, que estaban siendo retenidos en un automóvil blanco, fueron rescatados por oficiales de la Guardia Nacional.
Irónicamente, los secuestros se desarrollaron incluso cuando las autoridades mexicanas buscaron reforzar la seguridad a lo largo de la frontera a fines de diciembre, cuando las familias en ambos lados de la frontera suelen reunirse para celebrar las fiestas.
López Obrador dijo a los periodistas que los detalles específicos sobre la investigación del secuestro de los 31 migrantes era reservado porque en este tipo de casos «se requiere cierto secreto».
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que cuatro de los migrantes secuestrados eran ciudadanos colombianos y que la embajada de Colombia en México estaba trabajando con las autoridades mexicanas para obtener su liberación.
Organizaciones centradas en la crisis migratoria en la frontera dijeron que el caso refleja las trampas de las cambiantes políticas de Estados Unidos hacia los migrantes.
Los migrantes y solicitantes de asilo emprenden el viaje hacia el norte por su cuenta o pagan a un grupo del crimen organizado para cruzar la frontera. Pero al igual que el contrabando de migrantes se ha convertido en un negocio lucrativo, el secuestro de migrantes también lo ha hecho.
Aunque la regla, conocida como Título 42, terminó el año pasado, las políticas de migración que mantienen a las personas en la incertidumbre en el norte de México las han convertido en presas fáciles para los grupos del crimen organizado.
Desde que terminó la regulación, el grupo de defensa Human Rights First reportó al menos 13,480 informes de secuestro, asesinato, tortura, violación y otros ataques violentos a migrantes.
– – –
Este artículo fue apoyado en su totalidad, o en parte, por fondos proporcionados por el Estado de California y administrados por la Biblioteca del Estado de California.
