“El fin de semana pasado dos mujeres policías se acercaron para pedirle documentos de identificación a mi esposo y su amigo cuando estacionaban el carro en el vecindario donde vivimos”,
relata Roxana Handres, mientras camina a paso presuroso por una porción de la estrecha calle Elfo, en las cercanías de la Plaza de Toros de Madrid.
“Las agentes policiales dijeron que solicitaban identificaciones porque estaban investigando denuncias de robo en la zona cercana a Quintana» (una estación del metro madrileño), refiere la salvadoreña que vive como indocumentada en España desde hace dos años y trabaja en las noches como mesera en un restaurante de la capital española.
Para su fortuna el incidente no pasó a más, gracias a que su cónyuge tiene visa de estudiante y ella había bajado unos minutos antes del automotor y ya se encontraba resguardada en su apartamento, de lo contrario estaría en prisión y en espera de ser expulsada a El Salvador.
Su temor de ser detenida y deportada se ha incrementado luego del incidente, porque percibe un ambiente más hostil para los inmigrantes. En parte por el desempleo agudizado a raíz de la crisis económica que atraviesa el país y por las enmiendas realizadas el año pasado a la Ley de Extranjería.
Las actitudes de ciertos sectores de la sociedad española delatan la discriminación hacia los foráneos. La xenofobia y el racismo son latentes en esta nación europea donde se calculan que vive casi un millón de inmigrantes indocumentados.
Una muestra es un folleto distribuido hace unos días durante un acto proselitista del candidato del Partido Popular (PP) a la alcaldía de un municipio de Barcelona. Su contenido vinculaba la inmigración con la delincuencia y la suciedad.
La portada del folleto que ha causado revuelo destacaba una fotografía de dos mujeres con velo. La imagen era acompañada por un texto que decía: ¿Tu barrio es seguro?
En sus páginas interiores el documento tenía fotografías de una pancarta con el mensaje: «No queremos rumanos», una calle sucia, seis inmigrantes descansando en un balcón y dos mujeres con pañuelo sentadas en un banco de la vía pública.
El folleto que fue distribuido en el municipio de Badalona ha sido criticado por su contenido racista y xenófobo. El candidato que lo entregó, Xavier García Albiol, tuvo que pedir disculpas. La Fiscalía investiga el documento por la denuncia de varias organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Otro ejemplo de discriminación son las medidas propuestas por los partidos políticos CiU, PP, PxC y ERC en algunas ciudades de Catalunya como Vic, Badalona, Llavanares y El Vendrell con el objetivo de ganar los votos de los antiinmigrantes.
Los políticos ha amenazado con quitar los subsidios a los foráneos, denunciar a los inmigrantes que no tienen permiso para permanecer en territorio español cuando realicen trámites administrativos o se inscriban en el padrón municipal, así como retirar las becas alimenticias a los hijos de los indocumentados, entre otras medidas.
El fenómeno traspasa fronteras
Las historias de discriminación están presentes en cada uno de los países, donde la llegada masiva de foráneos es un fenómeno que también desata debates.
En Costa Rica, los nicaragüenses dicen ser discriminados porque los costarricenses les acusan de quitar puestos de trabajo, ensuciar y delinquir en su país. Ellos tienen que solicitar visa para ingresar a Costa Rica.
La historia se repite en República Dominicana donde los haitianos también son víctimas de exclusión. Jesuitas y organizaciones humanitarias han denunciado en diversas ocasiones el maltrato que sufren los inmigrantes oriundos de Haití.
Emilio Rodríguez, un doctor dominicano, que vive en España, relata que en su país la mayor parte de la población discrimina a los haitianos por su color de piel y si no tienen documentos que demuestren su permanencia legal, el rechazo es mayor.
Uno de los casos más emblemáticos es el de las jóvenes de origen haitiano Dilcia Yean y Violeta Bosico, a quienes se les negaba la nacionalidad dominicana a pesar de haber nacido en territorio dominicano. Ese es un derecho que está en las leyes de República Dominicana y establecidas en los artículos 20 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Las dos fueron víctimas de privación arbitraria de la nacionalidad. Vivieron por muchos años sin actas de nacimiento y como inmigrantes. Por ese motivo, una de ellas, Violeta Bosico, no pudo asistir a la escuela durante un año, según detalla un documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Las haitianas recibieron su nacionalidad dominicana y una indemnización del gobierno gracias a una histórica sentencia emitida el 8 de septiembre de 2005 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando declaró por unanimidad que República Dominicana “violó los derechos a la nacionalidad y a la igualdad ante la ley”.
Estados Unidos no escapa de las historias de discriminación hacia los inmigrantes. Parte de su legislación lo refleja. Según un informe del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), 19 de los 50 estados han aprobado leyes que prohíben contratar a inmigrantes que no puedan certificar su estancia legal y al menos 11 han presentado normativas que les impiden a los foráneos hacer uso de servicios comunitarios, obtener licencia de conducir y alquilar vivienda.
Una muestra es la recién aprobada ley SB 1070 de Arizona que establece la inmigración ilegal como un crimen, faculta a los agentes policiales locales para hacer arrestos de inmigrantes indocumentados, permite demandas contra agencias gubernamentales que obstaculicen la aplicación de las leyes de inmigración y hace ilegal contratarlos como jornaleros y transportarlos.
Activistas que protegen los derechos de los inmigrantes temen que esta normativa promulgada en Arizona puede incluso inducir al racismo, porque los policías podrían ser influenciados por el fenotipo de las personas para verificar si tienen residencia legal en la nación estadounidense.
La idea no es descabellada ni está lejos de la realidad.
Un día de estos, en el metro de Madrid, quise comprobar los relatos de varios amigos suramericanos que se quejan porque la policía exige la mayor parte de veces documentos de identificación aquellos con rasgos latinoamericanos, africanos y árabes.
Durante mi paseo por las estaciones del metro madrileño vi como dos policías, que estuvieron por largo tiempo en la estación de Atocha Renfe, solicitaban documentos de identificación a los pasajeros antes de abordar el tren. Noté que solo pedían documentación a los de piel oscura y ojos raídos.
Aunque la policía siempre ha aducido que son controles de rutina para todas las personas que viven en España con el objetivo de brindar seguridad, las organizaciones que protegen los derechos de los inmigrantes difieren con esa postura y consideran que este tipo acciones son un ejemplo de la persecución que sufren en la nación ibérica.
Muchos bolivianos, ecuatorianos y peruanos se sienten discriminados en España por su color piel y sus rasgos indígenas.
La xenofobia y el racismo se muestran de forma sutil hasta en la televisión. Una popular serie de Telecinco llamada Aída, tiene a un personaje llamado “Machu Picchu”. Si su nombre es como el del famoso sitio arqueológico de Perú.
“Machu Picchu”, que es interpretado por un actor de origen japonés pero tiene apariencia de latinoamericano, es un camarero oriundo de Sudamérica que trabaja de manera ilegal en un bar. Este inmigrante es tratado muy mal por su jefe, y en la serie siempre es víctima de comentarios y bromas racistas.
Sin importar que sea América o Europa, la discriminación hacia los inmigrantes no tiene fronteras.
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