La pregunta zanjó la tensión en una sala donde decenas de políticos y periodistas aguardaban ansiosos la firma. La entonces gobernadora de Arizona, Jan Brewer, hizo un gesto que delató su incomodidad. No supo responder. Estaba ahí, promulgando una ley estatal que criminalizaba la presencia no autorizada en Arizona y otorgaba a los policías locales algunas facultades migratorias federales, pero aún no articulaba cómo esa norma fortalecería la seguridad nacional sin abrir la puerta al perfil racial. Aun así, sonreía. Era 23 de abril de 2010.
La noche anterior, Brewer había sido la invitada especial en la cena anual de una organización sin fines de lucro muy influyente en la comunidad hispana de Arizona. Fue evasiva, pero, de igual manera, aplaudida. Algunos le rogaban que no firmara la SB1070 y ella asentía, sin disimular sus intenciones. Fue algo así como el beso de Judas. Un par de horas después estaba ahí, con esa sonrisa amplia, disfrutando del poder que esa acción le había dado en su partido y que, bien sabía, le aseguraría ganar las controvertidas elecciones.
En ese momento, algo se rompió. Arizona no volvió a ser el mismo.
Pancartas. Marchas. Boicots. Huelgas.
Una comunidad que había estado en las sombras, debajo del radar, harta de ocultarse, salió a protestar.
Vigilias. Rosarios. Mudanzas. Resistencia.
Quince años después, la ahora gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, tuvo frente a ella otra ley polémica y complicada, conocida como el “Acta ICE de Arizona”. También utilizaba la seguridad nacional y el combate a las drogas como vía para asestarle un golpe bajo a la comunidad migrante en situación irregular; hacía oficial —en papel— la cooperación entre agencias del orden público y brindaba a los oficiales locales la facultad de ejercer funciones migratorias de competencia federal. La vetó.
Entre la promulgación de la SB1070 y el veto del “Acta ICE” ha pasado mucho. En cada sesión legislativa se han discutido propuestas que pretenden “espantar” a migrantes que no tienen la documentación apropiada para vivir y trabajar en este país, a pesar de que sus contribuciones económicas han mantenido a flote un estado en momentos tan desafiantes como la pandemia y los embates políticos federales. Y la presión no se acaba.
Este 2025 es una coyuntura de la historia y la causa. La SB1070 no se ha ido y encima ha llegado Trump.
