Arizona: racismo e inmigración
La ley SB 1070 entró en vigor el pasado 29 de julio en este estado. Una jueza federal bloqueó los aspectos más fuertes de la misma: el poder de las fuerzas del orden de exigir documentos migratorios a los «sospechosos» de ser indocumentados y prohibir que se usen espacios públicos para buscar trabajos temporales —los jornaleros y otros trabajadores se reúnen en algunas esquinas a la espera de contratistas—. Pero dejó otros elementos igualmente duros, como convertir en delito el transportar a indocumentados y medidas similares.
Obviamente, en un estado limítrofe con México, los «sospechosos de ser indocumentados» son aquellos de aspecto latino, lo que abre la puerta al racismo más grosero.
Varios analistas y reportes periodísticos coinciden en que algo está cambiando rápidamente en el país. Y entre los elementos que generaron esta caótica situación, además del racismo, tenemos:
Cambios económicos
EE.UU. está viviendo transformaciones en su economía y, por lo tanto, en su mercado laboral. Más empresas emigran a China, India u otros paises donde la mano de obra es mucho más barata, dejando a miles de trabajadores desempleados. Es posible, entonces, que no se necesiten tantos trabajadores. A esto hay que agregarle la actual crisis económica, que afecta seriamente segmentos cruciales como la construcción. Y como es común en momentos como éste, surge el resentimiento contra los extranjeros «que vienen a quitarnos los empleos».
Sin embargo, hay una industria que no puede mandar su producción a otro país: la agricultura. Pero debido a la competencia de otros mercados, EE.UU. necesita reducir más el costo de la mano de obra campesina. Por lo tanto, marginando aún más a los indocumentados —que en su mayoría trabajan en empleos no calificados como la agricultura— sus aspiraciones salariales se verán más reducidas todavía, sin contar con la casi imposibilidad de sindicalizarse o participar en la vida social del país.
Al mismo tiempo, los agricultores y empresas agrícolas recurrirán más a la importación de mano de obra temporal. Ya existe un programa en este sentido, conocido por la clave de la visa temporal: H2A. Por este medio, miles de trabajadores pueden ingresar al país a trabajar durante cierto tiempo. Se esperan otras leyes o nuevos reglamentos a la H2A para facilitar el flujo de mano de obra.
De esta manera se matan dos (o más) pájaros de un solo tiro: se mantiene la abundancia de mano de obra barata y se evita que los trabajadores se queden en EE.UU, por lo tanto se podrá detener un poco el crecimiento de la población latina y de su influencia sociocultural.
Cambios políticos
Desde los 80s, EE.UU. ha implementado el llamado «neoliberalismo», una corriente más agresiva del capitalismo que permite una acelerada concentración de capital y la falta de reglamentos para lograrlo. El partido Republicano es el principal simpatizante del Neoliberalismo. La llegada de Obama al poder en el 2008, en plena crisis económica, es considerada negativa para mantener esta tendencia. Las reformas aprobadas por el gobierno de Obama, aunque tímidas, son denunciadas como «comunistas» por parte de los partidarios de sectores más conservadores.
El hecho de que Obama es negro le agrega un condimento racista a las quejas. Por ejemplo, la oposición se está organizando a nivel de base en el llamado «Tea Party’, un movimiento visiblemente liderado por blancos, cercano al partido Republicano e influenciado por grupos religiosos conservadores.
El Tea Party se opone a cualquier reforma migratoria que otorgue residencia legal a los indocumentados y, aunque no lo expresan abiertamente, desprecian a la gente de color. Además, en todo el país han surgido o resurgido grupos racistas, algunos con propaganda nazi.
Cambios étnicos
El otro condimento de esta lucha por el poder es el crecimiento de la comunidad latina, que ya desplazó a la negra como «primer minoría étnica», con casi 45 millones de personas, lo cual no es visto con agrado por parte de muchos sectores conservadores del poder. Las medidas antiinmigrantes pondrían un freno a este crecimiento y además, al creciente poder político latino.
El miedo
Dentro de este contexto podremos entender mejor lo que ocurre en Arizona. Aunque en realidad, fue California la que «inspiró» la ley SB 1070.
En 1994, la Proposición 187 (o «Save our state», SOS), sometida a los votantes en ese año electoral, proponía algo similar a la actual SB 1070 de Arizona. El entonces gobernador Republicano Pete Wilson, abajo en las encuestas unos meses previo a la elección donde buscaba mantenerse en el gobierno, hizo suya dicha medida electoral y su campaña se transformó en monotemática contra la inmigración indocumentada. La opinión pública se polarizó y, con el apoyo del votante blanco, Wilson ganó la reelección. La Proposición 187 fue aprobada por la mayoría, pero las cortes prohibieron su aplicación por ser anticonstitucional.
Cabe destacar que estas propuestas antiinmigrantes buscan imponer el miedo en la población blanca de clase media. El miedo es el verdadero motor del poder conservador.
La actual gobernadora de Arizona, Janice «Jan» Brewer, está jugando el mismo papel que Pete Wilson en California en 1994. Abajo en las encuestas a principios de año, desde que abrazó la causa antiinmigrante su popularidad ha aumentado de manera meteórica y se descarta su elección en noviembre de este año.
Brewer, nacida hace 66 años en California, no fue elegida gobernadora. Siendo Secretaria de Estado de Arizona, asumió el puesto en enero de 2009 cuando su antecesora, Janet Napolitano, aceptó el puesto de Secretaria de Seguridad Interna en Washington.
Al decir del periodista Luis Ortiz del semanario en español La Voz, de Phoenix, Brewer había transitado por varios puestos elegibles sin pena ni gloria, hasta que la SB 1070 le dio fama y popularidad en un estado conservador.
«La SB 1070 es como el sol, si te acercas te quema, pero Brewer la usó con habilidad», dijo la periodista Maritza Lizeth Félix, del semanario en español Prensa Hispana, también de Phoenix. «En Arizona vota apenas un 10 por ciento de los latinos».
Actualmente se están haciendo intensos esfuerzos en Arizona para registrar a más votantes latinos y motivar a los ya empadronados a que voten en las próximas elecciones.
Racismo y represión
Pero en realidad, antes del 29 de julio ya las fuerzas del orden en Arizona practicaban la SB 1070.
«Hace tres meses viajaba con un amigo por la carretera y nos detuvieron porque al vehículo no le funcionaba una luz. El policía nos pidió identificaciones y prueba de residencia», dijo David Dávila, de 35 años, residente en Phoenix. «Yo le dije que porqué si yo no conducía, pero él llamó a las autoridades migratorias y nos arrestó».
El calvario de Dávila había empezado a fines de 2009 cuando perdió su empleo de dibujante técnico en una empresa constructora de Phoenix debido a la crisis económica.
Dávila se negó a firmar deportación voluntaria, pagó una fianza y pronto deberá presentarse ante un juez de migración.
«Estuve un mes en la cárcel, no tengo ningún antecedente policial y hemos pagado nuestros impuestos puntualmente», comentó Dávila. Pero estos buenos antecedentes pudieran no ser suficientes para que el juez detenga la deportación y abra una puerta al proceso de legalización de él y su familia.
«La abogada no tiene muchas esperanzas, confiamos en que si el proceso se demora, en ese tiempo el gobierno federal apruebe una reforma migratoria», explica Dávila en su casa en un suburbio de la capital de Arizona.
Su familia lucha para mantenerse en pie.
«Cuido niños, hacemos comida para vender una vez por mes y hasta limpiamos casas», comenta su esposa, Corina Guerrero, de 33 años. «Así la vamos pasando».
La pareja se conoció en su estado natal de Durango, México, y llegó hace 13 años a Arizona. Ahora tienen dos hijos de 11 y 9 años. «Vinimos porque aquí había más oportunidades… Creo que ahora en México está peor, si nos tenemos que regresar no creo que será fácil para nosotros y menos para nuestros hijos que ni siquiera conocen México», explica Dávila.
Redadas
El bloqueo parcial de la ley SB 1070 no tiene resultados prácticos en el municipio de Maricopa, donde se asienta la capital del estado. Este es el territorio del Sheriff Joe Arpaio, campeón de la causa antiinmigrante. Como en el caso de Dávila, ya antes Arpaio y sus muchachos se dedicaban a combatir a los «criminales». Y después del 29 de julio, a pesar del bloqueo de esa cláusula, el popular sheriff declaró que ésto a él no le importaba y que seguiría «haciendo su trabajo».
Para Dávila, la SB 1070 es una ley racista y los arrestos masivos del alguacil continuarán. «Antes de que la gobernadora firmara la ley el 23 de abril de este año, mucha gente empezó a irse de Arizona a otros estados», dijo Dávila. «Incluso nosotros estamos contemplando esa posibilidad».
Migración interna
Miles de indocumentados están saliendo de Arizona hacia otras latitudes de Estados Unidos debido a la SB 1070. Esta migración también genera que muchos negocios cierren sus puertas.
«Si, mucha gente se está yendo del estado» dijo Bianca Medina, de 21 años, empleada de una tienda de abarrotes en el barrio latino de Phoenix. «Hay miedo, muchos no quieren ni salir a la calle. Ese sheriff se la pasa arrestando gente».
Según Medina, apenas entró en vigor la ley, Arpaio se presentó a una tienda de ventas de llantas para vehículos y arrestó a varios empleados sin documentación de residencia legal.
En México, según reportes de prensa, algunas autoridades estatales dicen no estar preparados para el caso de deportaciones masivas. Y cínicamente muestran su preocupación por el descenso de las remesas.
Según algunos estudios, existen unos 450.000 indocumentados en Arizona. En comparación, se cree que 1.5 millón de ellos viven en California. En el ámbito nacional, la cifra es de 11.5 millones de personas sin residencia legal.
La preocupación en estas comunidades es que otros estados ya han expresado interés de reproducir la ley de Arizona «a fin de presionar al gobierno de Obama a reformar la ley de migración».
Esta actitud es cínica ya que en el Congreso, quienes se oponen a dicha reforma son precisamente los republicanos —quienes impulsan leyes estatales estilo SB 1070. En este juego político también participan muchos demócratas, aunque digan lo contrario.
Una cosa sí es segura: en 2010 ya no se discutirá esa posible reforma, ya que ningún congresista quiere arriesgarse en un año electoral.
Y a pesar de la polarización social, la ciudadanía es más flexible.
En una reciente encuesta realizada en Arizona por el periódico Arizona Republic, si bien la mayoría de la población aprueba la ley SB 1070, un porcentaje aún mayor quiere que los indocumentados regularicen su situación: el 55 por ciento apoya la ley, mientras que el 62 por ciento favorece una legalización. Casi la mitad de los encuestados reconocen que la ley discriminará contra los latinos. En 2005, una encuesta similar del mismo diario arrojó casi los mismos resultados.
Gobierno dividido
No todos los funcionarios de Arizona apoyan la nueva ley. Entre los más reconocidos opositores a la misma figuran el procurador de justicia, Terry Goddard, quien se enfrentará a Brewer en las elecciones de noviembre para decidir quien será el futuro gobernador del estado, y Phil Gordon, alcalde de Phoenix y «enemigo #1» de Arpaio que pidió una investigación federal contra el Sheriff de Maricopa.
«Es hora de dejar ésto atrás y tratar de reparar los daños». Dijo Gordon, de 59 años, en entrevista realizada el 30 de julio en su elegante oficina en el centro de la ciudad que él contribuyó a modernizar y que actualmente alberga a 1.8 millones de almas, de las cuales de 36 a 39 por ciento son latinas. «Espero que el gobierno federal reforme la ley de migración, sino esto seguirá».
Pero Gordon favorece un refuerzo de la seguridad fronteriza con México, una de las demandas de los radicales de derecha que quieren «sellarla». «Tenemos que unirnos todos, menos los extremistas, para impulsar la seguridad de la frontera y no permitir que más mano de obra barata siga viniendo desde México», comentó.
Gordon reconoció que el boicot declarado contra Arizona por parte de organizaciones, empresas y gobiernos estatales de Estados Unidos y del extranjero está afectando a su estado. «Sí nos está afectando, pero confío en que ahora [que las partes más controversiales de la ley fueron bloqueadas] el boicot quede sin efecto», dijo. «Y que muchos de los que querían irse de Arizona recapaciten».
También recalcó que, a pesar de la campaña de temor desatada por los conservadores, Arizona es un lugar seguro para vivir. Su comentario está respaldado por datos oficiales: según el FBI, dos ciudades fronterizas de Arizona figuran entre las más seguras del país. Por su parte, las autoridades migratorias dieron a conocer datos en los cuales se demuestra que los indocumentados están llegando en menor cantidad a EE.UU.
A Gordon le quedan menos de dos años en el gobierno citadino y aseguró que no tiene otras ambiciones políticas.
El futuro
Este año electoral es improbable que los congresistas discutan cualquier propuesta de reforma migratoria. Asimismo, debido al clima antiinmigrante actual, cualquier propuesta en este sentido no será muy generosa. Habrá muchas restricciones y millones quedarían fuera del proceso de legalización.
Después de las marchas pro inmigrante de los años 2006 y 2007, el liderazgo de esta causa quedó en manos de organizaciones hispanas ya existentes que pudieron capitalizar esa energía gracias a su experiencia en negociar con Washington. Estas organizaciones tienen su sede en la capital del país, son lideradas no por inmigrantes sino por latinos de segunda o tercera generación y que en su mayoría desconoce la realidad de la clase trabajadora.
Reciben dinero de fundaciones y otras fuentes oficiales para movilizar a los inmigrantes a favor de posibles reformas propuestas por los Demócratas, pero estas no se concretaron hasta ahora —la última intentona fue en marzo y abril de este año.
También proponen enmiendas a la ley pero aceptan el lenguaje de los conservadores, como la militarización de la frontera con México, duras pruebas y multas para quienes puedan legalizarse y un sistema de trabajadores temporales (ampliación del programa de visas H2A).
La excusa es que esto facilitaría la aprobación de una reforma migratoria y toda reivindicación de un programa de legalización más amplio significaría la oposición de los Republicanos y, por lo tanto, no podría ser aprobada.
Los inmigrantes están organizados en agrupaciones pequeñas, divididas entre sí y carecen de recursos materiales en comparación con las organizaciones nacionales en cuyas manos quedó el liderazgo de la causa migratoria.
Si al menos todas estas pequeñas organizaciones pudieran gritar al mismo tiempo, quizá el vaso se rompa.
