El nuevo Director de la Oficina federal del Censo, Robert M. Groves, declaró recientemente que no usará muestras estadísticas (sampling) en el conteo programado para 2010, argumentando que prefiere depender de resultados netamente científicos y también evitar la politización de este proceso que tiene lugar cada diez años.
Groves, un investigador de larga carrera en el campo de sondeos de opinión pública en la Universidad de Michigan, había expresado hasta hace poco su preocupación por la reducción que los métodos del censo causan en el número total de personas contadas que pertenecen a grupos difíciles de detectar, típicamente minorías que viven en áreas de alta densidad.
Al eliminar el uso de la muestra estadística -contrapuesto con el conteo directo- como método del Censo de 2010, Groves contradice claramente sus postulados previos. Si su nueva posición se pone en efecto, afectará inevitablemente a las comunidades hispanas.
Hasta ahora, el muestreo estadístico se había utilizado como complemento a la información censal, para lograr una mejor aproximación del número de personas pertenecientes a diversos grupos demográficos. Pero el debate sobre su exactitud ha llevado a sus opositores al argumento que distorsiona los números reales. La importancia de los métodos utilizados por el Censo radica en que éstos tienen implicaciones regulatorias y políticas muy significativas.
Como sabemos, el censo se aplica cada 10 años con el fin de registrar individuo-por-individuo a la población de Estados Unidos, para obtener el número total de quienes aquí viven, y toma en cuenta tanto a ciudadanos como a no ciudadanos.
El conflicto radica en que el conteo exacto de cada una de las personas que viven en este país es difícil de verificar y comunidades enteras, muy específicas, quedan fuera del cálculo final. El ejemplo más visible es el Censo de 1990, que dejó fuera a aproximadamente ocho millones de personas, en su mayoría inmigrantes y minorías urbanas.
La crisis económica ha provocado el desplazamiento de residentes difíciles de localizar, agravando el problema de la detección de las comunidades «invisibles».
Además, los inmigrantes recién llegados o indocumentados frecuentemente se rehúsan a responder preguntas en encuestas de gobierno. Su temor es comprensible, especialmente en una sociedad posterior a 9/11, donde la percepción de que «todos son sospechosos», especialmente los inmigrantes, presume el uso potencial de los datos personales obtenidos mediante encuestas. En consecuencia, el abstencionismo de los inmigrantes indocumentados en el censo a realizarse en abril de 2010, es una posibilidad tangible.
Las razones políticas
En 1999, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos decretó que el conteo representativo no podía ser usado para decidir la distribución de escaños en el Congreso. La redistribución de las curules se basa desde entonces estrictamente en el conteo directo –actualmente es un congresista por cada 675 mil habitantes– y es así como un estado gana o pierde representación.
Obviamente, la representación política estatal entre más grande, es más poderosa. En la continua confrontación entre republicanos y demócratas en este país, estos son los números decisivos. Todo esto explica por qué el debate sobre si incorporar los muestreos estadísticos a los métodos del censo o quedarse con el conteo uno por uno es tan crucial.
Por otra parte, los resultados del censo también determinan la delineación de los distritos locales –para elecciones legislativas estatales o los gobiernos condales, por ejemplo– así como la cantidad de dólares que el gobierno federal destina a una ciudad o estado.
En ese sentido, durante mucho tiempo se ha argumentado que la valoración inexacta o reducida de minorías y de residentes que viven en condiciones de pobreza impide que suficientes fondos federales lleguen a las comunidades marginadas.
Funcionarios de la Oficina del Censo han reconocido en el pasado que alrededor de un 14 por ciento de la población total de EE.UU. está en riesgo de no ser contada en 2010. Todo lo anterior corrobora la importancia de llegar a una reforma migratoria antes de que finalice 2009, la que sacaría de las sombras a 12 millones de inmigrantes y además elevaría la cantidad de recursos federales destinados a las comunidades donde éstos ya son parte importante de la fuerza de trabajo.
