Tuvo lugar un sábado 15 de septiembre de 1821. Ese día se firmó el Acta de Independencia política por parte de los próceres de la emancipación de la Capitanía General de Guatemala. Con ello se terminaban los nexos políticos directos con España, ganándose autonomía en la toma de decisiones de lo que hoy es Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
En el desarrollo de estos 200 años, las condicionantes y dinámica del desenvolvimiento económico, social, político y cultural de los diferentes países en los cuales se dividió la naciente república permite identificar patrones que son similares a otras naciones latinoamericanas. Hasta ese momento, la Capitanía General de Guatemala también incluía los territorios de Chiapas y Soconusco, hoy pertenecientes a México.
Un primer rasgo del acto independentista, como numerosas investigaciones lo han evidenciado, fue el hecho de que la pugna que desembocaría en el acto del 15 de septiembre se originaba en los problemas entre criollos y peninsulares. Los primeros eran hijos de españoles “con pureza de sangre”, nacidos en el continente americano. Los peninsulares dejaban para sí, privilegios y prebendas; en general se manifestaban superiores por el hecho de haber nacido en España.
Este primer indicador, de que la independencia fue fruto de esas fricciones entre criollos y peninsulares, va a marcar el origen de lo que, a partir de 1839, fue la división política en las repúblicas centroamericanas como ahora las conocemos. Los grupos sociales integrados por mestizos, zambos, mulatos, indígenas, afroamericanos, no vieron prácticamente afectadas sus condiciones de vida.
Por otra parte, es de notar que fue en la Ciudad de Guatemala donde se firma el Acta de Independencia. Esta era la ciudad donde se ubicaban las autoridades de la Capitanía. Fue allí en lo que ahora es la esquina sur-oriente del Parque Centenario -6ª. avenida y 8ª. calle zona 1- donde se firmó el histórico documento. Como era de esperarse, fue en Guatemala donde también se desarrollaron muchas de las confabulaciones del movimiento libertario.
Con la firma del Acta de Independencia se dirimieron -al menos coyunturalmente-las polémicas entre los grupos de criollos más conservadores -encabezados por José Cecilio del Valle, quien redactó el Acta- y los criollos más liberales -por ejemplo, el médico Pedro Molina, José Francisco Barrundia y el sacerdote salvadoreño José Matías Delgado.
Los personajes que luchaban por la independencia iniciaron sus esfuerzos mucho antes de 1821. Debieron de enfrentar la implacable represión política -incluyendo ejecuciones “mediante muerte a garrote u horca”- ejercida por el Capitán General José Bustamante y Guerra, apoyado por el Arzobispo Ramón Casaus y Torres.
Los años de poder de Bustamante, de 1810 a 1817 fueron de intensa persecución para los liberales. España ejercía un férreo control en la Capitanía, incluyendo en ello el “orden” en amplias zonas de población indígena en especial en el centro, occidente y norte bajo del territorio, es decir con cobertura para grupos quichés, mames, kekchíes y cackchiqueles.
La firma del Acta de Independencia culminaba esfuerzos pre-independentistas que se habían desarrollado en varias regiones, los que incluyeron: (i) levantamiento del 5 de noviembre de 1811 en la Provincia de El Salvador, encabezados por José Matías Delgado y Nicolás Aguilar; (ii) las Conjuras de Belén, en Ciudad de Guatemala, de 1813 a 1819; (iii) el levantamiento indígena de Totonicapán, Guatemala, en 1820, encabezado por Atanasio Tzul y Lucas Aguilar, insurrección que duró 20 días a partir del 12 de julio y fue cruentamente sofocada con soldados de regiones aledañas -San Carlos Sija, Quetzaltenango y Salcajá.
Los criollos eran discriminados por varias causas, entre ellas el hecho de que sólo podían llegar a ocupar, como máximo, cargos de mediana jerarquía en las instituciones reales de la Capitanía. Los sectores más poderosos se ubicaban en Guatemala, dado que en este territorio se constituyeron las bases de la economía mediante el reparto de tierras y población indígena para que las trabajara.
En relación con esto último, se tuvo el papel de las disposiciones reales tales como los Repartimientos, la Mita y las Encomiendas. De esa manera se aseguraba la dotación de trabajo cuasi-esclavo para las haciendas. Véase cómo este modelo empresarial produce en función de grandes extensiones ya sea de ganado o productos vegetales, disminuyendo costos mediante mano de obra barata. A partir de allí se evidencia en general, el descuido del mercado interno atendiéndose prioritariamente el sector de las exportaciones.
La firma del Acta de Independencia se precipitó también, por los temores en cuanto a que fuerzas de raigambre popular pudiesen tener un protagonismo decisivo. A este respecto, es muy claro el primer enunciado de la histórica Acta: “Artículo Primero. Que siendo la Independencia del gobierno español la voluntad general del pueblo de Guatemala, y sin perjuicio de lo que determine sobre ella el Congreso que debe formarse, el señor jefe político la mande publicar, para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo”.
Obviamente, otro factor de fricción eran los impuestos que se pagaban en la Capitanía. No obstante la firma de la independencia de España, hubo pocas alteraciones en el grupo de poder. De hecho, el primer presidente fue quien ejercía de Capitán General: Gabino Gainza. Con el tiempo vendría otra independencia, la que se firmaría el 1 de julio de 1823, dando por concluida la anexión a México que había iniciado el 5 de enero de 1822.
La integración original de lo que llegaron a ser las Provincias Unidas y la República Federal de Centro América, se disolvió durante el período del 30 de abril de 1838 al 17 de abril de 1839. Con ello se dio lugar a la formación de las actuales repúblicas del istmo centroamericano.
Giovanni E. Reyes Ortiz, Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard. Profesor Titular, Escuela de Administración de la Universidad del Rosario. El contenido de este artículo es de entera responsabilidad del autor, por lo que no compromete a entidad o institución alguna.
