Reformar nuestro obsoleto sistema de inmigración es un asunto de derechos humanos y laborales que no puede esperar más. Nuestra nación necesita un camino claro y factible hacia la residencia legal para los millones de trabajadores indocumentados y sus familias.
La pre-propuesta de reforma migratoria, presentada por los senadores Chuck Schumer (D-Nueva York) y Lindsey Graham (R-Carolina del Sur), contiene aspectos preocupantes, tales como:
* aumento de la militarización de la frontera con México
* tarjeta biométrica de seguro social
* sanciones a quienes contraten indocumentados
*programa de trabajadores temporales
* muy estrictas condiciones de legalización que dejarán afuera a millones de inmigrantes.
Respecto al aumento de la seguridad fronteriza, añadir más agentes de la Patrulla Fronteriza y sistemas de vigilancia de alta tecnología para asegurar la frontera no han detenido la inmigración ni ha garantizado una mayor seguridad nacional.
Las trágicas muertes de al menos 6.000 inmigrantes al intentar cruzar la frontera desde mediados de los años 90 son un cruel recordatorio de que las políticas de control fronterizo sólo han perpetuado el sufrimiento de quienes buscan un mejor futuro para sus familias por medio del trabajo.
Además, el costo económico de estas medidas en las actuales condiciones socioeconómicas significará un importante desvío de recursos que podría utilizarse en la educación de nuestros niños o el cuidado de nuestros ancianos.
El llamado , “camino a la legalización”, de acuerdo con lo expresado por los senadores Shumer y Graham, será tortuoso, ya que se anticipan condiciones que dejarían a millones de personas afuera.
Por ejemplo, es posible que se obligue a los indocumentados a declararse “culpables”, por lo que deberán pagar fuertes multas —recordar que en la propuesta de ley llamada Kennedy-McCain, de 2007, se consideraban multas de $10.000 dólares.
Más aún: todo solicitante deberá esperar en la línea para regularizar su estatus migratorio, lo que significa una espera de al menos 15 años para obtener la residencia. Mientras tanto, los inmigrantes deberán trabajar, pagar impuestos pero no disfrutarán de servicios reservados a los ciudadanos. Esto equivale a crear una subclase de ciudadanos y aumentar la marginación social y laboral, además de poner a los trabajadores a competir entre sí.
Con base en consultas comunitarias, el Comité de Servicios de los Amigos Americanos, (AFSC, por sus siglas en inglés) ha sintetizado en el documento «Un nuevo camino hacia una política de inmigración humana».
Estos siete principios son:
* Crear justicia en base políticas económicas humanas
* Proteger los derechos laborales de todos los trabajadores
* Desarrollar un programa destinado a legalizar a millones de inmigrantes
* Respetar los derechos civiles y humanos de los inmigrantes
* Desmilitarizar la frontera México-EE.UU.
* Hacer de la reunificación familiar la principal prioridad y
* Asegurar que los inmigrantes y refugiados tengan acceso a los servicios.
Para más detalles sobre estos principios, visite www.afsc.org.
La migración es un fenómeno mundial donde millones de personas viajan a otras regiones del planeta en busca de trabajo o de mejores condiciones laborales. Es imposible pensar que los gobiernos no entiendan esta situación. Su negativa a modificar sistemas socioeconómicos de desigualdad equivale a mantener y reproducir las condiciones que generan la migración.
Como nación, deberíamos oponernos a los intentos de hacer depender el futuro de millones de familias a un sistema de explotación laboral y desigualdad económica como el propuesto por los senadores Schumer y Graham.
En su lugar, se deberían respetar los derechos humanos y laborales y la dignidad de los inmigrantes a través de políticas migratorias humanas y justas, sumado a esfuerzos por impulsar el desarrollo de sociedades expulsoras de migrantes.
